Exponen a instituciones de Gobierno que espían a los mexicanos

Toluca, Méx.- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF), han sido clasificadas como las tres instituciones que más solicitudes de intervención de comunicación realizan en el país, esto con el objetivo de monitorear las actividades de los mexicanos.

De acuerdo con el informe El Estado de Vigilancia Fuera de Control, realizado por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), tan sólo de 2013 a 2015 se hicieron tres mil 182 solicitudes para poder intervenir líneas de comunicación privadas por parte de instituciones mexicanas.

De dicho número, en conjunto, a las tres dependencias les fueron aprobadas tres mil 12 solicitudes, de las cuales, el mismo informe detalla que el número de ciudadanos vigilados no pudo conocerse, ya que en un solo requerimiento se puede vigilar a múltiples personas.

La R3D detalla que tan sólo en 2015 el CISEN solicitó a las autoridades judiciales intervenir 696 comunicaciones privadas, y de éstas, sólo siete fueron rechazadas. La PGR hizo 264 solicitudes, pero le fueron negadas 16; por su parte la PF hizo 136, pero les negaron 33. Es decir que en promedio, las tres instituciones intervinieron mil 40 líneas de comunicación el año pasado, como mínimo.

 “Se ha documentado también que la utilización de medidas de vigilancia por autoridades de procuración de justicia no ha tenido como resultado ejercicios de acción penal, sino que la gran mayoría de los casos se han vigilado personas que jamás son llevadas a juicio por la probable comisión de un delito”, indica la R3D en el reporte.

La Red también señala que una de las principales empresas que tienen participación en éste mercado es la italiana Hacking Team, la cual vendió servicios de hackeo a distintas instituciones mexicanas.

Refieren que el gobierno del país es el cliente número uno de entre otras 35 naciones a la que Hacking Team les ha ofrecido servicios, pues acumula pagos por cinco millones 808 mil 875 euros.

Entre las instituciones que pagaron los servicios de Hacking Team se encuentran el CISEN, la PGR, la PF, el Ejército Mexicano, la Marina Armada, Petróleos Mexicanos y distintos cuerpos de seguridad de los gobiernos locales.

“Es importante señalar que la gran mayoría de las autoridades que adquirieron el software de Hacking Team no poseen facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas, por lo que tanto su adquisición como su uso es claramente ilegal”, puntualiza la Red de Defensa de los Derechos Digitales.