Legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano coincidieron en la necesidad de actualizar la legislación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y ampliar la participación de su comunidad en la elección de autoridades, durante el inicio del estudio de cuatro iniciativas en el Congreso mexiquense.
La coincidencia se expresó el 27 de octubre en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. La reunión fue presidida por Rigoberto Vargas Cervantes, de Morena, quien planteó mantener el diálogo durante el análisis.
Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, de Morena, explicaron sus iniciativas, mientras que Ruth Salinas Reyes presentó la propuesta de Movimiento Ciudadano. Las tres coinciden en plantear el voto directo en las elecciones universitarias. También se estudia el proyecto aprobado por el Consejo Universitario y presentado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El consenso sobre la necesidad de modificar la legislación constituye un punto de partida. El contenido definitivo dependerá de los acuerdos sobre las reglas electorales, la representación de los sectores universitarios y las obligaciones de las autoridades.
Ante representantes de la UAEMéx y del gobierno estatal, Octavio Martínez explicó que su iniciativa propone expedir una nueva ley universitaria y reformar la Constitución y la Ley de Educación estatales. Señaló que tiene coincidencias con el proyecto presentado por la gobernadora.
Entre sus planteamientos mencionó la elección universal, libre, secreta y directa de las autoridades universitarias; garantizar por ley la cobertura territorial de la institución; reconocer y regular la incorporación de establecimientos educativos y establecer el presupuesto participativo.
También propone ampliar la representación del estudiantado y del personal académico en el Consejo Universitario, así como dotar de autonomía técnica y mayores facultades a la Defensoría de Derechos Universitarios para promover, proteger y garantizar un catálogo ampliado de derechos.
Su iniciativa contempla que el Consejo pueda ordenar auditorías internas y recibir informes públicos del ejercicio presupuestal. Además, plantea fortalecer la vinculación social y considerar faltas graves las conductas relacionadas con acoso sexual, hostigamiento, violencia de género, corrupción o conflicto de interés.
Gerardo Pliego expuso que su propuesta establece la elección de la persona titular de la Rectoría mediante voto directo, personal, libre y secreto, con participación del estudiantado y del personal docente y administrativo.
Plantea crear una comisión u órgano electoral universitario, conservar funciones de organización, verificación y validación en el Consejo Universitario y atender la integración paritaria de este último.
También propone incorporar lenguaje incluyente; reconocer formalmente la representación de todos los centros universitarios y de las personas investigadoras de tiempo completo por plantel, e incluir principios democráticos, publicidad, participación y equidad en el estatuto y la reglamentación universitarios.
Su iniciativa fija un plazo de 120 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Consejo Universitario realice las adecuaciones normativas correspondientes.
Ruth Salinas explicó que Movimiento Ciudadano, bancada coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández, propone elevar a rango de ley el voto universal para elegir a la Rectoría y a las direcciones universitarias.
El proyecto incluye garantizar el debido proceso en los procedimientos de responsabilidad universitaria, impulsar mecanismos alternativos de solución de controversias y obligar a las autoridades universitarias a dar vista al Ministerio Público cuando adviertan conductas que puedan constituir delitos.
La diputada planteó asegurar la representatividad, la voluntad mayoritaria y la no regresividad; establecer reglas para el órgano electoral universitario y garantizar representación electa al personal administrativo. También señaló la obligación de informar al Ministerio Público sobre posibles delitos relacionados con acoso, hostigamiento o violencia sexual.
Añadió que su bancada propone calendarizar la gratuidad y valora incorporar una disposición para revisar la ley al menos cada diez años mediante una consulta libre, informada y vinculante.
Evangelina Sales Sánchez, consejera jurídica universitaria, explicó el proyecto de nueva ley aprobado por el Consejo Universitario el 17 de julio y presentado por Delfina Gómez Álvarez el 21 de octubre. Señaló que fue resultado de una consulta con participación de estudiantes y personal académico y administrativo.
La discusión legislativa tiene como antecedente las demandas de democratización y cambios en el gobierno universitario expresadas durante el movimiento estudiantil de 2025. En un foro previo del Congreso, realizado en agosto, se abordaron la apertura del voto, las modificaciones al estatuto universitario y la gratuidad progresiva.
En la reunión de comisiones también intervinieron Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, secretario de Gobernanza Universitaria, e Hiram Raúl Piña Libien, encargado del despacho de la Dirección de la Facultad de Derecho. Ambos coincidieron en modificar la legislación a partir de las demandas de la comunidad universitaria.
Asimismo, acudieron María del Carmen Díaz Arellano, directora de Legislación Universitaria, y Carlos Bañales Rodríguez, estudiante de la UAEMéx, quienes señalaron que la educación debe ocupar el centro de la discusión.
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