Toluca, Estado de México; 7 de agosto de 2019.- Inacabable la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora salen a la luz pública las negociaciones ilegales con uno de los empresarios mexiquenses más reconocidos de la entidad: Roberto San Román Widerkehr. El caso tiene que ver con la adquisición irregular de dos barreras móviles, bajo la sombra igualmente corrupta de la constructora española OHL. Ahora la “papa caliente” está en manos del gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
A través de un reportaje difundido por el equipo de la periodista Carmen Aristegui en 2016, fue posible saber de la existencia de dos máquinas especiales que servirían para modificar el sentido de la circulación vehicular en el Viaducto Bicentenario, cuya construcción sobre el Periférico, inició en 2008, luego de que la española OHL, a través de su sucursal en México, Aleatica, ganará –sospechosamente a decir del abogado Paulo Diez Gargari- la licitación correspondiente.
En ese entonces se reportó que ambas unidades fueron suministradas por la empresa estadounidense Barrier Systems, perteneciente a Lindsay Corporation, pero “OHL lo compró a través de una empresa intermediaria con un nombre casi idéntico al de la empresa estadounidense: Operadora Barrier Systems de México, S.A. de C.V. Una compañía no reconocida como proveedor o subsidiria oficial”, se destaca en ese reportaje.
El asunto aquí es que justamente esa empresa no autorizada, se registró en 2007, en la Ciudad de México, apenas unas semanas después de que el gobierno federal de Enrique Peña publicara la licitación para construir el Viaducto elevado. “Casualmente” uno de los dueños pertenece a la familia San Román con quien el ex gobernador y ex presidente le unen fuertes lazos de amistad y hasta de compadrazgo.
De acuerdo a información de Aristegui Noticias, en diciembre de 2005 “Roberto San Roman Dunne, hijo de Roberto San Román Widerkehr, se convirtió en padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor de Peña Nieto”, pero antes de estrechar los lazos bajo las leyes católicas de esa manera, el entonces gobernador del Estado de México había adquirido una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, a una empresa perteneciente a San Román Widerkehr”.El valor de esa mansión fue de 5.6 millones de pesos, tiene una superficie de 2 mil 138 metros cuadrados y 850 metros cuadrados de construcción.
Pero, ¿qué tiene que ver esa situación reportada hace tres años con el actual gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo Del Mazo Maza? Porque apenas este martes, en el marco de la sesión ordinaria de la LX Legislatura, la mayoría de los diputados mexiquenses aprobaron un exhorto promovido por el grupo parlamentario de Morena, para que el Gobernador dé un informe detallado sobre este caso, ya que luego de ser compradas a sobreprecio, ambas máquinas fueron abandonadas durante más de diez años debajo de un puente en el Circuito Exterior Mexiquense.
“Alfredo Del Mazo tiene ahora la oportunidad de cambiar las cosas en el Estado de México, pero parece que prefiere hacer lo mismo que su antecesor –Eruviel Ávila- y nadar de “muertito” para llegar al final de su sexenio”, expresó el abogado Paulo Díez Gargari, entrevistado por Carmen Aristegui sobre el mismo tema: el caso de las dos unidades, adquiridas a 485 millones de pesos, cuando su costo original era de aproximadamente 240 millones de pesos, para después ser abandonadas.
Diez Gargari, quien lleva varios años denunciando irregularidades en la licitación otorgada a OHL para la construcción, tanto del Viaducto Bicentenario como del Circuito Exterior Mexiquense, había comentado en su cuenta de Twitter que los diputados locales del PRI –que por supuesto votaron en contra del exhorto, junto con los del PVEM- habían advertido del paso que iban a dar los morenistas en el congreso local.
Eso, a decir del abogado, dio tiempo para que el gobierno mexiquense desempolvara una de las máquinas en conflicto para que ésta anduviera por las calles del municipio de Nicolás Romero, como una manera de señalar que “no están abandonadas”. Sin embargo, el jurista señaló con Carmen Aristegui que ese tipo de máquinas son especiales y no pueden ser usadas en cualquier momento ni por cualquier persona.
Originalmente esas máquinas fueron adquiridas para “modificar el sentido de la circulación vehicular en el Viaducto, para modificar la carga vehicular en horas pico”, señaló en su momento el reportaje hecho por Aristegui Noticias, hace tres años. Sin embargo, OHL decidió que ya no le eran útiles y supuestamente las regresó al gobierno.
Fue entonces que ambas unidades fueron abandonadas durante más de diez. Sin embargo, el motivo de la indignación de los diputados mexiquenses y de la población en general, es que no solo se trata de dos vehículos tirados en equis lugar, sino de recursos públicos que fueron utilizados indebidamente y que, a decir de Diez Gargari tuvieron un solo objetivo: servir para concretar un acto más de corrupción del gobierno peñista en contubernio con la constructora española OHL –que en su país es investigada por actos de sobornos.
Foto: Paulo Diez Gargari
Tras calificar la situación como lamentable, el abogado especialista en este tema, por las diversas denuncias que ha presentado en los últimos años, destacó que la compra de esas unidades aparece como si Aleatica –filial de OHL en México- la hubiera hecho directamente con sus recursos, por lo que pasaban a formar parte de toda la obra licitada, y por la cual estaba cobrando 200 millones de pesos mensuales.
El asunto, acusó Diez Gargari, -que aprovechó para inculpar de todo este asunto al ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, su "villano"favorito- no termina allí, ya que por sí no fuera bastante todo este entramado de corrupción, resulta que a OHL se le pagó a través de un crédito otorgado por Banobras, el cual también debe pagarse, de allí que destacó la postura de los diputados mexiquenses, especialmente de Morena, de buscar frenar este tipo de actos y exigir que las autoridades mexiquenses den respuesta a estos casos.
Dijo entonces que el gobernador Alfredo del Mazo tendrá que presentar pruebas contundentes, como bitácoras del uso de la máquina que fue puesta a circular, para demostrar que sí se ha estado usando y que no se trata de un fraude o un engaño a la población.
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