La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México aseguró este martes que continuará con un «análisis exhaustivo de las actuaciones de la Procuraduría General de la República» (PGR) en el caso Iguala, «a fin de no dejar un solo cabo suelto».
El objetivo de dicho análisis es determinar si hubo «violaciones graves a los derechos humanos» derivados de los hechos ocurridos el 26 septiembre pasado en Iguala, cuando policías atacaron a tiros a decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, indicó en un comunicado.
La CNDH ha pedido la información a las diferentes autoridades para determinar «cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que se cometieron antes, durante y con posterioridad a los hechos, particularmente las relacionadas con las diligencias ministeriales practicadas».
La PGR, que asumió la investigación de la desaparición de 43 estudiantes una semana después de los hechos, dijo haber comprobado «científicamente» y «a plenitud» que los jóvenes fueron asesinados e incinerados por miembros del cártel Guerreros Unidos al creer que pertenecían a un grupo rival.
La CNDH, con las víctimas
Los familiares respondieron que no hay pruebas científicas que confirmen la versión de la fiscalía, a la que acusan de pretender cerrar el caso por la cercanía de las elecciones, y anunciaron que acudirán a instancias internacionales.
La CNDH dijo que «entiende el dolor de las familias, su desesperación por conocer el paradero de los jóvenes y su demanda de justicia, por lo que mantendrá abierto el expediente de queja respectivo».
Agregó que agotará todas las vertientes de la investigación y que continuará con su acompañamiento a los familiares de las víctimas.
Destacó que «no anticipará conclusiones sobre las violaciones a los derechos humanos y, al término de su investigación, hará el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda».
Asimismo, reiteró su absoluto respeto a la libertad de expresión y pidió no estigmatizar a los jóvenes desaparecidos, a sus familias ni a sus representantes, quienes hoy advirtieron de que hay «visos de represión en el estado de Guerrero».
En una rueda de prensa en la capital mexicana para responder a las conclusiones del caso presentadas este martes por el fiscal general, Jesús Murillo, el abogado Vidulfo Rosales indicó que hay «señales claras» de que el Gobierno utilizará la fuerza para sofocar su movimiento.
(20minutos.es)