Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que de los 42 civiles muertos en el operativo policíaco realizado en mayo de 2015 en el rancho El Sol, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, 22 de ellos fueron “ejecutados de manera arbitraria” por elementos de la Policía Federal, y otros cuatro por “uso excesivo de la fuerza”.
La recomendación sobre el caso dado a conocer este jueves por el organismo nacional, señala que en todos estos casos las ejecuciones se cometieron cuando las víctimas estaban de espalda respecto de los elementos policíacos, cinco de ellos desde un helicóptero artillados, al cual nunca se le disparó.
De acuerdo con el diario La Jornada, en los casos de otros 21 cuerpos, que también fueron muertos por disparo de arma de fuego, la CNDH informó que “no contó la información técnica correspondiente” y veraz para determinar con exactitud las condiciones en las que perdieron la vida”, debido, esencialmente, a declaraciones inconsistentes de los elementos policíacos. Otro de los muertos fue producto de un atropellamiento.
En conferencia de prensa, el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, dio los detalles de la recomendación, en los cuales se acreditó que el lugar de los hechos fueron “manipulados” por la Policía Federal, quien resguardó el sitio durante poco más de cuatro horas, entre la conclusión del operativo y enfrentamiento y la llegada del Ministerio Público Federal.
Además, la recomendación señala que una veintena de los civiles muertos no portaban zapatos, camiseta o incluso pantalones, lo cual evidencia que en el momento del operativo estaban dormidos.
La misma recomendación señala que junto con la manipulación de escenario de los hechos, la Policía Federal también torturó a civiles, les sembró armas y cartuchos, además de que los cuerpos fueron colocados en un lugar, entre otras irregularidades.
Hay que recordar que el 22 de mayo de 2015, en el rancho de El Sol, en Tanhuato, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, donde perdieron la vida 43 personas, 42 de ellos civiles y un elementos policíaco.
En la presentación, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez precisó que junto con las ejecuciones arbitrarias, también hubo una manipulación de evidencias y tratos indignos al menos a dos cuerpos, además de otras violaciones a los derechos humanos.
González Pérez pidió que se castigue a los culpables que incumplieron con el procedimiento. “Los derechos humanos no son un recurso para la impunidad o la ilegalidad”, indicó.