Toluca, México; 6 de mayo de 2019. En el Estado de México existen dos plantas cementeras que están incinerando residuos solidos generados en la ciudad de México sin ningún tipo de control, lo que genera problemáticas ambientales por emisiones arrojadas a la atmósfera, las cuales contribuyen de manera considerable a la mala calidad del aire en la zona metropolitana, explicó, en conferencia de prensa, Jorge Tadeo Vargas, coordinador de campañas del Laboratorio en Investigación y Desarrollo Comunitario LIDECS y miembro de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración en la Facultad de Geografía de la UAEMéx.
Mencionó que Cemex Barrientos, en Tlalnepantla, es una empresa que está inhabilitada para la producción de cemento y funciona sólo como un horno; en el caso de esta empresa se “coprocesan” 7 mil toneladas al día, como se indica en un convenio firmado a finales de 2011, que también señala que esta empresa cobra al gobierno de la Ciudad de México 600 pesos por tonelada de basura incinerada.
Por tratarse de una empresa cerrada para la fabricación de cemento no es posible saber cuáles son los procesos que se realizan, sin embargo, explicó, el reporte que se presenta de emisiones de dióxido de carbono, dioxinas, furanos y bencenos indica que se trata de incineración de basura, ya que son gases relacionados, principalmente, con esta actividad.
Holcim-Apasco, ubicada en lo que se llama región de sacrificio por la cantidad de industrias contaminantes que existen, se une a las cuatro cementeras que operan en Hidalgo y alcanzan al Estado de México por zona de influencia; en esta empresa se queman alrededor de 127 mil toneladas al año de residuos peligrosos y de manejo especial y ha solicitado al gobierno federal un aumento de 55 mil toneladas más. En este momento un proceso legal interpuesto por la comunidad ha detenido este incremento.
En la conferencia de prensa, también estuvo presente Eduardo Giesen Amtmann -miembro del colectivo Viento Sur, con más de 20 años de experiencia en temas de justicia socio-ambiental- quien ha seguido los acontecimientos de las cementeras durante 10 años; mencionó que la situación no sólo se ha mantenido sino que ha empeorado en términos de la calidad de aire de Apasco, Atotonilco y Tula y del agua; dijo que donde las empresas privadas operan sin control ni cumplimiento de normas.
Las poblaciones alrededor de estas plantas se ven afectadas desde diversas perspectivas, por lo que Eduardo Giesen Amtmann hizo un llamado a la organización de las poblaciones afectadas y a las autoridades para velar por el bienestar y la calidad de vida de las comunidades y no por los intereses privados que están detrás de estos procedimientos y estos negocios.
Asimismo, la doctora Brisa Carrasco, de la Facultad de Geografía de la UAEMéx, mencionó que existe una preocupación por las iniciativas que van en pro de la incineración de residuos: la primera es la presentada por la Semarnat el 1 de febrero de 2019, en la que se contempla a la incineración como una forma de “lidiar” con los residuos sólidos urbanos, así como las iniciativas del Senado para modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El pasado 7 de marzo se consideró en el Senado la obligatoriedad de las entidades para promover la incineración, con la asesoría de la empresa alemana G y Z, agencia proveniente de un país que, dijo la doctora, tiene el peor historial de manejo de residuos.
Ante una crisis de las empresas cementeras en México y el mundo, la incineración es una posibilidad de que éstas ahorren el combustible y, además reciban estímulos económicos por servicios ambientales, en detrimento del bienestar y salud de las comunidade, así como del medio ambiente.
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