La trayectoria de los hermanos Hernández Casillas pasó por oficinas del gobierno federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y, posteriormente, por empresas que consiguieron contratos para suministrar material electoral en el Estado de México y otras entidades, así lo dio a conocer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por medio de su investigación sobre una presunta red de colusión en las compras electorales.
La secretaria Raquel Buenrostro Sánchez dio a conocer que el esquema tiene antecedentes desde finales de la década de 1980 y se fortaleció con el paso de los años, hasta convertirse en una red de empresas que obtuvo contratos millonarios de organismos electorales locales, uno de los funcionarios con los que estuvieron relacionados los hermanos, Juan Carlos Padilla Aguilar, ocupó cargos en el CISEN y después en el gobierno del Estado de México. Décadas más tarde, coincidió en el partido SOMOS con exintegrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos Lorenzo Córdova.
Del Registro Nacional de Población al CISEN
De acuerdo con la cronología presentada por Buenrostro, entre 1983 y 1988 los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependencia de la Secretaría de Gobernación. En ese periodo, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del Registro, a quien la investigación vincula con el priismo mexiquense. Por su parte, Raymundo Hernández Casillas trabajó en el área de Recursos Financieros y Materiales desde 1987.
En 1988 se constituyó Cartonera Plástica, una de las empresas que posteriormente aparecería entre los proveedores de material electoral. Un año después, en 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del CISEN e incorporó a José Alfredo como su secretario particular. En ese mismo año, Raymundo se integró al área de Investigaciones.
La presentación de la Secretaría Anticorrupción ubica estos movimientos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando Fernando Gutiérrez Barrios encabezaba la Secretaría de Gobernación y Jorge Carrillo Olea dirigía el CISEN. En aquella etapa, la organización de las elecciones federales todavía estaba bajo el control de Gobernación, antes de que el sistema electoral adquiriera autonomía.
El documento también señala que Juan Carlos Padilla Aguilar fue nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México en 1989, durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza, que estuvo al frente de la entidad entre 1989 y 1993.
Posteriormente, en abril de 2017, Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, lo nombró delegado regional de esa dependencia en seis estados: Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.
Desde 2022, Padilla Aguilar encabezó en el Estado de México el Frente Cívico Nacional, organización en la que, según la presentación, participaron Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza. Estos antecedentes son relevantes porque la investigación también expuso sus vínculos políticos posteriores con integrantes de SOMOS.
Los primeros contratos electorales en el Estado de México
En 1992 se constituyó Formas Finas Fernando Fernández, empresa vinculada en la investigación con Raymundo Francisco Hernández Casillas, posteriormente en 1999, Cartonera Plástica, relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, comenzó a participar como proveedora de material electoral en el Estado de México.
Uno de los episodios que la secretaria destacó ocurrió en 2005, cuando el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) otorgó a Cartonera Plástica un contrato por 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral. La adjudicación estuvo rodeada de denuncias por presuntas irregularidades y sobornos. De acuerdo con la explicación presentada por el gobierno federal, el escándalo derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
De proveedores locales a contratos electorales
La expansión empresarial se aceleró entre 2012 y 2013, cuando los hermanos diversificaron sus empresas y comenzaron a obtener contratos con organismos electorales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
Un cambio institucional ocurrido en 2014 modificó el contexto de las contrataciones. Con la reforma electoral, la designación de los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) dejó de estar en manos de los congresos estatales y pasó al Consejo General del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova.
Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 organismos electorales locales adjudicaron contratos por un total de 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. La cifra incluye empresas identificadas en la presentación están Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
El desglose presentado por la Secretaría Anticorrupción atribuye 825.6 millones de pesos a Formas Finas y Materiales; 751.2 millones a Cajas Graf; 380.5 millones a Seriplast de México; 101.2 millones a Corporativo ZEG y 35.5 millones a Formas Finas Fernando Fernández.
Los contratos continuaron
Entre 2024 y 2025, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas consiguieron contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLE. El desglose presentado por el gobierno federal identifica 234.7 millones de pesos para Comercializadora JVLY; 181.9 millones para Cajas Graf; 123.7 millones para Corporativo ZEG y 105.9 millones para Formas Finas y Materiales.
Puebla registró el monto más alto, con 129.7 millones de pesos; Jalisco, 102.2 millones; Baja California, 76.6 millones, y Oaxaca, 64.9 millones.
La información muestra que las adjudicaciones a las empresas señaladas no terminaron con el cambio en la presidencia del INE.
Modus operandi
Uno de los puntos centrales de la presentación fue el supuesto mecanismo utilizado para competir en las licitaciones. La Secretaría Anticorrupción describió una red de empresas relacionadas entre sí que, pese a presentarse como participantes distintos, habrían simulado competencia para obtener contratos públicos.
El esquema expuesto contempla seis compañías y señala cinco prácticas que deben investigarse:
- El uso de una red de empresas fachadas para simular competencia en licitaciones públicas.
- Los vínculos entre proveedores y servidores públicos.
- La adjudicación de contratos a empresas que, según la presentación, no tendrían capacidad operativa, infraestructura o trabajadores registrados en nómina.
- El uso de personas vulnerables como prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales.
- El posible lavado de dinero y la utilización de empresas factureras.
Como ejemplo de la presunta utilización de prestanombres, la presentación menciona el caso de una mujer de 96 años. También identifica relaciones entre socios, representantes, apoderados y familiares de las distintas empresas.
Los vínculos con SOMOS y los exintegrantes del INE
Además de la trayectoria empresarial, Buenrostro expuso los vínculos políticos de Juan Carlos Padilla Aguilar con integrantes del partido SOMOS. Cuatro décadas después de su paso por el CISEN y el gobierno mexiquense, Padilla Aguilar coincidió en esa organización política con tres personajes relacionados con la estructura electoral: Marco Antonio Baños, representante suplente de SOMOS ante el INE; Edmundo Jacobo Molina, titular del Centro de Formación y Profesionalización Política del partido, y Lorenzo Córdova, integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investiguen las contrataciones y que se transparente la adquisición de material electoral. También aclaró que no se debe dar por hecho que una persona cometió una ilegalidad sin que las autoridades competentes lo determinen.
¿Quién debe investigar las posibles irregularidades?
La secretaria Anticorrupción explicó que el INE es un órgano constitucional autónomo, por lo que su revisión no corresponde directamente a su dependencia. La investigación y las posibles sanciones deberán atenderse desde las instancias con atribuciones para fiscalizar, investigar faltas administrativas o perseguir delitos.
La presentación asigna distintas tareas a cuatro instituciones:
- Auditoría Superior de la Federación (ASF): identificar posibles irregularidades en la asignación y administración de contratos públicos, determinar responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones correspondientes.
- Secretaría de Hacienda, a través del SAT y la UIF: investigar posibles redes de lavado de dinero, operaciones con empresas factureras y movimientos financieros irregulares.
- Fiscalía General de la República (FGR): investigar posibles delitos y proceder penalmente contra quienes resulten responsables.
- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: estudiar mecanismos para prevenir que esquemas similares se repitan en la Administración Pública Federal.
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