Retrasar una diligencia, negarse a practicarla o demorar el turno de un escrito al juzgado que debe atenderlo son conductas que pueden dar lugar a una denuncia administrativa. El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México dio a conocer este jueves las reglas para tramitar esas quejas, desde la decisión de admitirlas hasta la integración del expediente con el que se determinará si procede abrir un procedimiento de responsabilidad.
Los lineamientos están vigentes desde el 24 de octubre. El pleno del Tribunal, presidido por la magistrada Maricela Reyes Hernández, los aprobó por unanimidad el 12 de octubre mediante el acuerdo AGPTDJ/23/2026. La Gaceta del Gobierno lo publicó el 23 del mismo mes.
Qué pasa después de presentar la queja
La Presidencia del Tribunal decide si admite la denuncia. La investigación también puede comenzar de oficio o a partir de la intervención de una instancia facultada, como la Contraloría Interna.
Una vez que la persona investigadora recibe el asunto, tiene 48 horas para iniciar las diligencias. Ese plazo corre desde que el expediente llega a sus manos. La investigación tiene un plazo ordinario de seis meses, que excepcionalmente puede ampliarse por otros seis. La resolución del caso, si se abre un procedimiento de responsabilidad, corresponde a una etapa posterior.
La Unidad de Investigación reúne documentos y otros elementos para esclarecer los hechos. Si encuentra indicios suficientes, integra un informe de presunta responsabilidad y lo presenta para que se tramite el procedimiento. La Unidad de Substanciación conduce esa segunda etapa. Si los elementos reunidos son insuficientes, la autoridad investigadora debe explicar por escrito las razones para concluir y archivar el expediente.
El Poder Judicial informó que las labores se distribuirán entre las áreas regionales de Toluca, Texcoco, Tlalnepantla y Ecatepec. Los lineamientos también prevén el uso de herramientas digitales para gestionar los expedientes y proteger los datos personales.
Cómo denunciar y qué documentos sirven
La queja contra personal con funciones jurisdiccionales puede presentarse por escrito ante la Oficialía de Partes o mediante los mecanismos electrónicos que autorice el Tribunal. El escrito debe llevar nombre, firma y un domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones, además de una narración de los hechos y las pruebas que los respalden. Si los documentos están en poder de una autoridad, se puede indicar cuál los tiene bajo resguardo.
Para identificar la actuación que se denuncia, conviene precisar el juzgado, la fecha, el número de expediente y la diligencia o el trámite involucrado. Un acuse de recepción, una notificación o una constancia del expediente pueden ayudar a establecer cuándo ocurrió el hecho y quién debía intervenir.
El reglamento prevé denuncias anónimas. En esa modalidad se prescinde de la firma, pero es indispensable acompañar documentos que sustenten los hechos. Si faltan esas pruebas documentales, la denuncia se desecha.
La vía disciplinaria sirve para examinar la conducta del personal judicial. Para impugnar una resolución se utilizan los recursos previstos en el propio juicio. En ciertos casos relacionados con faltas contra la administración de justicia, la denuncia puede presentarse mientras el juicio sigue abierto y el inicio de la investigación o del procedimiento puede quedar suspendido hasta que el asunto concluya de manera definitiva.
Los lineamientos garantizan el derecho de audiencia y defensa de la persona señalada, así como la presunción de inocencia. En casos de posible discriminación, hostigamiento o violencia de género, el Tribunal debe considerar las circunstancias de cada caso, aplicar la perspectiva de género cuando corresponda y evitar la revictimización.
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