En México las paradojas institucionales rara vez sorprenden. La más reciente ocurre en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el órgano legislativo encargado de revisar a las candidatas y candidatos que buscan encabezar la Auditoría Superior de la Federación.
Entre sus integrantes se encuentra Eruviel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México entre 2011 y 2017.
La presencia del político mexiquense en el proceso que definirá al próximo auditor federal ha reactivado una pregunta incómoda: ¿qué tan legítimo resulta que uno de los protagonistas de gobiernos cuestionados por su manejo del gasto público participe en la selección del funcionario encargado de fiscalizar las cuentas del país?
Los hospitales fantasma de Eruviel
Uno de los episodios más persistentes del legado político de Ávila es el de los hospitales inconclusos.
Durante su administración se anunciaron múltiples proyectos hospitalarios destinados a ampliar la cobertura médica en el Estado de México. Sin embargo, diversas investigaciones periodísticas documentaron que varios de esos proyectos quedaron detenidos o nunca entraron en operación.
Reportajes de AD Noticias han documentado hospitales que permanecieron abandonados o sin terminar durante años pese a que ya se habían destinado recursos públicos para su construcción. En algunos casos, las estructuras quedaron como edificios vacíos o proyectos inconclusos que nunca prestaron el servicio prometido.
Más que un problema administrativo, el caso se convirtió en un símbolo político: infraestructura sanitaria anunciada como logro de gobierno que terminó convertida en recordatorio de promesas incumplidas.
Concesiones y obras bajo sospecha
Otro rasgo característico del sexenio fue la expansión de proyectos de infraestructura bajo esquemas de asociación público-privada y concesiones de largo plazo.
Durante ese periodo se entregaron a empresas privadas contratos para operar y mantener vialidades y autopistas estatales mediante esquemas financieros que comprometían pagos del gobierno durante años.
Para sus defensores, estos modelos permitían acelerar la construcción de infraestructura. Para sus críticos, en cambio, creaban obligaciones financieras de largo plazo y reducían la transparencia sobre el costo real de las obras.
El debate se intensificó cuando varios proyectos de infraestructura en el estado aparecieron vinculados a controversias empresariales, entre ellas el escándalo relacionado con la constructora OHL en 2015, que provocó la salida del entonces secretario estatal de Comunicaciones tras revelaciones sobre presuntos beneficios indebidos.
Auditorías y observaciones
El gobierno mexiquense también enfrentó observaciones de auditoría relacionadas con el manejo de recursos públicos en distintos sectores, incluidos salud, educación e infraestructura.
Diversos reportes periodísticos basados en revisiones de la Auditoría Superior de la Federación señalaron anomalías y montos observados en programas financiados con recursos federales durante ese periodo.
Una observación de auditoría no equivale necesariamente a responsabilidad penal. Sin embargo, cuando las observaciones se acumulan durante años y abarcan áreas clave del gasto público, terminan formando parte del balance político de una administración.
Un gabinete bajo escrutinio
Las dudas no se limitaron a la figura del gobernador.
Con el paso del tiempo, varios exfuncionarios de administraciones mexiquenses de ese periodo enfrentaron investigaciones o denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Ese contexto reforzó la percepción de que el gobierno estatal operó dentro de un sistema administrativo donde las decisiones de infraestructura, concesiones y gasto público quedaron envueltas en controversias constantes.
La paradoja institucional
Ninguna de estas polémicas ha derivado en una sentencia judicial contra Ávila por corrupción. Pero la política no se evalúa únicamente en tribunales.
También se mide en credibilidad pública.
Por eso la escena actual resulta tan incómoda: el exgobernador de un estado marcado por escándalos de infraestructura inconclusa, concesiones cuestionadas y observaciones de auditoría participa ahora en el proceso para elegir al titular del principal órgano encargado de vigilar el uso del dinero público en México.
No se trata sólo de una cuestión legal. Es un problema de legitimidad institucional.
La fiscalización pública requiere independencia, pero también confianza. Y esa confianza se debilita cuando el sistema político coloca a figuras asociadas con episodios de opacidad en la mesa donde se decide quién auditará al Estado.
Un síntoma del sistema político
En realidad, el caso de Eruviel Ávila no es una excepción dentro de la política mexicana. Es un síntoma.
Pertenece a una generación de políticos que sobrevivió a los escándalos sin enfrentar consecuencias políticas proporcionales al tamaño de las dudas que dejaron sus gobiernos.
Por eso la pregunta de fondo no es únicamente qué hace Eruviel Ávila en esa comisión legislativa.
La pregunta más inquietante es otra: por qué el sistema político mexicano sigue considerando normal que quienes gobernaron bajo la sombra de la opacidad participen hoy en la selección del funcionario encargado de fiscalizar el dinero público del país.
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