El futuro académico Carlos Daniel Altamirano Bautista, un alumno de la Facultad de Medicina de la UAEM y médico residente del Centro Médico ISSEMyM pende de un hilo, por exhibir los abusos que sufrieron él y otros 14 compañeros por parte de sus maestros de la especialidad de Cirugía Plástica, Juan Carlos Saavedra Soto y Héctor O. Malagón Hidalgo, los cuales fueron denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
“Sólo tres personas, incluyéndome, nos animamos a interponer la queja DCODHEM/TOL/1042/2014 en la que explicamos estas situaciones, lejos de ayudarnos terminó por perjudicarnos, los doctores que eran nuestros profesores comenzaron a reprobarnos y a castigarnos por esta acción”, reveló Carlos Daniel en conferencia de prensa.
El conflicto que afecta a Carlos Daniel inició con su residencia en el Centro Médico ISSEMyM desde agosto del año pasado, el aspirante a médico cirujano narró que el método de enseñanza utilizado por sus maestros eran golpes en la cabeza, insultos y agresiones físicas; panorama que día tras día iba escalando.
A raíz de la denuncia el universitario recibió una baja injustificada de su residencia, situación que expuso ante la UAEM y las autoridades correspondientes las cuales hasta este día no han brindado ayuda alguna.
El joven se dirigió al Consejo de Gobierno de la UAEM para solicitar se analice su caso, y tratar de conciliar, de otra manera podría perder dos años de estudio, debido a que también fue «boletinado» como mal elemento y no puede terminar sus prácticas en ningún otro centro de salud.
Mediante una carta abierta solicita al ISSEMyM realizar una investigación contra ambos médicos, quienes no sólo actuaron de una manera deshumana y poco sensible con los estudiantes, acusó que las agresiones se reprodujo en algunos pacientes, poniendo en mal la reputación de la institución.
Finalmente dadas las evidencias recabadas, las acciones y omisiones graves de personal tanto del ISSEMYM como de la UAEM por no tratar de mediar estas situación antes las diversas denuncias, podían derivar en acciones jurídicas, para impedir que los residentes pierdan sus estudios.