El caso de la violencia de género y los feminicidios el Estado de México es grave y tiene antecedentes históricos; es “la entidad federativa con menor calidad comunitaria del país, la segunda con mayor percepción de inseguridad pública y, en los últimos años, algunos de sus municipios han sido protagonistas de una serie de brutales feminicidios que los han llevado a ser comparados con los emblemáticos asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez”.
Esta información está vertida en el informe Como anillo al dedo que realiza Amnistía Internacional respecto al impacto que la contingencia por covid-19 ha tenido en los servicios de procuración de justicia del Estado de México en la investigación de los feminicidios y las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas.
El informe se basa en la realización de 23 entrevistas a personas que trabajan en la procuración de justicia, titulares de derechos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado de México, así como en la revisión de estándares internacionales, especialmente los relativos a los derechos humanos de las mujeres y a la situación generada por la pandemia.
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El informe arroja que las problemáticas y las deficiencias señaladas no son nuevas ni surgidas por la pandemia, sino fallas estructurales del sistema de procuración de justicia, aunque la pandemia sí ha evidenciado “un sistema de procuración de justicia deficiente, cuyas fallas estructurales han impedido reaccionar a la crisis sanitaria de manera más apropiada y han exacerbado sus consecuencias en un momento especialmente complejo para las mujeres víctimas de violencia así como para las personas servidoras públicas”.
En el Estado de México se enfrentan problemáticas, anteriores a la pandemia, relacionadas con la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos técnicos para la investigación, y la descoordinación entre instituciones del sistema de procuración de justicia, entre otras cuestiones, lo que, dice el informe, deriva en “la violación a los derechos humanos de las víctimas, quienes sufren revictimización por parte del Estado por su ineficiencia y por la impunidad en la que quedan numerosos casos”.
Amnistía Internacional identificó tres problemáticas en los servicios de procuración de justicia entre marzo y junio del 2020:
- Incremento de la carga de trabajo de los servicios de procuración de justicia durante la pandemia que aumentó hasta niveles insostenibles considerando además la disminución de personal.
- Insuficiente digitalización y el acceso desigual a la tecnología; se mantuvo la posibilidad de denunciar de forma presencial los delitos graves: desaparición, feminicidio o violación. No obstante se debía ratificar presencialmente el delito, por lo que el colapso o el no tener acceso a la tecnología fueron factores que no permitieron la denuncia.
- Descoordinación, especialmente a nivel interinstitucional: algunas instituciones cerraron, otras suspendieron algunas actuaciones, lo que impactó en aquellas con las que deben coordinarse para atender e investigar ciertos delitos.
Las recomendaciones de Amnistía Internacional para este caso son:
- Asegurar que los servicios de procuración de justicia cuenten con los recursos humanos y la infraestructura necesarias para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.
- Prever un sistema de denuncia alternativo en el contexto de la pandemia para las mujeres que no tienen acceso a internet ni a otras tecnologías de comunicación.
- Elaborar un plan de respuesta inmediata para sustituir a las personas de una misma unidad que se contagien o deban estar en cuarentena y así no cerrar la unidad ni sus funciones.
- Coordinar mesas de trabajo periódicas entre unidades e instituciones de los servicios de procuración de justicia.
- Asegurar la correcta digitalización y completa de los expedientes, así como proveer el material necesario para poder llevar