Colectivos de familiares de personas desaparecidas de la Ciudad de México y el Estado de México escalaron la presión sobre autoridades para impedir que los restos localizados en las lagunas de La Habana, en los límites de Tláhuac y Chalco, sean catalogados como arqueológicos sin un análisis forense completo, tras documentar mil 76 fragmentos óseos recuperados en jornadas de búsqueda.
Solicitan se apliquen estándares internacionales
La exigencia se formalizó en conferencia de prensa y en un oficio entregado al Gabinete de Búsqueda, donde las organizaciones solicitaron que el sitio sea procesado bajo estándares internacionales de identificación, al considerar que una clasificación preliminar basada en apreciación visual vulnera el derecho a la verdad y a la identidad.
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Documentan hallazgos diarios
El registro de hallazgos fue documentado día a día por las propias familias:
- Martes 7: 49 restos.
- Miércoles 8: 29 restos.
- Jueves 9: 51 restos.
- Viernes 10: 90 restos.
- Sábado 11: 106 restos.
- Lunes 13: 132 restos.
- Martes 14: 149 restos.
- Miércoles 15: 215 restos.
- Jueves 16: 255 restos
La secuencia evidencia un incremento sostenido conforme avanzaron las jornadas, con mayor concentración hacia los últimos días, lo que llevó a ampliar la intervención más allá del plan inicial de cuatro días y a mantener las búsquedas sin fecha de cierre.
Deben buscar restos actuales
Las familias sostienen que el contexto del sitio no puede reducirse a su pasado prehispánico. Señalan que se trata de una zona limítrofe con alta incidencia delictiva, identificada como punto de disputa entre grupos criminales y con antecedentes recientes de localización de cuerpos, lo que, a su juicio, refuerza la hipótesis de un uso contemporáneo del área.
Entre los indicios que consideran clave está la presencia de prendas de vestir asociadas a los restos, elemento que, afirman, desvirtúa cualquier intento de clasificarlos de manera general como vestigios históricos sin peritajes especializados.
Hay opacidad en las búsquedas
Las críticas se dirigieron también al manejo institucional. Los colectivos denunciaron opacidad, irregularidades graves y falta de metodología técnica en el procesamiento de los fragmentos, incluyendo prácticas que podrían romper la cadena de custodia, como la agrupación de restos sin criterios forenses claros.
A ello se suma la falta de personal especializado. Señalaron insuficiencia de peritos, arqueólogos y antropólogos por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda, lo que, advierten, limita la capacidad de análisis y resguardo adecuado.
El pliego de exigencias incluye la ampliación inmediata de recursos humanos y técnicos, la continuidad ininterrumpida de las búsquedas hasta procesar completamente el sitio, la implementación de protocolos que garanticen identificación digna y eviten la revictimización, medidas de seguridad para las familias en campo y la instalación de una mesa de seguimiento con información transparente y constante.
El caso se inserta en un patrón previo en la zona, donde desde 2025 se han reportado hallazgos, lo que para los colectivos apunta a una recurrencia no atendida de forma estructural.
En ese contexto, la disputa dejó de centrarse en el hallazgo para trasladarse al tratamiento de la evidencia, con una exigencia central que resume la postura de las familias: que ningún resto sea descartado sin antes agotar todas las vías científicas que permitan confirmar o descartar su vínculo con personas desaparecidas.
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