Una vez que se ha aprobado la creación de la Fiscalía General del Estado, la cual sustituye a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (tal y como lo marca el nuevo sistema de justicia penal), ha provocado diversas dudas sobre quién será nombrado Fiscal, pues la importancia del nombramiento no solo podrá darle la fuerza que requiere la Justicia en el estado, sino que también determinará el actuar de la institución en el combate a la corrupción e impunidad, por ello el nombramiento no puede quedar en cualquier jurista.
Recordemos que la Fiscalía ya cuenta con autonomía y presupuesto propio, que su personal debe ser técnico en su actuar, capacitado constantemente pero sobre todo, deberá haber una total independencia de las cuestiones políticas; por todo ello los resultados deberán de ser evidentes y rápidos.
El primer Fiscal deberá ocupar el cargo, por única ocasión, durante siete años, los posteriores serán de nueve; además de cumplir con los requisitos generales que implican tener como mínimo 35 años de edad y 10 ejerciendo su profesión, con experiencia en investigación y persecución de los delitos, así como una trayectoria honesta, entre otros.
La preocupación real se basa en la forma en que se realiza el nombramiento, pues si bien el Gobernador del Estado envía una terna, el debate y análisis recae en los integrantes del Poder Legislativo (como anteriormente se realizaba). Sin embargo, lo que haría diferente la designación, es que se abriera a debate público, dando espacio a los académicos, a los colegios y barras, a los especialistas en la materia, de forma transparente; lo que implicaría que los candidatos presenten un plan estratégico de política criminal (aunque no se pida por ley) sobre cómo piensan ejercer su actuar.
Recordemos que la historia de nuestro estado nos ha dado una serie de Procuradores que han sido muy cercanos al poder público, es decir, al ejecutivo del Estado, y al ser muy apegados a éste se revisten de características políticas y no de autonomía, y con ello se han generado grandes niveles de corrupción y de impunidad.
Resulta menester señalar que los cambios no solo deben ser normativos, pues si la práctica no acaba con los viejos vicios, la nueva legislación en uso no servirá de nada.