“La desigualdad no es una cifra, sino una arquitectura de abandono”
En el 2025, el Estado de México arrastra una cifra que debería erizar la piel del poder: 52.8% de su población vive en situación de pobreza. Una cifra que no es solo escandalosa por su tamaño, sino por su persistencia histórica. Como si cada gobierno heredara no una agenda social, sino una costra estructural que nadie se atreve a arrancar.
Más de dos millones de personas en pobreza extrema. Más que la población total de varios estados de la república. Una vida sin lo básico, sin lo justo, sin lo digno. Es aquí donde la retórica del bienestar se enfrenta a su prueba más cruel: ¿qué tan eficaz puede ser una política que, aun con presupuestos históricos, deja a una de cada dos personas fuera de la promesa del desarrollo?
Pero hay algo todavía más inquietante: el desfase entre las cifras de CONEVAL y las del nuevo informe de Bienestar. Mientras CONEVAL reportaba para 2022 que la pobreza extrema en el Estado de México se ubicaba en 6% (aproximadamente 1.1 millones de personas), el informe 2025 eleva esa cifra al 12.1%, es decir, más del doble.
¿Error metodológico? ¿Cambio en los criterios? ¿O simplemente el reconocimiento tardío de una realidad que se venía maquillando? Porque si los datos son ciertos —y todo indica que lo son— entonces no solo no disminuyó la pobreza, sino que creció a ritmo parejo tanto la moderada como la extrema, echando por tierra el discurso triunfalista de que “se gobierna para los más pobres”.
En municipios como Toluca o Ecatepec, los rostros de la pobreza no son cifras, sino colas interminables frente a los módulos de programas sociales. En Toluca, 90 mil personas sobreviven en condiciones extremas, y aunque es una mejoría respecto a 2020, la pregunta no se apaga: ¿qué ha cambiado en esencia?
Sí, hay programas sociales. Sí, el salario mínimo ha crecido un 172%. Y sí, hay más inversión en infraestructura básica. Pero la distribución —el cómo y dónde— sigue obedeciendo a criterios burocráticos y, en ocasiones, a mapas de clientela electoral. Porque en el fondo, el Estado de México no es solo un territorio gobernado, es una geometría del poder… y de sus omisiones.
La política social estatal se sostiene en pilares como Mujeres con Bienestar y Alimentación para el Bienestar. Nobles en propósito, limitadas en alcance. ¿Dónde está la política que articule educación, vivienda, movilidad y seguridad alimentaria con visión de justicia, no solo de transferencia? La lógica del asistencialismo puede calmar el hambre, pero no erradicar la pobreza.
Y aquí viene la arista más filosa: si la mitad de los mexiquenses está atrapada en la pobreza, entonces la otra mitad —gobernantes incluidos— convive con una realidad que ha decidido normalizar. La pobreza ya no escandaliza. Se gestiona. Se administra. Y en esa banalización, pierde su urgencia moral.
Este informe, publicado por la Secretaría de Bienestar, no debería dormir el sueño de los archivos. Debería ser el detonante de una revolución en la política social del estado más poblado del país. Un giro radical: de la lógica del “beneficiario” a la del ciudadano con derechos; del reparto, a la restitución. Porque un Estado que permite esta magnitud de pobreza, deja de ser república y se convierte en testigo. Y un testigo que calla
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