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 Eruviel Ávila implicado en desvío de mil mdp

Toluca, México; 17 de octubre de 2019. – Por el presunto desvío de casi mil millones de pesos y por estar relacionado con diversos fraudes hipotecarios, integrantes del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna y de la organización Presunción de Inocencia exigieron el desafuero del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, actual senador de la república.

Hace más de nueve años, el fundador de ambas asociaciones, José Humbertus Pérez Espinoza, comenzó a sacar a la luz pública información  sobre un fraude inmobiliario que afectó a más de 10 millones de familias, que recibieron créditos hipotecarios sobrevaluados. Ese fue el motivo –aseguran sus seguidores- de que fuera detenido en noviembre de 2015 con pruebas falsas en su contra relacionados con el delito de robo con violencia.

De acuerdo a información publicada en Proceso, el día del plantón efectuado afuera del Senado, el mismo Pérez Espinoza declaró vía telefónica desde el penal de Chiconautla, donde se encuentra encarcelado,  que ya es tiempo de que Ávila Villegas, José Manzur, exsecretario general de Gobierno, así como Alejandro Gómez, fiscal general de Justicia mexiquense y Sergio Medina, presidente del Tribunal Superior de Justicia vayan a los tribunales.

Humbertus afirmó que dicho fraude también contó con el apoyo de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El abogado Pérez Espinoza también señaló  en esa oportunidad que esa estafa le costó al al país más de un billón 300 mil millones de pesos, que se obtuvieron del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

También se refirió a las campañas políticas de los expresidentes ya mencionados, así como de exgobernadores mexiquenses,  las cuales contaron con el financiamiento de las constructoras Urbi Desarrollos Urbanos, Homex, Geo, Ara; y de las hipotecarias Patrimonio, Su Casita, Ge Money, ING Hipotecaria y Metrofinanciera, entre otras.

El aEl abogado José Humbertus Pérez continúa en la cárcel acusado de un delito que no cometió

Por esa situación, consideró relevante que esos políticos sean investigados por el presunto desvío de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP). Afirmó que ese dinero, presuntamente, fue usado para “ocultar la ejecución extrajudicial de Tlatlaya y para fabricar cuatro carpetas de investigación en su contra [de Pérez Espinoza]”, en vez de ejercerse para implementar el sistema de justicia penal acusatorio en la entidad mexiquense, como se había planteado originalmente.

Cabe señalar que hace tres años y once meses, José Humbertus Pérez Espinoza fue privado de su libertad injustamente. El motivo: haber impuesto una demanda contra la empresa inmobilaria Urbi Desarrollos Urbanos, debido a que las casas de unos complejos habitacionales edificados en Tecámac no contaban con servicios públicos, además de que fueron construidos con materiales de mala calidad.

A Pérez Espinoza lo detuvieron por el supuesto delito de robo con violencia a casa-habitación; su aprehensión violentó el debido proceso, pues no le mostraron la orden de aprehensión, lo mantuvieron incomunicado y, además, fue torturado por asfixia. Además, durante la audiencia de formal imputación, se llevó a cabo sin que se mostraran las evidencias.

Este año, José Humbertus Pérez Espinoza, que se encuentra preso en el penal de Chiconautla, fue trasladado al “área médica de un Penal Psiquiátrico, aislado de la población, sin asistir a la escuela, a las labores de artesanía, servicios religiosos”.

En un comunicado, Pérez Espinoza señaló como responsable de esta situación a las “autoridades penitenciarias y al titular del Fiscalía General Alejandro Jaime Gómez Sánchez […]. No es posible que me tengan sometido a estas condiciones de discriminación, exijo se me realice un estudio pericial y médico para acreditar que no tengo el perfil psiquiátrico para estar en este lugar”.

Mientras tanto, a pesar de que sí se han efectuado las denuncias contra los presuntos responsables de los fraudes hipotecario e inmobiliarios, hasta ahora no se ha emprendido ninguna acción penal en el caso.

Humertus Pérex declaró además que debido a que los recursos no se aplicaron al sistema judicial, se “dispararon los índices de inseguridad y delitos en la entidad, [además de que] no se concretó la instalación del sistema de justicia penal acusatorio”.

Por su parte, el padre Alejandro Solalinde, -defensor de derechos humanos- a llamó a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado, al fiscal mexiquense Alejandro Gómez y a las demás autoridades de la entidad a revisar el caso de Humbertus Pérez, pues, señaló, se trata de un caso de fabricación de culpables.