Claudia Castello Rebollar, secretaria Nacional de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática, refirió que fue el 31 de julio del 2015 cuando los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco formaron parte de la declaratoria.
Detalló que según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de enero de 2015 a diciembre de 2016, se cometieron 626 asesinatos de mujeres, de los cuales el 47 por ciento de los casos, es decir, 296, fueron investigados como feminicidios.
De enero de 2015 a junio de 2016, dijo, se cometieron 550 asesinatos contra mujeres en la entidad, de los cuales solo el 18 por ciento se investigan como feminicidios.
Comentó que las cifras varían de una dependencia a otra y lamentó que no se cuente con un banco de datos de mujeres agredidas y de mujeres que han muerto a causa de feminicidios.
Por su parte, la investigadora de la UNAM, María Marcela Lagarde y de los Ríos, señaló que es esencial que se estudie de fondo las causas que llevan a los agresores a cometer un femicidio, es decir, llegar a la raíz del problema.
Puntualizó que por feminicidio se entiende la muerte misógina, el crimen de odio contra mujeres y niñas por el solo hecho de ser mujeres; muertes enmarcadas en relaciones de poder, dominación y discriminación.
Señaló que, si bien es preocupante el aumento en los casos de feminicidio, también se debe ahondar en las diversas formas de violencia contra las mujeres como la sexual, económica, insultos, acosos, pirosos, groserías y toqueteos.
La etnóloga consideró que para que funcione la Alerta de Género deben establecerse plazos específicos, calendarizar objetivos y realizar una planeación real para abatir la violencia.
Al respecto, los panelistas sugirieron una iniciativa para la creación de una Comisión especial de seguimiento de feminicidios en territorio mexiquense, pugnar por recursos para la atención de víctimas en los diversos municipios y que el Congreso evalué a través de un contralor, la respuesta de las autoridades municipales.
Durante el debate estuvieron presentes familiares de mujeres desaparecidas, de víctimas de feminicidio y de agresiones a menores de edad; pidieron que la alerta se extienda a todo el Estado y no se quede solamente en 11 municipios, al tiempo que exigieron que las autoridades dejen de dar cifras falsas de la problemática y que simulen políticas públicas para la atención del tema.