El abogado, académico y activista de origen italiano, Ugo Mattei, encabezó en su país el movimiento ciudadano contra la privatización del agua. Este movimiento creció con tal fuerza que logró reunir alrededor de 1.6 millones de firmas de apoyo para llevarlas al parlamento italiano y así derogar la ley que privatizaba el agua.
El lema de este movimiento es "el agua es un bien común", y los argumentos de defensa se basan a grandes rasgos en sostener que si alguien vende el líquido más preciado del planeta, seremos esclavizados; es decir, el agua no puede ser privatizada por ser un derecho fundamental y parte de un bien de uso común. Los seres humanos estamos compuestos de alrededor del 80 por ciento de agua, y por ende una persona no puede vivir más de 3 días sin este líquido, por ello quien tenga el poder económico logrará esclavizar y someter a un pueblo.
El movimiento ciudadano italiano se convierte en un referente a nivel internacional y en una esperanza para realizar algo en México.
En nuestro país, la Coordinadora Nacional “Agua para todos” comenzó a construir desde el año 2012, una iniciativa ciudadana de Ley General del Agua, iniciativa apoyada por 16 universidades, organizaciones civiles, sociales y ejidales, sindicatos, comunidades, entre otras.
Para el mes de octubre de este año, se habían reunido alrededor de 90 mil firmas, siendo 104 mil las requeridas por nuestras normas para presentar una iniciativa ciudadana.
Es importante conocer que ya existe una iniciativa de ley en discusión, la cual deja en su totalidad el control del agua a CONAGUA, donde también se propone un modelo con esencia privatizadora.
Una vez que la iniciativa ciudadana se encuentre formalmente presentada en el Congreso Federal, se tendrá que abrir un debate mediante el cual se contemplen diversos argumentos, pero sobre todo, ello se prestará a escuchar voces importantes como la de Ugo Mattei, que puede ser un referente importante para ayudarnos a preservar nuestro derecho humano al agua consagrado en la resolución 64/292 de fecha 28 de julio del 2010 por la Asamblea General de la ONU.
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