El abogado Gerardo Fuentes dio a conocer que el congreso mexiquense se niega a cumplir la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado y constituirse en Comisión Instructora para instaurar juicio político contra el gobernador Alfredo del Mazo, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, y la LX Legislatura local.
Explicó que este juicio fue solicitado porque los representantes de ambos poderes avalaron la segregación de tierras ejidales de Cuautitlán Izcalli en favor de Cuautitlán, sin tomar en cuenta los límites territoriales previamente dictaminados ni a los pobladores, ni que no es parte de sus funciones.
Recordó que, en 1973, cuando el gobernador en turno, Carlos Hank González, resolvió crear Cuautitlán Izcalli se procedió a la segregación de territorios de los municipios limítrofes, determinando que el ejido de San Mateo Ixtacalco, territorio de Cuautitlán México pasara a ser parte de la nueva ciudad.
Sin embargo, reveló que, tras la conurbación de la zona, este poblado se convirtió en un manjar para los promotores inmobiliarios y por tanto punto de interés de los exalcaldes morenistas para el desarrollo habitacional y de logística de grandes empresas.
Así comenzó la disputa de dicho territorio, misma que llegó a la Comisión de Límites Territoriales de la pasada Legislatura, a petición del expresidente municipal de Cuautitlán México, Ricardo Núñez Ayala.
Incorrecto proceso de la Legislatura
El abogado detalló que, aunque la solicitud inicial del morenista fue un procedimiento de diferencia limítrofes entre ambos municipios, en realidad demandaba la segregación del territorio que ya pertenecía a Izcalli.
En este tenor, fue que la Legislatura no realizó el debido proceso para darle solución al tema, pues procedió sin pruebas, ya que Núñez Ayala nunca presentó el decreto de límites del municipio aprobado para determinar su territorio, para que se pudiera reintegrarse la fracción de tierras solicitada.
“Para que la Legislatura pudiera segregar o reintegrar la fracción de territorio de Izcalli debería tener facultades y según la Constitución solo puede segregar territorio cuando se va a crear uno o varios municipios. Sino hay esa finalidad, la Legislatura no puede segregar territorio y eso lo soslayo y siguió el trámite”, inculpó.
Proceso en Gobierno estatal
Gerardo Fuentes señaló que lo mismo paso en el Poder Ejecutivo, pues la Comisión de Límites Territoriales del gobierno estatal no llamó a garantía de audiencia a las partes para emitir su dictamen técnico.
En tanto, el presidente de la Comisión, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, determinó que el exgobernador Carlos Hank había realizado un robo de tierras a Cuautitlán, para conformar la ciudad de Izcalli y que el proceso era para restaurar esa violación.
“Se le olvidó que quien hizo la solicitud de segregación es su gobierno, mismo al que representa Alfredo del Mazo”, afirmó.
Conflicto
La determinación que avalaba que 384 hectáreas de San Mateo Ixtacalco dejaran el municipio de Cuautitlán Izcalli para integrarse al de Cuautitlán México fue aprobada por la Legislatura local el 20 de julio de 2021, con los votos en contra de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT), y fue promulgada en la Gaceta de Gobierno el 8 de noviembre del mismo año.
Luego de que la XL Legislatura aprobó el decreto, el abogado y autoridades de Izcalli solicitaron al gobernador objetar la decisión por considerarla inconstitucional y no promulgarla ni publicarla en gaceta de Gobierno, pero se rehusó.
“Ante esta situación que consideramos un proceso fraudulento y corrupto, presentamos un juicio político en contra del gobernador, su secretario y los diputados que aprobaron ese decreto”, puntualizó.
Gerardo Fuentes refirió que el recurso fue aceptado por la presidenta de la Comisión Permanente de la Legislatura, Elida Castelán, pero al ratificar la denuncia fue desechado por el secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, quien dijo que no procedía.
Ante esta situación se presentó un juicio de amparo, que el juez de distrito sentenció improcedente.
Entonces se recurrió al último recurso ante el Tribunal Colegiado del Estado, quien el pasado 14 de julio determinó que la sentencia del juez de Distrito era incorrecta y que el juicio político era procedente, por lo que los diputados locales se encuentran en desacato de la ley.
“El juez de Distrito respetando la sentencia de su superior ordenó a la Legislatura que en 5 días constituyera la Comisión Instructora, sin embargo, esta pidió una prórroga de tiempo para proceder y en ese inter el secretario de Asuntos Parlamentarios presentó un documento en el que señala que no van a cumplir con la sentencia”, lamentó.
En respuesta, comentó el abogado, el expediente se puso a disposición de la Legislatura para proceder a la inhabilitación de la presidenta de la Comisión permanente, porque firmó a nombre de todos los diputados y sin consultarlos.
Pero advirtió que también podría inhabilitar a todos legisladores que participaron. A los de la XL Legislatura por aprobar el dictamen y a los de la actual por no cumplir con la sentencia emitida.
“Por eso estamos haciendo las denuncias administrativas, penales y políticas que se deben. Si no lo hacemos las autoridades siempre van a hacer lo que quieran, violentar la ley y aprobar cosas al margen de los ciudadanos”.
Al momento, los diputados insisten en no acatar las ordenes de la Corte, por lo que el Tribunal Colegiado determina la sanción que les formulará por no cumplir con la sentencia y no haber dado trámite al juicio político.
De proceder este recurso, tanto el gobernador como su secretario y los diputados acusados tendrían que acudir ante la Comisión Instructora para que presentar sus pruebas.