El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se creó en 1996 con el objetivo de garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía y asegurar la realización de elecciones periódicas y pacíficas.
La dependencia ha organizado 13 elecciones ordinarias, en las que se han renovado a las integraciones de los ayuntamientos, diputaciones locales y la gubernatura.
En 26 años de funcionamiento del IEEM, han sido electos mil 118 ayuntamientos. En 8 casos se han realizado elecciones extraordinarias, lo que representa el 99.3% de eficacia en la elección de las autoridades; se trata de los municipios de Ayapango en 1997; Chalco, Atenco y Tepotzotlán en 2003; Ocoyoacac en 2006; el municipio de Chiautla en 2016; Nextlalpan en 2021 y de Atlautla en 2022 –todos ellos por causas ajenas a la organización de las elecciones.
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De acuerdo con un comunicado, el IEEM ha organizado las 4 elecciones para elegir al titular del Poder Ejecutivo, y 9 para elegir a la totalidad de los integrantes del Poder Legislativo.
Para la renovación pacífica y periódica de las diferentes autoridades, la ciudadanía de la entidad ha desempeñado un papel fundamental. Ha ejercido su derecho al voto como integrante de las mesas directivas de casilla o siendo observadora electoral, lo que habla de su compromiso con la democracia.
De esa forma, el IEEM continúa generando condiciones que permitan el libre ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
La reforma electoral y el IEEM
La iniciativa de reforma electoral que ha sido presentada por el gobierno federal pretende desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales locales.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) representan un gasto de entre mil 500 y tres mil millones de pesos anuales para la entidad mexiquense.
Para este 2022 el presupuesto estatal señala que entre el IEEM y el Tribunal Electoral estatal gastarán más de mil 582 millones de pesos.
La iniciativa plantea que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos. Argumenta que en los últimos años sus actos se han caracterizado por falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad.
Por ello, propone que el TEPJF absorba las controversias electorales locales del país.