Al pronunciar su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que: “México alcanzó una cifra récord de 60 millones de personas ocupadas, manteniendo una tasa de desempleo de tan solo 2.7 por ciento durante el mes de agosto”. Es, desde luego, una de las tasas de desocupación más bajas del mundo hoy en día, pero a la que hay que comprender con todos sus matices, porque a su interior hay gran complejidad.
En primero término, hay que aclarar que dentro de ese volumen enorme de personas laborando, más de la mitad lo hacen en lo que los economistas llaman “la informalidad”. En efecto, al primer trimestre de 2026, según la ENOE, el 54.8 % de quienes trabajan lo hacen sin seguridad social ni protección institucional plena. De ellos, casi tres de cada diez se ocupan en el sector informal propiamente dicho (micronegocios no registrados), pero el resto se distribuye entre empresas formales, el sector agropecuario y el trabajo doméstico remunerado.
Ahora, también hay que decirlo como es: la “informalidad” en nuestro país no es un dato más del mercado de trabajo: es el escenario principal donde se gana la vida más de la mitad de la población ocupada. Es decir, la informalidad atraviesa toda la economía. La pregunta que se impone es inevitable: ¿esto se debe a errores acumulados de política económica y fiscal, o está más relacionado con fenómenos socioculturales profundos?
La respuesta más pertinente es que no se trata de un “o” sino de un “y”. Dicho en otras palabras, la alta informalidad mexicana es el resultado de la interacción persistente entre fallas estructurales de política económica y fiscal con las dinámicas culturales y relacionales de las clases populares. Separar ambos planos es un ejercicio analítico útil, pero insuficiente para entender la realidad.
El resultado es un sistema que, en la práctica, penaliza la formalidad y premia la informalidad: el trabajador formal financia con sus cotizaciones un sistema del que muchos otros se benefician sin contribuir.
Para ningún mexicano es desconocido que el diseño institucional mexicano ha generado incentivos perversos para que exista la informalidad. Formalizar una microempresa o un trabajador implica costos elevados —trámites, impuestos, cuotas obrero-patronales, rigideces laborales percibidas— mientras que los beneficios (acceso a crédito, justicia, seguridad social de calidad) suelen ser lejanos, inciertos o de baja calidad. Esto ha sido así de manera histórica. Pero, recientemente, el Estado ha expandido de manera importante programas no contributivos de salud, pensiones y transferencias. El resultado es un sistema que, en la práctica, penaliza la formalidad y premia la informalidad: el trabajador formal financia con sus cotizaciones un sistema del que muchos otros se benefician sin contribuir. A ello se suma la incapacidad crónica del sector “formal” de la economía para generar empleos bien remunerados al ritmo del crecimiento de la fuerza laboral.
Otro matiz proviene del modelo productivo que tenemos. Hace décadas, cuando tuvimos los modelos de “sustitución de importaciones” y después el de “apertura comercial”, un núcleo formal relativamente pequeño era acompañado por un amplio sector de baja productividad donde se concentra la mayoría de la población. Hasta hoy la proporción se mantiene: mientras el 45 % de los ocupados formales generan cerca del 75% del PIB, el 55 % informal aporta solo alrededor del 25 %. La brecha de productividad es abismal y se traduce en ingresos: el promedio formal casi duplica al informal.
Por otro lado, no podemos olvidar las diferencias regionales que hay en nuestro país. En el norte (Coahuila, Nuevo León, Chihuahua) la informalidad ronda el 34-38%; en el sur (Oaxaca, Guerrero, Chiapas) supera el 70%. Donde hay inversión, infraestructura y articulación a cadenas productivas, la formalidad es mayor. Donde no, la informalidad se consolida como la norma. En este sentido, sí hay errores y omisiones de política: insuficiente generación de empleo formal de calidad, costos de formalización desproporcionados para la realidad de las microunidades económicas, y un sistema de protección social que, al no estar bien articulado con el empleo, distorsiona los incentivos.
Sin embargo, reducir la explicación a “errores de política” es incompleto. La “informalidad” no es solo el residuo de lo que el sector formal no logra absorber. Es también una forma histórica y culturalmente densa de organizar el trabajo y la reproducción social de amplios sectores populares. En los tianguis, los puestos de comida, las fondas, la albañilería, el comercio de barrio, el trabajo doméstico y las economías campesinas se despliega un repertorio de prácticas, saberes y relaciones que no se agotan en la “falta de empleo formal”.
Como ya lo hemos comentado en otras ocasiones en este mismo espacio, se trata de economías embebidas en redes de parentesco, compadrazgo, vecindad y paisanaje. Estas redes funcionan como sistema de seguridad social de facto: facilitan acceso a capital inicial, información, protección ante imprevistos y apoyo mutuo. Ofrecen, además, algo que el empleo formal rígido y mal remunerado no siempre garantiza: autonomía sobre el tiempo, flexibilidad para combinar trabajo remunerado con cuidados (especialmente para las mujeres) e ingreso inmediato en efectivo.
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En este sentido, se puede sostener que la persistencia del sector informal puro (que incluso aumentó ligeramente su peso relativo desde 2005) y la estabilidad del trabajo doméstico remunerado no se explican solo por barreras de entrada al formal. Reflejan también preferencias y estrategias tomadas por la gente dentro de contextos de baja confianza institucional, percepción de corrupción y experiencia de que “cumplir no siempre reditúa”.
Basta con echar una mirada a nuestros pueblos y ciudades para constatar que, en muchos casos, la informalidad no se vive primariamente como ilegalidad o precariedad, sino como forma legítima y creativa de ganarse la vida. Ellos no se sienten excluidos, porque, de cualquier modo que se les mire, son agentes que navegan, resisten y se adaptan a un entorno estructuralmente hostil construyendo alternativas desde abajo.
Ignorar las dimensiones socioculturales conduce a políticas que chocan con las lógicas populares y terminan siendo ineficaces o incluso contraproducentes.
El enfoque exclusivamente economicista tiende a ver la informalidad como un problema a “erradicar” mediante más regulación, simplificación de trámites o incentivos fiscales. Eso es necesario, pero insuficiente. Ignorar las dimensiones socioculturales conduce a políticas que chocan con las lógicas populares y terminan siendo ineficaces o incluso contraproducentes. Formalizar no puede significar solo “registrar y cotizar”; tiene que significar ofrecer un paquete de beneficios tangibles, accesibles y de calidad que compita con las ventajas reales que hoy ofrece la informalidad.
Pero, ojo, en el otro extremos, no se debe romantizar la informalidad como pura expresión de cultura popular. Los datos son contundentes: en la informalidad los ingresos son en promedio más bajos, la vulnerabilidad ante enfermedades, vejez o desempleo es mayor, y las brechas de género se reproducen con fuerza (los hombres ganan consistentemente más, y la mayor distancia está precisamente en el sector informal). Las personas que producen los alimentos del país —el ámbito agropecuario— tienen los ingresos laborales más insuficientes. La informalidad sostiene la supervivencia, pero también reproduce pobreza y desigualdad intergeneracional.
Por tanto, más que mirar una disyuntiva ineludible (que dictaría acabar con la informalidad), debe ponerse atención en que, el tamaño que hoy tiene la economía informal en el país, es la forma concreta en que se ha resuelto históricamente la tensión entre un modelo de desarrollo excluyente y la necesidad de las mayorías de reproducir su vida material y social.
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