Las leyes suelen cambiar palabras.
Algunas modifican procedimientos.
Unas cuantas alteran instituciones.
Pero sólo unas pocas intentan redefinir una manera de entender el mundo.
Eso es lo que vuelve particularmente interesante el anteproyecto de Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Durante semanas la discusión pública se ha concentrado en los síntomas: el paro estudiantil, la crisis de sucesión rectoral, la elección de autoridades, la consulta universitaria y el voto directo. Todo eso importa. Pero quedarse ahí es como analizar una fiebre sin preguntarse por la enfermedad.
La verdadera discusión es más profunda.
Por primera vez en décadas, la UAEMéx está debatiendo qué tipo de universidad quiere ser.
Y detrás de esa pregunta se esconde otra aún más importante: qué tipo de sociedad quiere ayudar a construir.
Una crisis que no era electoral
Sería un error interpretar el movimiento estudiantil únicamente como una reacción frente a un proceso de sucesión cuestionado.
Las crisis universitarias rara vez nacen por un solo acontecimiento.
Los acontecimientos las detonan.
Las causas suelen acumularse durante años.
La inconformidad estudiantil reveló algo que ya existía: una creciente distancia entre las estructuras formales de gobierno y una generación que reclama participación, transparencia y capacidad real de incidencia.
La discusión dejó de ser quién ocuparía la Rectoría.
La discusión pasó a ser quién tiene derecho a decidir el rumbo de la institución.
Y esa pregunta inevitablemente terminó alcanzando a la propia Ley Universitaria.
El cambio conceptual
Lo más novedoso del documento no está en los mecanismos electorales.
Está en su lenguaje.
Durante buena parte del siglo XX la universidad mexicana se definió como una institución encargada de enseñar, investigar y difundir cultura.
El anteproyecto conserva esas funciones, pero incorpora una visión distinta.
La Universidad deja de aparecer como una entidad dedicada exclusivamente a producir conocimiento y comienza a asumirse como un actor comprometido con la transformación social, el bienestar colectivo, la sustentabilidad, la inclusión y la atención de problemas públicos.
No es un ajuste semántico.
Es un cambio de paradigma.
La pregunta ya no es solamente qué sabe la universidad.
La pregunta es para quién sirve lo que sabe.
La política entra por la puerta grande
Toda universidad es política.
Lo ha sido siempre.
Lo fue Salamanca.
Lo fue Bolonia.
Lo fue la UNAM de Vasconcelos.
Lo fue Córdoba en 1918.
Lo fue el Politécnico cardenista.
Lo fue la Universidad latinoamericana durante las luchas democráticas del siglo XX.
La diferencia es que algunas épocas intentan ocultarlo.
Otras lo reconocen.
El anteproyecto pertenece claramente a las segundas.
Su lenguaje está atravesado por conceptos que hoy forman parte del debate político nacional: justicia social, inclusión, acceso universal al conocimiento, bienestar colectivo, diálogo de saberes, interculturalidad y responsabilidad pública.
Eso explica buena parte de las resistencias.
Porque el documento no sólo modifica reglas.
También desplaza referencias ideológicas.
Durante las últimas décadas muchas universidades mexicanas fueron influenciadas por una visión donde la excelencia académica se medía principalmente mediante productividad, indicadores, rankings internacionales y competencia institucional.
La nueva propuesta no elimina esos criterios.
Pero les resta centralidad.
Ahora coloca en primer plano la utilidad social del conocimiento.
Y ahí aparece el verdadero debate político.
La soberanía del conocimiento
Uno de los conceptos más interesantes del texto es el de soberanía epistémica.
No es una ocurrencia.
Es una discusión internacional.
Durante décadas América Latina consumió teorías producidas en otras latitudes para explicar problemas propios.
No pocas veces terminó importando respuestas antes de formular correctamente las preguntas.
La idea de soberanía epistémica plantea algo distinto.
No rechaza la ciencia universal.
No niega la colaboración internacional.
Tampoco propone encerrarse en el nacionalismo académico.
Lo que plantea es algo más elemental.
Que las universidades mexicanas investiguen también desde las necesidades mexicanas.
Que el conocimiento dialogue con el territorio.
Que la pobreza de Ecatepec, la escasez de agua en el Valle de Toluca, la violencia de género o la degradación ambiental no sean únicamente objetos de estudio, sino problemas cuya solución forme parte de la misión universitaria.
El fin del monopolio académico
Hay otro elemento que merece atención.
El documento incorpora la noción de inclusión epistémica y reconoce el valor de saberes comunitarios, ancestrales y originarios.
Esto probablemente generará debate.
Y es natural que así sea.
Las universidades nacieron precisamente para producir conocimiento validado mediante métodos rigurosos.
Sin embargo, la propuesta no plantea sustituir la ciencia por creencias.
Lo que propone es ampliar la conversación.
Reconocer que la experiencia histórica de las comunidades también puede aportar información valiosa para comprender la realidad.
La ciencia conserva su lugar.
Pero deja de reclamar exclusividad.
El trasfondo generacional
Resulta imposible entender esta reforma sin observar el contexto más amplio.
La UAEMéx no es la única institución que atraviesa tensiones.
Chapingo vive conflictos internos.
El Politécnico registra expresiones periódicas de inconformidad.
Diversas universidades públicas enfrentan discusiones similares.
Existe una generación que ya no acepta que la autoridad se legitime únicamente por tradición.
Quiere participar.
Quiere fiscalizar.
Quiere conocer cómo se toman las decisiones.
Y sobre todo quiere saber por qué se toman.
En el fondo, las universidades están experimentando el mismo fenómeno que atraviesa la democracia contemporánea.
Menos obediencia automática.
Más exigencia de legitimidad.
La disputa real
Por eso la discusión sobre el voto directo para rector, siendo importante, no es la más trascendente.
La cuestión verdaderamente histórica es otra.
¿La universidad debe existir principalmente para reproducir conocimiento o para transformar la realidad?
¿Debe responder prioritariamente a estándares académicos globales o a necesidades sociales concretas?
¿Debe formar especialistas o ciudadanos?
¿Debe producir excelencia o bienestar?
Las respuestas fáciles suelen ser falsas.
Una universidad seria necesita ambas cosas.
Excelencia y compromiso.
Rigor y pertinencia.
Libertad intelectual y responsabilidad social.
El desafío consiste en encontrar el equilibrio.
Una reforma que refleja su tiempo
Las universidades son espejos de la época.
El positivismo moldeó universidades positivistas.
El nacionalismo revolucionario moldeó universidades nacionalistas.
La globalización moldeó universidades obsesionadas con rankings y métricas.
Esta reforma refleja otro momento histórico.
Uno marcado por el regreso de la discusión sobre desigualdad, justicia social, comunidad, territorio y bien común.
Por eso el verdadero significado del anteproyecto no está en sus procedimientos.
Está en su filosofía.
La UAEMéx parece decir que la universidad del siglo XXI no puede limitarse a observar la realidad desde la ventana.
Tiene que involucrarse en ella.
Esa es la apuesta.
Y también el riesgo.
Porque cada vez que una institución redefine su misión, inevitablemente redefine su relación con el poder.
Y en el Estado de México, como en cualquier lugar del mundo, pocas discusiones son tan delicadas como decidir para quién existe el conocimiento.
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