La defensora de derechos humanos Kenia Hernández cumplió un año en prisión preventiva, misma que inició el pasado 18 de octubre de 2020 tras su detención. La activista es acusada por diversos cargos: supuesto robo con violencia de 500 pesos, en el Estado de México; y por ataques a las vías de comunicación, por lo que actualmente se encuentra privada de la libertad en un penal de Guerrero.
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“Kenia cumple un año de prisión injusta, de una prisión preventiva injustificada, un año desde que esta Fiscalía se puso del lado de los represores y del Estado que criminaliza la protesta”, así lo expresaron integrantes del colectivo Libertad para Kenia.
Frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, colectivos en defensa de la activista por los de derechos humanos se pronunciaron para exigir que las autoridades federales y locales de los estados de Guerrero y del Estado de México detengan la persecución en su contra.
Las manifestantes informaron que este lunes, Hernández inició una huelga de hambre —por segunda ocasión— porque, desde abril, no se le ha permitido tener comunicación privada con su abogado y también denunció violencia psicológica.
“Ayer le impidieron el acceso a uno de sus familiares que fueron a visitarla, a pesar de que contaba con los requisitos burocráticos”. Por ello dijeron que la huelga de hambre que inició la activista también obedece a la violación sistemática de sus derechos ante la de atención médica, de agua potable y de alimentos, por lo que solicitan que se le garanticen sus derechos o que sea cambiada a otro penal.
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“A un año de su prisión injusta denunciamos que la Fiscalía ha mantenido la idea de criminalizar la protesta. En esta nueva administración, en este nuevo gobierno, la protesta y los movimientos liderados por mujeres están siendo criminalizados más que nunca. Desde las mañaneras se ha criminalizado el derecho de expresión”, expresaron este lunes durante una acción de protesta frente a las oficinas de la FGR.
Además de esta acción, integrantes del Colectivo Zapata Vive tomaron la casa de representación de gobierno del estado de Guerrero en la Ciudad de México, para que el gobierno estatal se pronuncie a favor del caso de Kenia.
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De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que acompaña su caso, Kenia Hernández es defensora de derechos humanos originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, de donde fue desplazada debido a su labor. Además se encontraba incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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