Inés Gómez Mont continuará detenida en Florida después de que el juez federal Jeffrey Kuntz rechazara el habeas corpus presentado por su defensa para obtener la libertad. Esta negativa del juez no significa que haya perdido de manera definitiva la posibilidad de salir bajo fianza, pero sí obliga a que esa solicitud sea presentada ante una autoridad migratoria, que será la encargada de valorar si puede continuar el procedimiento fuera de detención.
La defensa promovió el recurso el 31 de octubre, un día después de que la exconductora quedara bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El juez consideró que el tribunal federal al que acudieron sus abogados no era la instancia competente para resolver una petición de ese tipo, por lo que el beneficio deberá discutirse en otra audiencia y ante un juez de inmigración. Hasta ahora, la fianza no ha sido concedida.
Seguirá bajo custodia de ICE
Gómez Mont permanece en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, mientras las autoridades estadounidenses revisan su situación migratoria. El expediente sostiene que ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ingresaron legalmente a Estados Unidos con visas de turista en enero de 2021, posteriormente viajaron a Bahamas y regresaron por barco en julio de ese mismo año sin pasar por una nueva inspección migratoria.
Ese procedimiento en Florida corre por separado de las investigaciones que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas en México, donde existen tres órdenes de aprehensión contra la exconductora. Una corresponde a una investigación por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos están relacionadas con posibles delitos fiscales.
La acusación de mayor alcance está ligada a contratos otorgados para servicios dentro del sistema penitenciario federal. Según la investigación de la FGR, parte de los recursos habría sido triangulada mediante distintas empresas y posteriormente transferida hacia cuentas relacionadas con algunas de las personas investigadas, entre ellas Gómez Mont y Álvarez Puga.
Triangulación de más de 2 mil mdp
Los contratos bajo revisión han sido ubicados en alrededor de 2 mil 450 millones de pesos, aunque en etapas anteriores de la investigación llegaron a manejarse cifras superiores. Esos montos corresponden al valor de las contrataciones investigadas y no significan que todo ese dinero haya sido recibido de manera directa por Gómez Mont, algo que deberá determinarse dentro de los procesos judiciales.
Además de ese expediente, la Fiscalía mantiene abiertas dos investigaciones por defraudación fiscal equiparada. En ellas se revisan posibles diferencias entre los ingresos declarados por la exconductora y los que, según las autoridades hacendarias, habría obtenido durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016. La posible omisión tributaria supera los 13 millones de pesos.
Gómez Mont ha rechazado anteriormente las acusaciones en su contra y los señalamientos todavía deben ser probados ante los tribunales, por lo que conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
México solicitó desde septiembre de 2025 su detención provisional con fines de extradición y posteriormente remitió información sobre las órdenes judiciales vigentes. El arresto ocurrido el 30 de octubre en Florida, sin embargo, derivó de su situación migratoria y no de una orden de extradición, de modo que ambos procedimientos continúan por caminos distintos.
Víctor Manuel Álvarez Puga ya pasó por una situación parecida: fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025 y posteriormente consiguió una fianza.
El antecedente de Álvarez Puga no asegura que Gómez Mont vaya a recibir el mismo beneficio, ya que su defensa todavía deberá solicitarlo y esperar que un juez migratorio determine si existen condiciones para que enfrente el procedimiento en libertad.
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