Alejandro Encinas, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), escribió una carta dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en la que le solicita envíe toda la información de que disponga la secretaría a su cargo sobre la ejecución de 21 personas perpetradas por militares.
De acuerdo con el representante del PRD, organizaciones como Amnistía Internacional señalan que además de violaciones a derechos humanos y de tortura, los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales.
La misiva la turnó el senador el pasado viernes y destaca que “la justicia por propia mano y las ejecuciones sumarías no están permitidas ni pueden formar parte del desempeño de la autoridad en un Estado legalmente constituido, democrático y soberano. Coincidiremos que son inaceptables esas prácticas, ya sean cometidas por grupos delictivos, policías o por elementos de las fuerzas armadas, y que todo hecho de esa naturaleza que se presente en el país debe ser castigado conforme a la ley”.
Encinas subraya, en la carta al titular de Gobernación, que de confirmase esos sucesos se constituirían en una de las peores ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país por elementos del Ejército mexicano, lo que no puede quedar impune, pues pone en riesgo las garantías y los derechos fundamentales de los mexicanos, al tiempo que denigra el desempeño de las fuerzas armadas”.
El senador hace notar al encargado de la política interna del país que no debe desestimarse lo señalado por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias, Christof Heyns: el derecho a la vida está gravemente amenazado en México, la tasa de homicidios es demasiado alta y la impunidad persiste de manera sistemática.
El perredista recuerda en su carta que el pasado 9 de septiembre en la comparecencia de Osorio Chong le hizo referencia a esa denuncia y de manera particular “le destaqué que resurgen acciones de violencia de Estado que no han sido debidamente esclarecidas y sancionadas”.
* Con información de La Jornada