Tal vez pocos lo recuerdan ya, pero esta semana se cumplieron 11 años de la decisión política que condujo a reubicar el tianguis que se celebraba cada viernes en las inmediaciones del Mercado Benito Juárez, a retirar el comercio informal que se instalaba de manera copiosa en los entornos de dicho mercado y de la Central Camionera de la Ciudad de Toluca. En aquel momento se dijo que era una decisión tomada con firmeza para regularizar la actividad comercial, terminar con los problemas de vialidad y de inseguridad pública que se habían generado y que no se permitiría, de ninguna manera, que hubiera vuelta atrás.
Ha transcurrido más de una década, pues, y esta misma semana la Asociación de Comerciantes del Mercado Benito Juárez hizo un llamado público al Ayuntamiento de Toluca para frenar el creciente número de vendedores ambulantes que -dijeron- se constituyen en una competencia desleal para sus negocios. Detallaron que "hace veinte días llevamos el oficio al Ayuntamiento de Toluca y aún no nos han dado respuesta alguna".
No es nuevo decir que para la actual administración municipal de Toluca el problema del comercio ambulante se ha convertido en un problema creciente, incluso -pareciera- fuera de control. Ya en otras ocasiones hemos mencionado en este mismo espacio las dimensiones del fenómeno de la economía informal: de acuerdo con las cifras del INEGI, 57.8% de toda la población que trabaja en este país lo hace en el sector informal y, en su conjunto, generan 23.7% de toda la riqueza que se produce en el país (PIB). Al desglosar estas cifras resalta el hecho de que 1 de cada 3 personas que trabajan en la economía informal son comerciantes. De ese tamaño es el problema del comercio informal en México.
Tampoco resulta inédito señalar que la tendencia al alza de la economía informal está relacionada con las modificaciones en el mundo laboral, que empujan a los trabajadores a una precariedad insufrible; con el modelo económico nacional, que produce migrantes, proletariza y separa a la gente de los medios de producción de manera creciente; con la ausencia del Estado para gobernar las ciudades y otra serie de factores que se han agudizado en las últimas dos o tres décadas.
Pero hoy quisiera retomar una arista del asunto que también ayuda a entender por qué razón el comercio informal no debe verse sólo como una cuestión técnica, consistente en que las calles y banquetas estén libres de personas que comercian cosas; y que no se trata de mandar dos o tres inspectores y unas patrullas a quitarle sus raspados al señor de la esquina; más bien el asunto conduce a lo dicho por Enrique Ghersi, un reconocido investigador peruano: el costo de la legalidad.
El señor Ghersi colaboró en la producción de un libro que, a finales de los años 80, fue un hito importante en el estudio del sector informal, El otro sendero. A partir de su estudio de la informalidad el mencionado autor dice haber llegado a la cuenta de que "el costo de la legalidad conduce a su ineficiencia por discriminar a la mayoría de la población y favorecer el rentismo, lo que a la postre provoca su falta de vigencia social". Esto no quiere decir otra cosa que, por más que la autoridad instituida promulgue reglamentos y disposiciones jurídico administrativas para casi todo, las mismas no se convertirán en ley sencillamente porque no cumplen su objetivo esencial de abaratar los costos de las transacciones que la gente realiza para sobrevivir.
Ghersi lo explica de esta manera: "Dado el carácter instrumental de la ley, ésta no es más que mecanismo de información por el cual los individuos pueden advertir la cantidad de recursos que les representaría gozar de la protección del Estado para el desarrollo de su actividad. Por consiguiente, como la gente tiende por naturaleza a hacer lo más barato y evitar lo más caro, el cumplimiento de la ley está sujeto a que ella tenga menores costos que beneficios". Y agrega: "las personas todo el tiempo evalúan lo que la autoridad dispone, pero terminan decidiendo qué hacer en función de sus propios objetivos y no los del Estado ni mucho menos los de las autoridades".
Entonces, si nos preguntamos en serio por qué la gente actúa económicamente al margen de los ordenamientos jurídicos, es preciso tener en cuenta dos cosas: primero que las normas estipulan las consecuencias jurídicas para un hecho, como puede ser el vender en la calle sin ningún permiso, o sea proporciona información a tener en cuenta al momento de decidir si pone uno su puesto de donas frente a la Terminal. El Bando de Policía y Buen Gobierno expedido por el Ayuntamiento le está diciendo a ese "donero" qué requisitos debe cumplir si desea ser comerciante y, a cambio, con qué protección contará, que impuestos debe pagar y a qué consecuencias ha de atenerse si se aparta de esas disposiciones. En suma, revela cuál es el costo que se debe sufragar si es que desea disfrutar de la legalidad y cuál es su beneficio. El vendedor de donas hace sus cuentas y dice: no, pues es más barato, ponerme sólo una mesa aquí y, si viene el policía o el inspector, le doy su mordida y listo.
Y la segunda cosa a tomar en cuenta es que, si la gente no siente que la autoridad le provea seguridad, garantías o beneficios por hacer todo dentro de los reglamentos, y además aprecia una descarada impunidad, que desde el presidente de la República hasta el último regidor se corrompen, enriquecen y "no pasa nada"; entonces campea la convicción de que estar dentro de la ley no es negocio, las ganancias están justo al margen de la norma.
Por eso Ghersi nos insiste: "debe entenderse que la existencia de una legalidad excesivamente onerosa no necesariamente supone que las actividades dejen de llevarse a cabo, sino que se trasladan de un mercado a otro: de la formalidad a la informalidad". Así, podrán seguir pasando los años y la informalidad seguirá creciendo en torno del Mercado Juárez, en el centro de la Ciudad o donde me digan, porque la ley y las autoridades carecen de legitimidad para ordenar la actividad comercial "abaratando" las transacciones que la gente hace para sobrevivir.
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