El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) frenó el avance del proceso de compra de materiales para las elecciones de 2027 al devolver dos proyectos para revisar los mecanismos de transparencia y supervisión de las contrataciones, en medio de los cuestionamientos a los proveedores que han hecho negocios con los organismos electorales.
Por unanimidad, el Consejo General devolvió el proyecto de formatos únicos de materiales electorales y su anexo, así como el manual de supervisión de su producción y control de calidad. Ambos estaban previstos para aprobarse durante la decimotercera sesión extraordinaria, celebrada este 28 de octubre.
La decisión detuvo la aprobación de instrumentos previos a la contratación para los comicios de diputaciones y ayuntamientos. Los proyectos deberán revisarse antes de regresar al Consejo; la devolución no cancela una licitación ni un contrato adjudicado.
La propuesta fue presentada por Yulia Erika Armenta Paulino, presidenta de la Comisión de Organización, quien reconoció que la coyuntura exige revisar los procedimientos.
«El momento político exige tener la sensibilidad de la prudencia», sostuvo.
Al solicitar también la devolución del manual de supervisión, planteó abrir los trabajos al acompañamiento ciudadano y reconocer los vacíos que todavía puedan existir.
«La idea es que todo este procedimiento sea una caja de cristal», afirmó.
La vigilancia que antes rechazaron
La discusión dejó al descubierto que algunas medidas de vigilancia reclamadas ahora ya habían sido propuestas dentro del instituto.
La consejera Karina Vaquera recordó que, durante la aprobación del reglamento que regula las contrataciones, pidió que estos procedimientos pudieran ser observados públicamente. Su propuesta no prosperó.
La máxima publicidad, advirtió, debe permitir a ciudadanos y medios de comunicación conocer y examinar las decisiones administrativas.
Vaquera pidió privilegiar las licitaciones públicas, revisar cuántas adquisiciones se realizan mediante adjudicación directa y explicar las razones para recurrir a esas excepciones. También propuso abrir el organismo a auditorías externas.
El cuestionamiento alcanzó la planeación de las compras. La consejera señaló que el instituto cuenta con programas de actividades y previsiones presupuestales que deberían permitir preparar las adquisiciones con anticipación y reducir el uso de la premura como justificación.
Además, recordó una licitación de 2023 declarada desierta y cuestionó la actuación de los testigos sociales en aquel procedimiento.
Defienden adjudicaciones de 2025
La consejera Paula Melgarejo defendió las decisiones adoptadas durante la organización de la elección judicial de 2025. Explicó que los plazos disponibles y la recepción de definiciones del INE llevaron al organismo a utilizar la adjudicación directa por comité.
Según su exposición, para documentación electoral fueron invitadas tres empresas y las tres presentaron propuestas; para materiales se convocó a nueve y participaron cuatro.
Melgarejo argumentó que la intervención del comité impide que la decisión recaiga en una sola persona. Asumió su respaldo a aquella determinación y sostuvo que, sin ese procedimiento, se habría comprometido la disponibilidad de las boletas.
Vaquera insistió en revisar la frecuencia y justificación de las excepciones. Planteó que las licitaciones públicas deben prevalecer y que el instituto tiene que explicar cómo contrata y qué mecanismos utiliza para garantizar competencia entre proveedores.
Los contratos detrás del debate
La revisión ocurre después de las investigaciones sobre José Alfredo Hernández Casillas y su participación en el mercado de proveeduría electoral, con antecedentes en las controversias que han acompañado las compras del IEEM desde hace más de dos décadas.
En el reportaje El inamovible corruptor, AD Noticias documentó dos contratos adjudicados directamente a Cajas Graf durante 2025, por 16 millones 897 mil 543.45 pesos.
El contrato 109/25/AD, firmado el 25 de marzo por 15 millones 732 mil 100 pesos, comprendió 20 mil cajas paquete y 10 mil urnas. El segundo, identificado como 190/25/AD y suscrito el 10 de abril, ascendió a un millón 165 mil 443.45 pesos para cintas de seguridad y sujetadores de bolígrafo.
Francisco Javier López Corral firmó ambos instrumentos por el instituto. La urgencia fue la justificación administrativa para prescindir de la licitación pública. En la partida principal del cuadro comparativo del contrato mayor aparece una sola oferta económica.
Los expedientes colocan bajo escrutinio la competencia efectiva entre proveedores, la justificación de las contrataciones excepcionales y las responsabilidades de quienes preparan, autorizan y suscriben las compras.
La historia comprende también la crisis de 2005, cuando las controversias por la contratación de materiales desembocaron en la salida del entonces presidente José Juan Gómez Urbina y de los integrantes del Consejo General. En el expediente judicial de aquel conflicto quedó acreditada la representación de Servicios, Asesorías y Materiales Electorales —Samesa— por Hernández Casillas.
La investigación de AD reunió, entre 2009 y 2025, dieciséis adjudicaciones y dos ampliaciones con cuatro empresas mencionadas en investigaciones sobre ese mercado, por un monto contractual acumulado de 64 millones 45 mil 177.96 pesos. Diez de esos instrumentos llevan la firma de López Corral. Esa continuidad administrativa permite reconstruir quiénes intervinieron en las compras bajo distintas integraciones del Consejo General.
Pulido respalda revisión
La presidenta del IEEM, Amalia Pulido, acompañó la devolución de los proyectos y aseguró que la organización de las elecciones no está en riesgo.
Defendió la legalidad y honestidad de la actuación institucional y sostuvo que la revisión permitirá fortalecer los mecanismos de supervisión y control.
Armenta advirtió que las dimensiones del Estado de México obligan a prever con anticipación la producción, distribución y almacenamiento de los materiales, especialmente ante la demanda de los procesos electorales de 2027.
La devolución de ambos proyectos fue aprobada por unanimidad. Quedó pendiente establecer qué controles se incorporarán, cómo participarán los observadores y qué modificaciones tendrán los procedimientos de contratación.
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