El colibrí promete movimiento, vida, transformación. Es el símbolo de un gobierno que se presentó como cambio. Ligero, veloz, casi invisible… pero siempre en movimiento.
Pero hay un territorio donde ese colibrí no aterriza: la infancia mexiquense.
En el Estado de México viven cerca de 5 millones de niñas, niños y adolescentes. De ellos, más del 56 % está en pobreza y alrededor de 8 % en pobreza extrema. No es un matiz estadístico: es la condición estructural de la niñez en la entidad.
Traducido: la mitad de la infancia crece sin condiciones mínimas garantizadas.
Hay un niño en un semáforo. Tiene diez años, quizá once. Limpia parabrisas mientras la luz está en rojo. Cuando cambia a verde, corre. No sabe que forma parte de otro dato: en el Estado de México hay al menos 319 mil menores en trabajo infantil.
No es excepción. Es sistema.
Entre 2020 y 2022, la pobreza infantil disminuyó algunos puntos. También bajó la carencia alimentaria, de casi 30 % a 23.5 %. Es un avance. Pero al mismo tiempo ocurrió algo más grave: la carencia por acceso a servicios de salud subió a casi 49 %.
Casi uno de cada dos niños.
La infancia mexiquense puede comer un poco mejor… pero tiene menos acceso a un médico.
Ese no es un matiz técnico. Es una falla estructural del Estado.
La violencia termina de cerrar el cuadro.
Solo en 2023, hospitales registraron en la entidad 4,998 atenciones a menores por violencia familiar, 1,575 por violencia sexual y 1,530 por violencia física. A eso se suman más de 11 mil embarazos en adolescentes de entre 10 y 17 años.
No es un problema de seguridad.
Es un problema de entorno social roto.
La escuela, que debería ser refugio, tampoco logra contener la fractura. En media superior, el abandono escolar ronda el 7–8 %, uno de los puntos críticos del sistema. Ahí se rompe la trayectoria: por pobreza, por violencia, por embarazo, por necesidad de trabajar.
Cuando un adolescente sale de la escuela en el Edomex, no entra al futuro.
Entra a la sobrevivencia.
La política pública intenta responder. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México opera programas alimentarios, de asistencia social y protección. En 2024 ejerció miles de millones de pesos en apoyos y cumplió metas operativas: raciones entregadas, cursos, capacitaciones.
Pero el dato clave no está en lo que entrega… sino en a cuántos alcanza.
La cobertura efectiva de atención a infancia vulnerable es mínima frente al universo total. Es decir: el aparato funciona, pero no escala.
Y ahí aparece la contradicción central del gobierno del cambio.
Porque no estamos ante un Estado ausente.
Estamos ante un Estado que administra la precariedad.
Encabezado por Karina Labastida Sotelo, el sistema asistencial tiene estructura, reglas y presupuesto. Pero enfrenta un límite: no modifica las trayectorias de vida de manera estructural.
El Excel está en orden. La realidad, no.
Por eso el 30 de abril es, más que una celebración, un espejo incómodo.
Mientras el discurso institucional reparte dulces, la evidencia muestra otra cosa:
niños trabajando, niñas siendo madres, adolescentes abandonando la escuela, cuerpos pequeños enfrentando violencia cotidiana.
El colibrí vuela.
Pero no alcanza.
Y ahí está la clave política.
Porque la función del Estado frente a la infancia no es celebrar, ni asistir, ni administrar. Es garantizar condiciones de desarrollo. Es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es intervenir donde el mercado y la familia fallan.
Eso no está ocurriendo a la escala necesaria.
El balance es duro, pero verificable: hay avances parciales, sí. Pero la estructura sigue intacta.
Y mientras eso no cambie, la infancia en el Estado de México seguirá siendo lo que hoy es:
Una promesa que no despega.
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