Diputados mexiquenses desconocen que hay una solicitud de juicio político para sus antecesores por extralimitar sus funciones y aprobar, el 20 de julio de 2021, la segregación de tierras ejidales de Cuautitlán Izcalli en favor de Cuautitlán México, misma que podría afectarlos a ellos por negarse a cumplir la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado y constituirse en Comisión Instructora para iniciar dicho proceso.
“Es la primera vez que escucho que se habla de un juicio político contra los legisladores”, dijo el diputado local de Morena, Max Correa.
“Desconozco si hay una carpeta sobre el tema, pero voy a investigar y ponerme al tanto”, agregó.
No obstante, dejo en claro que si alguien comete un error debe tener una sanción y máxime si es un servidor público.
Por su parte, la legisladora mexiquense del PRI, María Isabel Sánchez, admitió estar enterada del tema, pero reconoció no tener una visión oportuna y amplia para dar un punto de vista.
“Quisiera tener más elementos para tener una opinión”, señaló, pues afirmó que no conoce el expediente sobre el caso.
Juicio Político contra diputados
El juicio político, que incluye al gobernador Alfredo del Mazo, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, y la 60 Legislatura local fue solicitado por el abogado Gerardo Fuentes.
Las razones son porque todos los acusados actuaron de manera irresponsable.
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Los diputados locales de la LX Legislatura extralimitaron sus funciones al aprobar, el 20 de julio de 2021, la segregación de tierras ejidales de Cuautitlán Izcalli en favor de Cuautitlán México.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, confirmó el dictamen y el gobernador lo publicó, a pesar de ser anticonstitucional la resolución, mencionó el abogado.
Mientras que los diputados de la 61 Legislatura son señalados por negarse a cumplir la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado y constituirse en Comisión Instructora para instaurar juicio político referido.
Ante esta situación, el expediente se puso a disposición de la Legislatura local para que los diputados puedan reconsiderar su postura.
¿Qué es un juicio político?
El juicio político es un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que, en el ámbito de sus atribuciones, han incurrido en arbitrariedad o abuso o acceso de poder.
¿Quiénes pueden ser enjuiciados?
Los senadores y diputados, los ministros de Justicia, los consejeros de la Judicatura, los secretarios, el Fiscal General, los magistrados y jueces, consejeros electorales y el secretario ejecutivo electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos.
Motivos de juicio
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos especifica:
- Ataque a las instituciones democráticas;
- Ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
- Violaciones a los derechos humanos;
- Ataque a la libertad de sufragio;
- Usurpación de atribuciones;
- Cualquier infracción a la Constitución que cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
- Omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y,
- Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública
¿Cómo se lleva a cabo en Edomex?
De acuerdo con el abogado Gerardo Fuentes, estos serían los pasos:
- Integración de la Comisión Instauradora, compuesta por los mismos diputados locales
- Notificación a los acusados
- Presentación de pruebas de las partes
- Análisis
- Resolución
El juicio político solo podrá comenzarse durante el tiempo en que el funcionario esté en su cargo y dentro de un año después de que termine sus funciones.
Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.
¿Cuáles son las sanciones?
En caso de se declare una resolución condenatoria en el juicio político, sancionarán al servidor con la destitución de su cargo. Además, también podrán imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde uno año hasta veinte años.
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