La nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) entró a discusión en comisiones legislativas. Diputados, autoridades universitarias y representantes del gobierno estatal revisaron este martes 27 de octubre las propuestas para modificar las reglas con las que se elige a la Rectoría, se integra el Consejo Universitario y se administran los recursos de la institución.
Los legisladores prevén una nueva reunión el miércoles 28 de octubre para avanzar en el dictamen y, si alcanzan acuerdos, llevarlo al pleno el jueves 29. La ley todavía no ha sido aprobada. Su contenido final dependerá de lo que resuelvan las comisiones y el pleno.
En la mesa se examinaron cuatro iniciativas relacionadas con la legislación universitaria: la enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que retoma el proyecto aprobado por el Consejo Universitario, y las propuestas de los diputados Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, de Morena, y Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano.
Hay coincidencia en la necesidad de actualizar una ley expedida en 1992. Las diferencias aparecen al definir el peso del voto de estudiantes, profesores y trabajadores; la representación de los espacios académicos; los plazos para eliminar las cuotas escolares y el alcance de la vigilancia sobre el presupuesto.
Quiénes participaron en la discusión
El análisis corresponde a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, que encabeza Rigoberto Vargas Cervantes.
En la reunión intervino la consejera jurídica de la UAEMéx, Evangelina Sales Sánchez, quien presentó el proyecto universitario y explicó el proceso de consulta del que surgió. También participaron los diputados Ruth Salinas Reyes, Gerardo Pliego Santana y Octavio Martínez Vargas, autores de iniciativas relacionadas con la institución. Rigoberto Vargas informó sobre la ruta prevista para el dictamen.
A la mesa acudieron además representantes del gobierno estatal y de la Universidad. Los reportes consultados no identifican de manera completa a todos los asistentes.
De acuerdo con el directorio legislativo, entre los integrantes de Gobernación y Puntos Constitucionales figuran Paola Jiménez Hernández, Gabriel Kalid Mohamed Báez, Pablo Fernández de Cevallos González, Maurilio Hernández González, Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, Itzel Guadalupe Pérez Correa, Ruth Salinas Reyes, Omar Ortega Álvarez, Héctor Karim Carvallo Delfín, Martha Azucena Camacho Reynoso, Susana Estrada Rojas, Eduardo Zarzosa Sánchez, Ángel Adriel Negrete Avonce y Octavio Martínez Vargas.
En Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación participan María del Consuelo Estrada Plata, Leticia Mejía García, Héctor Karim Carvallo Delfín, Brenda Colette Miranda Vargas, Graciela Argueta Bello, Nelly Brígida Rivera Sánchez, Ángel Adriel Negrete Avonce, Esteban Juárez Hernández, Paola Jiménez Hernández, Anuar Roberto Azar Figueroa, Maricela Beltrán Sánchez y Omar Ortega Álvarez.
El proyecto de la Universidad
La propuesta enviada por la gobernadora fue aprobada por el Consejo Universitario el 17 de julio, después de un proceso de diagnóstico y consulta. El Ejecutivo estatal la presentó al Congreso sin modificar el contenido aprobado por la institución, de acuerdo con la información legislativa.
Evangelina Sales explicó que para construir el proyecto se realizaron siete foros regionales, conferencias y consultas en los órganos de gobierno de los espacios académicos.
La consejera jurídica señaló que el crecimiento de la Universidad obliga a revisar su representación. De acuerdo con la exposición presentada ante los diputados, la institución cuenta con 55 espacios académicos y 20 de investigación, además de una comunidad de alrededor de 100 mil estudiantes y miles de docentes y trabajadores administrativos.
El proyecto plantea incorporar con voz y voto en el Consejo Universitario a representantes de centros universitarios y unidades académicas profesionales. También prevé un órgano electoral con autonomía técnica para organizar y vigilar las elecciones internas.
La presentación expuesta a los legisladores propone un Consejo de 223 integrantes. Sin embargo, el material universitario contiene dos cifras distintas sobre su integración actual —111 y 131—, por lo que esa comparación requiere precisión antes de establecer cuánto crecería el órgano.
El voto: la diferencia de fondo
Una de las discusiones centrales es quién elige a la persona titular de la Rectoría y cuánto pesa el voto de cada integrante de la comunidad.
La ley vigente establece que el Consejo Universitario elige a la persona rectora después de un proceso de auscultación. El proyecto de la Universidad propone una elección mediante voto personal, directo, libre y secreto de estudiantes, académicos y personal administrativo.
Los sufragios se contarían por sector y su ponderación quedaría establecida en el Estatuto Universitario. El proyecto enviado por la gobernadora no fija en la ley el peso específico de cada grupo.
La iniciativa de Octavio Martínez también plantea el voto universal y directo, pero propone establecer en la propia ley una ponderación según la cual el sufragio estudiantil tendría el doble de peso que el del personal académico o administrativo.
Durante la reunión, el diputado insistió en que la reforma incorpore mayores garantías de participación y planteó ampliar la presencia territorial de la Universidad, especialmente en el Valle de México.
Gerardo Pliego defendió el tránsito de la auscultación al voto directo y planteó fortalecer la representación de la comunidad, además de contar con un órgano encargado de los procesos electorales internos.
Ruth Salinas, por su parte, sostuvo que deben establecerse garantías para que la ponderación no disminuya el peso de algún sector. También pidió ampliar la representación del personal administrativo en el Consejo Universitario.
La definición es decisiva: una elección puede ser directa y universal, pero la influencia de cada grupo dependerá de la fórmula con la que se cuenten los votos.
Gratuidad: el compromiso y el calendario
Las iniciativas coinciden en avanzar hacia la eliminación de cobros escolares, aunque la discusión incluye cómo financiarla y en qué plazo aplicarla.
El proyecto universitario propone retirar progresivamente las cuotas de inscripción y reinscripción mediante un plan de acción que considere los recursos disponibles y no comprometa el cumplimiento de las funciones de la UAEMéx.
Ruth Salinas pidió que la legislación establezca plazos para avanzar hacia la gratuidad. También habrá que definir cuánto dejaría de ingresar la Universidad por cuotas y qué recursos públicos permitirían sostener la transición.
Por ahora, ninguna de las iniciativas implica la desaparición inmediata de los cobros. El alcance dependerá del dictamen y de las disposiciones presupuestales que lo acompañen.
Autonomía y vigilancia de los recursos
La revisión del dinero universitario fue otro de los asuntos puestos sobre la mesa. Octavio Martínez pidió incorporar disposiciones de transparencia, rendición de cuentas y auditoría de los recursos de la UAEMéx.
La presentación universitaria distingue entre las facultades del Órgano Interno de Control sobre recursos públicos y los mecanismos internos de vigilancia de otros ingresos. El límite de esas atribuciones y las garantías de autonomía serán parte de lo que deberá precisarse en el texto que dictaminen las comisiones.
Salinas sostuvo que el Congreso debe estudiar y discutir las propuestas legislativas respetando la autonomía universitaria.
La discusión enfrenta dos obligaciones públicas: preservar la capacidad de la Universidad para gobernarse a sí misma y asegurar que el ejercicio de sus recursos pueda revisarse y explicarse.
Una reforma impulsada por la inconformidad
El proceso tiene como antecedente el paro estudiantil de 2025, durante el cual alumnos cuestionaron los mecanismos de elección de autoridades, la representación de la comunidad y las condiciones para participar en las decisiones universitarias.
El proyecto institucional recoge demandas de mayor representación y voto directo. La discusión legislativa deberá determinar si también fija en la ley el peso de cada sector, los plazos de la gratuidad y las garantías para ejercer derechos dentro de la Universidad.
Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de la Comisión de Educación, expresó que existen condiciones para avanzar hacia un dictamen el miércoles y, de ser posible, llevarlo al pleno el jueves.
Lo que aprueben los diputados definirá el alcance de la participación de la comunidad y qué decisiones permanecerán en manos de la reglamentación interna.
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