Durante años, las familias de las víctimas de Óscar García Guzmán acudieron a las autoridades con denuncias y datos que, sostienen, pudieron ayudar a detenerlo antes de que cometiera más asesinatos. El lunes 26 de octubre, casi seis años después de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) acreditara omisiones en las investigaciones, la Fiscalía mexiquense les ofreció una disculpa pública.
La institución reconoció las fallas en un acto al que asistieron familiares de Mónica Chávez Cuate, Adriana González Hernández, Martha Patricia Nava Sotelo y Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, asesinadas por el feminicida. También recordó a Tomás Chávez, padre de Mónica, quien fue víctima del mismo agresor.
Cuando la Codhem emitió su recomendación, en 2020, la Fiscalía estaba a cargo de Alejandro Jaime Gómez Sánchez. El ex fiscal dejó el puesto en febrero de 2022 y, tras la elección judicial de 2025, se incorporó al Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, órgano encargado de investigar y sancionar las faltas de las personas juzgadoras.
La disculpa llegó por conducto de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género. El fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, no asistió. Las familias reclamaron que el reconocimiento se acompañe de reparación y de consecuencias para los servidores públicos que dejaron de actuar.
Las advertencias que no fueron escuchadas
Martha Cuate, madre de Mónica, recordó que desde las primeras investigaciones proporcionó información sobre el paradero del agresor. «Les señalé dónde estaba el feminicida, les dije dónde estaba y no trabajaron», reclamó. Para ella, la falta de respuesta de las autoridades permitió que otras familias atravesaran el mismo dolor.
Graciela Orihuela, madre de Jessica, relató que también advirtió a las autoridades sobre el posible paradero de su hija. Según su testimonio, recibió una respuesta que durante años se ha repetido ante la desaparición de mujeres: que era mayor de edad y podía haberse ido con el novio. Días después, Jessica fue localizada sin vida en la colonia Villas Santín, en Toluca.
Los primeros señalamientos de la familia de Mónica se remontan a 2012, antes de la gestión de Gómez Sánchez. El agresor permaneció en libertad hasta diciembre de 2019, cuando fue detenido. Las familias sostienen que una intervención oportuna pudo impedir nuevos crímenes.
Cinco servidores públicos señalados
En la Recomendación 3/2020, la Codhem acreditó que cinco servidores públicos vulneraron el derecho a la debida diligencia con perspectiva de género. El organismo encontró denuncias de desaparición sin acciones efectivas de búsqueda e investigaciones relacionadas con un mismo agresor que no registraban avances.
La comisión reunió expedientes de queja sobre hechos ocurridos a lo largo de varios años. Algunos habían sido denunciados más de siete años antes de la recomendación y seguían sin avances, de acuerdo con el organismo.
La Codhem pidió identificar las posibles responsabilidades administrativas de los cinco servidores públicos y remitir su investigación a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que fuera considerada en las indagatorias correspondientes.
La recomendación también contempló medidas para 17 personas agraviadas: su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, atención médica y psicológica, compensaciones y becas para dos de ellas. Para evitar la repetición de las omisiones, solicitó capacitación al personal y la revisión periódica de los expedientes por desaparición de mujeres.
La documentación pública consultada no permite establecer cuál fue el resultado de los procedimientos contra los funcionarios señalados ni acredita una sanción personal contra Gómez Sánchez por este caso.
De fiscal a magistrado
Gómez Sánchez encabezaba la Fiscalía cuando la Codhem emitió la recomendación y dejó el cargo en 2022. Tres años después obtuvo una magistratura en el Tribunal de Disciplina Judicial. Su designación fue impugnada en el contexto de la asignación de cargos de la elección judicial y confirmada por el Tribunal Electoral federal.
Su paso por la procuración de justicia también estuvo marcado por cuestionamientos en otros casos, entre ellos Tlatlaya, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó tortura contra mujeres sobrevivientes por parte de servidores públicos de la entonces Procuraduría mexiquense. Ese hallazgo no acredita, por sí mismo, una orden personal de Gómez Sánchez.
La posición que ocupa hoy el ex fiscal contrasta con las preguntas que siguen abiertas sobre lo ocurrido bajo su administración: qué se hizo para corregir las investigaciones, atender las recomendaciones y esclarecer la responsabilidad de quienes desatendieron las denuncias.
Una disculpa y una deuda
La activista Frida Guerrera, quien acompañó a las familias, pidió que las historias de las víctimas no queden eclipsadas por la notoriedad del agresor. Recordó que Adriana estudiaba Psicología y que Martha Patricia había cursado Derecho y estudiaba Criminología.
Las familias también solicitaron que el inmueble de Villas Santín relacionado con los crímenes se convierta en un memorial. Quieren que el lugar conserve la memoria de las víctimas y no solo la del hombre que las asesinó.
La disculpa reconoce una parte del daño. Para las madres que buscaron a sus hijas y pidieron ser escuchadas, sigue pendiente saber qué consecuencias tuvieron las omisiones y qué hará la institución para que otras denuncias no corran la misma suerte.
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