Toluca, Estado de México; 22 de octubre de 2019.- El 28 de octubre de 2017, Eugenia Machuca, de 35 años de edad, fue asesinada. A su homicida Ricardo "N" acaban de dictarle sentencia por 43 años y 9 meses de cárcel, así como una multa para reparación del daño por 165 mil 323 pesos, cantidad que a decir del abogado de la familia de la víctima, Gadiel Alcaraz, es insuficiente, en términos de justicia.
Explicó además que, en este caso, han ocurrido diversas irregularidades: en un principio, se mencionó que la muerte de la mujer, madre de tres hijos, fue causada por un atropellamiento; también se eliminó del juicio la condición de feminicidio porque no pudo comprobarse la relación emocional que la víctima mantenía con el homicida.
No obstante, dijo el abogado, no existe duda de que Eugenia murió debido a las lesiones que, de manera violenta, le fueron provocadas por sus condiciones ligadas al género.
En conferencia de prensa, el abogado señaló que la sentencia dictada a Ricardo “N” de 43 años 9 meses es una pena entre la intermedia y la mínima; consideró además que el juicio no se realizó con la suficiente pericia y que hubo un ejercicio discrecional en el que se aplicó una ley menor.
Acompañado por Angélica Téllez, presidenta del Observatorio Ciudadano de Género en el Estado de México y por Karina Guadarrama, de la asociación civil Más vida, más igualdad, el jurista explicó que debido a que el caso no era atendido eficientemente por la Comisión de Atención a Víctimas, se revocó la defensa para otorgársela al grupo técnico de Más vida, más igualdad.
Sin embargo, mencionó que un peritaje efectuado por la Comisión de Atención a Víctimas, consideró que el monto de reparación del daño era de 2 millones 112 mil pesos, al tomar en cuenta el lucro cesante, es decir, cuando la persona muere y deja de producir para su familia la manutención respectiva.
Ese aspecto no fue previsto por la juez que dictó la sentencia al responsable de la muerte de Eugenia, con base en el Código Penal y no contempló la existencia de los hijos de la víctima. Esto, a pesar de que el propio abogado le solicitó a la juez que utilizara el criterio convencional en relación al principio pro persona.
Gadiel Alcaraz explicó que el artículo primero constitucional, párrafo tercero, señala que se debe aplicar la norma que más beneficie la protección del derecho humano vulnerado, en esta caso la vida.
Por su parte, Angélica Téllez mencionó que para los colectivos y la sociedad civil existe un desacuerdo con el tratamiento que se ha dado a este homicidio, y en su opinión es necesario cambiar al personal de la Comisión de Atención a Víctimas, ya que la fiscal de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Dilcya García Espinoza de los Monteros, tiene muchos compromisos que pagar, por lo que debe ser removida del cargo-
A pesar de que todavía no hay una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consideraron que su intervención es importante para que se investiguen las irregularidades de este caso.
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