Jorge Olvera García, exrector de la UAEMéx y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, reaparece en el escenario público como aspirante a una magistratura familiar en la elección judicial de 2025. Su trayectoria combina una sólida formación académica, décadas de gestión universitaria y un paso por organismos defensores de derechos, aunque no ha estado exenta de momentos controvertidos.
Esta retrospectiva reconstruye su paso por cargos clave del Estado de México y los cuestionamientos que hoy lo acompañan.
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Decisiones y posicionamientos durante su presidencia en la Codhem
En agosto de 2017, la Legislatura del Estado de México designó a Jorge Olvera García como presidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal. Su nombramiento fue respaldado por ocho partidos políticos —PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, PVEM, Nueva Alianza y PT—, un apoyo amplio que fue cuestionado por el grupo parlamentario de Morena, al considerar que la designación respondió a criterios de reparto político más que a méritos institucionales.
Durante su gestión, Olvera impulsó la creación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Codhem, un esfuerzo por alinear el trabajo interno con el Código de Ética del servicio público. Sin embargo, lo que marcó su paso por la Comisión fue la caída histórica en la emisión de recomendaciones. Mientras entre 2004 y 2017 el promedio anual era de 34, en sus cuatro años al frente apenas sumaron 33 en total.
“Nosotros no estamos esperando llenar una estadística”, dijo en entrevista para AD Noticias. Para Olvera, el objetivo debía estar en la prevención más que en la sanción, y sentencio: “si el fin de una Comisión es emitir una recomendación, ciérrenla”.
Estas declaraciones abrieron un debate sobre la función de las comisiones de derechos humanos y su papel frente a las violaciones documentadas.
Las llamadas de atención
Durante su mandato, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones dirigidas a la Codhem.
- La que más llamó la atención mediática (63/2020) estuvo relacionada con el desalojo de mujeres activistas en la Visitaduría General de Ecatepec, quienes mantenían una ocupación pacífica en demanda de justicia por casos de violencia de género. La CNDH señaló una actuación omisa por parte de la Codhem, en tanto garante de los derechos humanos. La recomendación también fue dirigida al entonces fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, quien hoy aspira a una magistratura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Congreso local reaccionó con un exhorto unánime en el que se pidió evitar la criminalización de la protesta. “Se están echando la bolita”, acusó en tribuna el diputado Julio Alfonso Hernández.
- En otro caso, la Comisión Nacional observó la conclusión anticipada de una queja por presuntos actos de tortura y dilación en una investigación penal. Según la recomendación (36/2017), la Codhem no agotó las líneas de indagación ni aplicó los principios de debida diligencia. Se solicitó reabrir el expediente y revocar el acuerdo de cierre.
- Aunque la recomendación 57/2018 fue dirigida al entonces gobernador Alfredo Del Mazo, incluyó también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por su actuación en un caso de acoso laboral contra una trabajadora del sector salud en Nezahualcóyotl. La mujer denunció agresiones físicas y psicológicas por parte de su jefa inmediata, las cuales se intensificaron tras notificar su embarazo y durante su periodo de lactancia. La CNDH concluyó que la Codhem careció de perspectiva de género al analizar la queja, pues no consideró debidamente el contexto de violencia y la situación de vulnerabilidad de la víctima.
Al concluir su periodo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García decidió no buscar la reelección. Señaló que su intención era no convertirse en un factor de polémica o desunión dentro del organismo. Aunque previamente había manifestado interés en continuar, justificó su decisión en medio de críticas que lo vinculaban al caso de la Estafa Maestra.
Jorge Olvera y la Estafa Maestra: el rectorado que guardó silencio
Antes de su paso por la Codhem, Jorge Olvera García fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) entre 2013 y 2017. Durante su gestión, impulsó transformaciones en la estructura universitaria, como la conversión de unidades académicas en centros universitarios, la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios y programas culturales como Abril, mes de la lectura.
Sin embargo, su rectorado coincidió con el periodo en que la universidad se vio involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción del país: la Estafa Maestra.
El origen
La investigación periodística publicada en 2017 por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se basó en las auditorías a las cuentas públicas del gobierno federal correspondientes a los años 2013 y 2014. Fue desde la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entonces encabezada por Muna Dora Buchain (2008–2018), que se identificó el esquema de triangulación de recursos públicos a través de convenios firmados entre dependencias federales y universidades públicas. En ese periodo, Jorge Olvera García ya formaba parte de la estructura directiva de la UAEMéx: antes de asumir la rectoría, se desempeñó como abogado general de la institución.
El contrato
Entre 2012 y 2014, la UAEMéx firmó al menos 28 convenios con 10 instancias gubernamentales, por un monto superior a 1,431 millones de pesos. Aunque tanto Rosario Robles como Jorge Olvera han negado su implicación directa, al menos uno de esos convenios —por 335 millones de pesos— fue firmado en junio de 2013, en el primer mes como rector de Olvera. El documento lleva su firma, la de Robles, como titular de Sedesol, y la del entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, como testigo de honor.
Olvera ha sostenido que esos convenios formaban parte de una política de continuidad administrativa; también ha declarado que su administración atendió todas las observaciones legales correspondientes. Asegura además que no existe ninguna denuncia en su contra y ha llegado a cuestionar la veracidad del reportaje, afirmando que “ni existió estafa, ni es maestra”.
La omisión
Entre 2014 y 2016, la ASF notificó a la Contraloría Universitaria de la UAEMéx sobre 46 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) relacionados con esos convenios. Durante ese periodo, Jorge Olvera encabezaba la rectoría e Ignacio Gutiérrez Padilla fungía como contralor.
Según el Segundo Informe Cuatrimestral 2023 del Órgano Interno de Control (OIC) de la UAEMéx, los 46 procedimientos prescribieron por inacción deliberada. No se integraron expedientes, ni hubo registros, folios, acuerdos ni sellos. Además, la universidad promovió un amparo para evitar que su personal fuera considerado servidor público y, con ello, eludir sanciones bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El mismo informe del OIC señala que entre 2014 y 2020 no se integró ni un solo expediente vinculado a los procedimientos notificados por la ASF. El desorden administrativo, la omisión institucional y la falta de voluntad para aplicar la ley facilitaron que el caso prescribiera sin consecuencias internas:
“… se advierte que no existió ningún registro o integración de los 46 expedientes relacionados con la Estafa Maestra, por parte de la entonces Contraloría Universitaria, quienes en concreto no hicieron nada.”
Años más tarde
En 2023, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de México presentó un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que informara sobre los avances en la investigación de la Estafa Maestra. La propuesta también solicitaba que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), el Sistema Estatal Anticorrupción y el Órgano Interno de Control de la UAEMéx iniciaran nuevas indagatorias por posibles actos de corrupción cometidos por exfuncionarios universitarios.
Sin embargo, el punto de acuerdo fue rechazado por las bancadas del PRI, PAN y PRD, lo que impidió su aprobación en el Pleno legislativo.
En el debate legislativo, la entonces diputada morenista Azucena Cisneros consignó:
«Los cálculos más conservadores nos colocan ante desfalcos y saqueos mediante el Fondict y una red de alrededor de 200 empresas, que podrían rondar los 5 mil millones de pesos, ya que la firma de contratos se prolongó hasta 2017, cuando el rector Alfredo Barrera no solo firmó el último contrato fraudulento con Diconsa, sino que siguió encubriendo las operaciones del Fondict y los delitos y desvíos de su antecesor, Jorge Olvera, y éste de su antecesor, Eduardo Gasca».
La apuesta por la magistratura
Hoy, el nombre de Jorge Olvera García figura en el listado de aspirantes a una magistratura familiar del Poder Judicial del Estado de México, como parte del proceso extraordinario de elección judicial que culminará en junio de 2025. Fue uno de los seleccionados mediante insaculación, mecanismo previsto por la reforma constitucional local para garantizar paridad y representación territorial.
De ser electo, Olvera se integraría a una de las salas encargadas de resolver asuntos como divorcio, custodia de menores, patria potestad, violencia familiar y medidas de protección, en una entidad en la que la justicia familiar es una de las más demandadas por la población mexiquense.
Su postulación se da en un contexto de cambio institucional profundo: por primera vez, jueces y magistrados serán elegidos por voto ciudadano, lo que ha abierto el debate sobre la transparencia, la memoria y la legitimidad de quienes aspiran a integrar el nuevo andamiaje judicial.
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