La reforma constitucional que permitiría un incremento “de a deveras” al salario mínimo parece avanzar, pues ya más de una docena de Congresos locales la han aprobado (incluyendo al congreso mexiquense). Sin embargo, el que se apruebe esa modificación a la Carta Magna sólo garantiza que el salario mínimo ya no sea tomado como regla de medición en materia de multas, infracciones o sanciones penales; de eso a que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decida establecer un incremento con criterios distintos a los de siempre hay una gran diferencia.
Es decir, la reforma sólo genera las condiciones para que sean otros los criterios para fijar el monto del salario mínimo, mas no representa por sí misma ese incremento. El Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, ya ha advertido que no se podrá para el próximo año 2016 incrementar los salarios lo suficiente como para iniciar la recuperación de su poder adquisitivo; dice que habrá que seguir esperando.
Como sabemos, hoy el trabajador mexicano que percibe el salario mínimo es el peor pagado de todo América Latina y, según la OCDE, unos 7 millones de trabajadores mexicanos no reciben un salario que les alcance para comer lo mínimo indispensable (según los criterios del CONEVAL); y hay más de 23 millones de mexicanos a quienes no les alcanza su salario para adquirir lo que la se define como “canasta básica ampliada”, que considera aparte de los alimentos la compra de ropa, calzado, vivienda, transporte y educación.
Los problemas de mala nutrición, desde luego después significan mayores gastos en el sistema de salud; los de vivienda, nos revientan en la cara en forma de invasiones, hacinamiento, cinturones de miseria y crecimiento desordenado en las zonas urbanas; las dificultades para la adquisición de ropa, calzado y transporte casi son invisibles, pues parece no haber consecuencia social alguna si alguien no se ha comprado zapatos o un pantalón nuevo en varios años, pero están creciendo silenciosamente en forma de endeudamiento de la población, lo cual podría tener repercusiones a escala macroeconómica y en la estabilidad financiera del país. Y por lo que hace al problema de no tener acceso a la educación por falta de dinero, es ya un problema serio, según advirtió esta misma semana el Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán: dijo que entre quienes tienen posibilidad de estudiar el bachillerato sólo un 37% proviene de los cuatro primeros deciles de ingreso a nivel nacional, o sea –explica- de las familias que tienen un ingreso mensual menor a 6 mil pesos. Eso quiere decir que los más pobres sólo por suerte podrán ir más allá de la primaria o la secundaria.
El salario mínimo que los más optimistas proponen como “gran meta” que empiece a recuperar el terreno perdido por éste en los últimos 30 años sería de 86 pesos con 33 centavos diarios. Pero, ¿sabe qué?, eso daría un ingreso mensual de 2,676 pesos; en otras palabras, seguiría siendo insuficiente para la canasta básica ampliada, seguiría alcanzando sólo para mal comer, en tanto que los problemas sociales ya referidos seguirán creciendo irremediablemente. ¿Habrá alguien en el gobierno federal que esté tomando esto en serio?
Síguenos