En las últimas semanas han marcado en varias ocasiones al teléfono de mi casa para aplicar encuestas. Una grabación me interpela desde el auricular para que exprese, ya sea una opinión o una potencial acción en los siguientes meses. Se nota que las casas encuestadoras y los despachos de asesoría político-electoral están trabajando como pocas actividades económicas en estos tiempos de emergencia sanitaria.
Las encuestas en las que me han pedido participar me han preguntado mi opinión sobre el Presidente de la República, sobre el Alcalde y me han pedido externar en qué sentido sería mi voto si hoy fueran las elecciones para presidentes municipales (mismas que tendrán verificativo en cosa de 7 u 8 meses). Debo comentar que, en las distintas encuestas en las que se me han presentado opciones para decidir por quién votaría, manejan nombres distintos de potenciales candidatos. Tengo la impresión de que quienes están pagando estos ejercicios de recolección de datos vía telefónica no son los partidos políticos sino los posibles candidatos.
Tanto las teorizaciones acerca de la opinión pública como los estudios del comportamiento electoral, en su mayoría suponen una igualdad o linealidad en la relación entre opinión y voto
De un tiempo a la fecha se ha convertido en un principio que rige las estrategias político-electorales el equiparar opinión pública con acción política. Con mucha frecuencia se asume que los ciudadanos votan igual a como opinan. Tanto las teorizaciones acerca de la opinión pública como los estudios del comportamiento electoral, en su mayoría suponen una igualdad o linealidad en la relación entre opinión y voto. Esto está relacionado básicamente con el predominio de teorías que piensan en los individuos y no en los grupos sociales.
Así es, un enfoque individualista, producto de un énfasis en el ámbito psicosocial y del predominio de las encuestas de opinión, asume que lo que opine una persona está relacionado directamente con la forma en la que vota durante los procesos electorales. A partir de estos supuestos, los investigadores de opinión pública elaboran algunas hipótesis al respecto de los motivos, razones o principios mediante los cuales los individuos toman cierto tipo de decisiones. Y, por ello, quienes suspiran por algún cargo público se acercan a ellos pidiendo anticipar la conducta de los públicos y saber, con un relativo nivel de certeza, cómo se comportará el universo poblacional bajo estudio en el momento de la elección.
Con algunas encuestas bajo el brazo, que los posicionen como potenciales ganadores o como buenos contendientes en un proceso electoral, los suspirantes se ponen a operar al interior de los partidos políticos para hacerse de una candidatura. Estamos, pues, en medio de la operación de las maquinarias electorales que, en cuanto empiece el 2021 se harán mucho más visibles y estarán empezando a soltar a sus operadores políticos para ir a la captura de los votantes de cara a la revocación de alcaldías y diputaciones (locales y federales).
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En el discurso de la democracia y sus pre-supuestos el voto es entendido como al herramienta a través de la cual los ciudadanos emiten su juicio con respecto a la calidad, oportunidad, eficiencia y posibilidad de continuidad o cambio de un gobierno determinado. Pero en materia de estudios de opinión pública y tendencias electorales hay, al menos dos tipos de posturas en torno al comportamiento de la gente en temas políticos:
Está la mirada optimista, que asume que el ciudadano está bien informado y participa activamente del debate público sobre los asuntos de interés colectivo y, con base en ello, toma decisiones electorales, las cuales son racionales. Y, por el otro lado, está la actitud pesimista, que supone una falta de información entre los ciudadanos para poder dar una opinión racional de los temas políticos, y se inclinan a explicar el modo en que los ciudadanos traducen sus opiniones (irracionales) a partir de elementos determinísticos, tanto sociológicos como psicológicos.
Sea desde una perspectiva u otra, los consultores y encuestadores están en este momento volcados plenamente a la tarea de obtener elementos (datos, estadísticas, tendencias, números, pues…) que se conviertan en evidencia para que quienes toman decisiones políticas se inclinen por un candidato u otro. Esto equivale a la labor del cocinero que prepara el menú que luego ofrecerá al comensal. El menú siempre es limitado, es ya una selección de posibles platillos. El que quiere comer (o que se decida a votar en los próximos comicios) tendrá que elegir sobre lo ya acotado.
Quienes elaboran el menú político se interesan por el voto y entienden a este último correlacionado con determinantes sociales, disposiciones y afectos: opinión y voto son considerados equivalentes, así que en este momento están dados a la tarea de “medir” la opinión para trazar la estrategia (que comienza con la selección del candidato) a seguir. Los interesados en convertirse en candidatos son regularmente afectados por un problema de auto-centralidad: creen ser “platillo” adecuado para los potenciales electores, pero les hacen falta argumentos numéricos para que quien elabora el menú termine por colocarlo en él. Ese menú político es, a final de cuentas, la boleta electoral, una oferta acotada de opciones entre las cuales debe elegir el ciudadano.