■ ¿Quién le abrió la puerta?
El caso del notario Allan Corona Romero deja más dudas sobre la fortaleza del Estado que sobre el propio litigio.
■ ¿Qué tanto le preocupa?
La investigación por la presunta red de «aviadores» vuelve a colocar a Trinidad Franco bajo el reflector político.
■ ¿Y Víctor Curioca?
Cuando se sigue la ruta de la nómina, los nombres importantes comienzan a aparecer.
■ ¿El que menos habla… es el que más avanza?
Juan Carlos González Romero parece haber elegido el camino silencioso para construir poder.
■ ¿Y si organizamos las Olimpiadas del Bache?
Quizá el Valle de Toluca ya tenga un campeonato… sólo falta entregar las medallas.
En política existen respuestas que tranquilizan y preguntas que incomodan. Las primeras suelen abundar en los discursos oficiales; las segundas aparecen cuando los hechos dejan espacios vacíos que nadie consigue llenar. Esta semana el Estado de México volvió a recordarnos que el poder rara vez se explica por lo que dice y casi siempre por lo que calla. Un notario que irrumpe para reclamar una patente, una investigación que comienza a escalar dentro del aparato administrativo, un funcionario cuya influencia parece crecer lejos de los reflectores y unas calles que hablan peor de los gobiernos que cualquier discurso de oposición forman parte de una misma conversación.
Porque gobernar también significa responder preguntas. Y cuando esas respuestas no llegan, las dudas terminan ocupando su lugar. Éstas son algunas de ellas.
¿Quién le abrió la puerta?
Hay episodios que inquietan no por lo que ocurrió, sino por lo que revelan. Un notario cuya patente sigue envuelta en un litigio llega a la sede de la Consejería Jurídica para exigir su restitución. Lo hace acompañado por hombres armados. Su defensa corre a cargo de Alberto Bazbaz Sacal, el exprocurador que hizo del polémico caso Paulette una herida permanente en la credibilidad de la justicia mexicana y que hoy encarna, para muchos, esa puerta giratoria donde antiguos responsables de perseguir delitos terminan defendiendo a personajes igualmente controvertidos. Más allá de los expedientes, hay una escena difícil de ignorar: un ciudadano enfrentando al propio Estado para reclamar una patente notarial. La pregunta ya no es qué pasó. La pregunta es cómo se llegó hasta ahí.
A. Si un juez ordenó restituir la patente, ¿por qué la Consejería Jurídica no cumplió oportunamente la resolución y permitió que el conflicto terminara dentro de sus propias oficinas?
B. Si ningún tribunal había ordenado todavía la reinstalación, ¿qué hizo pensar al notario que podía presentarse personalmente a exigirla y bajo qué interpretación jurídica sostenía esa exigencia?
C. ¿Perdió el Gobierno del Estado el litigio por falta de argumentos, por errores en su defensa o porque, simplemente, la decisión administrativa nunca estuvo jurídicamente bien sustentada?
D. ¿Qué explicación dará el consejero jurídico sobre un caso que terminó exhibiendo más dudas sobre la capacidad del Estado para defender sus propias decisiones que sobre el litigio mismo?
E. Y quizá la pregunta más inquietante de todas: ¿qué clase de relación entre poder, influencia y justicia hace pensar a ciertos personajes que pueden sentarse frente al Estado no para pedir una audiencia, sino para exigir una victoria?
¿Qué tanto le preocupa?
En política no siempre hablan las palabras. A veces hablan los tiempos. A veces las renuncias. A veces los silencios. La investigación sobre la presunta red de «aviadores» ha comenzado a acercarse a personas que formaron parte de la estructura de la Oficialía Mayor. Inevitablemente, el nombre de Trinidad Franco vuelve a la conversación pública. No porque hoy exista una imputación en su contra, sino porque fue la responsable del área donde presuntamente operó parte del entramado que ahora investiga la Fiscalía. Entre las intrigas interesadas y los hechos comprobables hay una distancia enorme. Precisamente por eso conviene preguntar.
A. ¿Existe algún dato de prueba, testimonio, documento o indicio conocido que vincule directamente a Trinidad Franco con las conductas que hoy investiga la Fiscalía, o las versiones que circulan responden únicamente a especulaciones políticas?
B. ¿La salida de Trinidad Franco de la Oficialía Mayor obedeció exclusivamente a una decisión administrativa y política, o coincidió con el momento en que ya existían investigaciones internas o ministeriales sobre presuntas irregularidades en la nómina gubernamental?
C. Si la investigación continúa escalando, ¿la Fiscalía citará a la exoficial mayor para que explique cómo funcionaban los controles sobre la asignación y supervisión de plazas? ¿Lo haría en calidad de testigo o existiría algún elemento que justifique una condición jurídica distinta?
D. ¿Qué lectura hacen en el PT mexiquense sobre un caso que inevitablemente salpica a una de sus figuras más visibles? ¿Cierran filas porque consideran que no existe responsabilidad alguna o toman distancia mientras avanzan las investigaciones?
E. Cuando una presunta red de «aviadores» opera durante años dentro de una estructura pública, ¿es razonable pensar que los mecanismos de control nunca detectaron nada o el verdadero problema es que esos controles simplemente dejaron de funcionar?
¿Y Víctor Curioca?
Hay funcionarios cuya mayor virtud consiste en pasar inadvertidos. Nunca buscan el reflector. No inauguran obras. No encabezan conferencias. Pero conocen mejor que nadie los pasillos donde circula el poder. Si las investigaciones sobre la presunta red de «aviadores» siguen avanzando, inevitablemente aparecerá una pregunta que rebasa a los imputados de hoy: ¿quién tenía realmente el control operativo de la nómina durante la administración anterior? En los corrillos políticos, un nombre vuelve una y otra vez: Víctor Rodrigo Curioca Ramírez. No es una sentencia. Es una pregunta que tarde o temprano deberá responder la investigación.
A. Si Óscar Guzmán formaba parte del grupo político y administrativo de Víctor Curioca, ¿qué sabe hoy la Fiscalía sobre el funcionamiento real de esa estructura?
B. ¿Todas las rutas de la presunta red de «aviadores» conducen únicamente a mandos medios o inevitablemente alcanzarán a quienes administraban la nómina y los recursos humanos del gobierno?
C. Después de los antecedentes que marcaron su trayectoria en otros cargos públicos, ¿quién respaldó políticamente su permanencia en posiciones de tanta sensibilidad administrativa?
D. Si las investigaciones avanzan por la ruta de las autorizaciones, las firmas y el flujo del dinero, ¿será llamado a explicar el funcionamiento de la estructura administrativa durante ese periodo?
E. Cuando un funcionario concentra información estratégica sobre el corazón administrativo de un gobierno, ¿qué termina pesando más cuando llegan las investigaciones: la lealtad, la supervivencia política o el deber de decir todo lo que sabe?
¿El que menos habla… es el que más avanza?
En política, el poder no siempre hace ruido. Hay quienes lo buscan frente a los micrófonos y quienes prefieren construirlo lejos de ellos. Mientras algunos viven pendientes de la fotografía, otros parecen concentrarse en el territorio, en la organización y en los resultados. Ese parece ser, hasta ahora, el estilo de Juan Carlos González Romero, secretario de Bienestar. Administra una de las áreas más sensibles del gobierno de Delfina Gómez y, paradójicamente, es uno de los integrantes del gabinete que menos aparece en la conversación pública. Tal vez por eso convenga hacerse una pregunta que empieza a escucharse cada vez con más frecuencia.
A. ¿Está Juan Carlos González Romero construyendo deliberadamente un liderazgo distinto, donde el trabajo territorial pese más que la exposición mediática?
B. ¿Puede la conducción de la política social convertirse en la mejor plataforma para formar un liderazgo sólido sin necesidad de recurrir al protagonismo cotidiano?
C. Si mantiene la confianza de la gobernadora y continúa ampliando su presencia en el territorio mexiquense, ¿podría convertirse, con el tiempo, en uno de los perfiles competitivos para la sucesión de 2029?
D. ¿Qué fortalezas ha construido dentro de Morena y qué retos tendría que superar para competir, llegado el momento, frente a actores con mayor trayectoria electoral o mayor presencia pública?
E. Durante años pareció que en política avanzaba quien más hablaba. ¿Y si esta vez ocurriera exactamente lo contrario? ¿Y si el liderazgo que más crece fuera, precisamente, el que menos necesidad tiene de anunciarlo?
¿Y si organizamos las Olimpiadas del Bache?
Hay competencias que ningún municipio quisiera ganar. Pero si existiera un campeonato del Valle de Toluca para premiar la calle más destruida, el bache más profundo, la avenida con más remiendos o la inundación más puntual de cada temporada de lluvias, probablemente habría más participantes que en unos Juegos Olímpicos. Pocas cosas generan tanta igualdad como un hoyo en el pavimento: lo padecen el automóvil de lujo, el taxi, la motocicleta y el transporte público. El problema ya no es encontrar un bache. El verdadero reto empieza a ser encontrar una calle donde todavía no exista.
A. Si hoy los ciudadanos fueran el jurado, ¿qué municipio se llevaría la medalla de oro por tener las calles más deterioradas del Valle de Toluca?
B. ¿Quién ganaría el campeonato de las inundaciones anunciadas, esas que llegan puntualmente cada temporada de lluvias?
C. ¿Cuántas vialidades repavimentadas hace apenas unos meses vuelven a parecer más viejas que antes de la obra? ¿Se está construyendo para durar o solamente para inaugurar?
D. Metepec presume ser uno de los municipios con mayor desarrollo urbano. Entonces, ¿por qué cada vez son más frecuentes las voces que lo colocan entre los peores en materia de baches, pavimento e infraestructura vial?
E. Y la última duda, con todo respeto para las suspensiones de los automóviles: ¿no será momento de dejar de medir el éxito de una administración por los discursos y empezar a medirlo por algo mucho más sencillo… la cantidad de veces que un ciudadano puede cruzar su municipio sin caer en un bache?
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