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En 20 años se han hecho 134 cambios al Código Penal mexiquense

Las modificaciones están relacionadas al reconocimiento de los altos niveles de inseguridad y delincuencia

A lo largo de la actual Legislatura mexiquense, el Código Penal se ha convertido en el ordenamiento más recurrente en la lista de iniciativas presentadas por los legisladores locales, quienes han pedido crear nuevas figuras delictivas y, sobre todo, endurecer las penas para tratar de inhibir las conductas ilícitas en la entidad.

Aunque no todas se han aprobado, en prácticamente 22 meses de trabajo los legisladores han presentado unas 53 iniciativas de ley que involucran al menos 70 artículos de este ordenamiento integrado por 355 artículos cuya última versión entró en vigor a finales de marzo del año 2000.

En 20 años y cuatro meses de vida este Código ya ha tenido 134 decretos por reformar, adiciones, abrogaciones o reconocimiento de la inconstitucionalidad de alguno de sus apartados. En cada acuerdo se han modificado uno, 10 o hasta más artículos, en su inmensa mayoría propuestos por los últimos tres titulares de los Ejecutivos estatales.

Las iniciativas están relacionadas al reconocimiento de los altos niveles de inseguridad y delincuencia, y en su mayoría, buscan agravar penas o sancionar nuevas conductas.

Sin embargo organizaciones civiles han advertido que agravar las penas no soluciona el problema de la inseguridad, y pese a que el Estado de México tiene algunas de las sanciones más altas para varios delitos, también registra altos niveles delictivos, como en el tema de feminicidios.

Uno de los principales problemas es la impunidad, pues se castiga una mínima parte de los delitos que se cometen.

Las últimas propuestas

En esta Legislatura prácticamente no hay sesión en la cual no se presente alguna propuesta para reformar el Código Penal: tan sólo el pasado martes 22, en la sesión de la Diputación Permanente, se plantearon tres iniciativas de Ley en las cuales se contempla castigar penalmente las terapias de conversión sexual, el grooming y aumentar las sanciones para el llamado sexting, además de castigar con más rigor el maltrato familiar durante el confinamiento.

En los argumentos para buscar reformas los proponentes coinciden en el incremento de varias conductas delictivas y el surgimiento de nuevas acciones que lastiman a la población, sobre todo con el crecimiento de la tecnología y el uso de las redes sociales.

Algunos han señalado que estas fueron demandas que les hizo la gente cuando estuvieron en campaña.

En Nezahualcóyotl, por ejemplo, donde se dan muchos “cristalazos” y los responsables salen en libertad bajo fianza, ciudadanos pidieron a los diputados impedir que los delincuentes siguieran robando, por lo cual se hicieron reformas para considerar esa conducta como delito grave.

La necesidad de castigar las conversiones sexuales surgió de una demanda de la comunidad LGBTTTI, porque cada vez se hacen más frecuentes las terapias que abarcan desde golpes, medicación, abstinencia sexual, privación ilegal de la libertad, electrochoques, sesiones de terapia psicológica, negación de alimentos, amenazas, los castigos físicos, abuso emocional o psicológico, hasta violaciones multitudinarias.

Aunque han sido muchas las propuestas, algunas han precluído, otras se han presentado más de una ocasión como la necesidad de penalizar la retención de cuotas del ISSEMyM que presentó el diputado Gerardo Ulloa de Morena y luego lo hizo también Edgar Olvera del PAN.

En otros casos se han conjuntado por las coincidencias que tienen, como ocurre con el tema de robo, violencia contra la mujer, niños y adultos mayores. Algunas no han logrado pasar, como la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, a pesar que tres bancadas la presentaron.

Hasta el momento sólo han entrado en vigor ocho decretos que reforman diversos artículos del Código Penal, propuestos por los actuales legisladores locales y siguen en estudio varias propuestas más, entre ellas la de castigar a violadores reincidentes con castración química, el permitir la justicia de propia mano cuando peligre la vida de un familiar, entre otras.

Prácticamente todos los grupos parlamentarios han presentado propuestas de carácter penal, pero sobre todo Morena, PRD y PAN, donde sus bancadas coinciden que una de las grandes preocupaciones sociales es el incremento de la delincuencia.

Las ocho reformas de esta Legislatura

El primer ajuste de esta Legislatura que entró en vigor fue para castigar las lesiones que se produzcan por cuestiones de género con penas de seis meses a dos años de prisión y de 40 a 60 años o prisión vitalicia en los llamados “crímenes de odio”.

A partir de septiembre pasado se castiga al servidor público que autorice el cambio de uso de suelo de un área natural protegida y se reconoce la figura de autor intelectual de la tala con penas de 12 a 20 años de prisión y la inhabilitación para volver a ser servidor público.

Ese mismo mes también se reconoció la violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, con penas de tres a siete años de cárcel, y hasta el doble si es en contra de un menor de 18 años o con alguna incapacidad para comprender la difusión de fotos íntimas.

En diciembre del 2019 entraron en vigor ajustes al artículo 290 para agravar el robo a transporte de pasajeros, turismo o escolar, con penas privativas de la libertad de 12 a 18 años y de uno a tres veces del valor de lo robado como multa.

Ese mismo mes también se estrenaron ajustes con el fin de aumentar hasta en una mitad la sanción a quien cometa maltrato animal si se trata de servidores públicos a cargo del manejo de animales.

En abril de este año entraron en vigor tres reformas: la primera para castigar como delito grave los “cristalazos”, el robo de auto partes y mercancía, aumentando la pena en una mitad cuando alguien esté a bordo, la segunda para imponer de ocho a 20 años el robo de motocicletas, y la tercera para imponer de cinco a 10 años y de uno a tres veces lo robado a unidades económicas.

Datos

  • En esta Legislatura se han presentado 53 iniciativas de ley que involucran al menos 70 artículos y se han concretado ocho.
  • En 20 años se han emitido 134 decretos, entre reformas, abrogaciones, adiciones y reconocimientos de inconstitucionalidad.