La ciencia tiene muy buena imagen entre la gente. Durante los últimos siglos ha venido construyendo esa buena fama y, hasta la fecha, la conserva. Es verdad que, durante los milenios que lleva el ser humano existiendo en la tierra, solo en el último trecho (unos 300 años) le ha acompañado la ciencia como actividad legitimada para decirnos lo que hay que pensar, lo que hay que hacer o lo que hay que decir. Y, la verdad, es que muchas de las cosas que hacemos, decimos o pensamos todos los días no tienen ningún fundamento científico. Más bien somos una muy complicada mezcla de emociones, instintos, prejuicios y creencias que va por la vida interactuando con los demás.
Empero, cuando alguien nos dice “está científicamente comprobado que…” y ese alguien tiene, además, una investidura tal que le creemos (quizá lleve una bata blanca, tenga gafas y el cabello revuelto), la ciencia reivindica su papel como productora de conocimiento y verdad. En efecto, cuando alguien nos dice “un estudio hecho por la Universidad “X” reveló que…”, luego de arquear las cejas un poco, lo incorporamos a lista de argumentos que algún día podrían servir en una discusión.
En suma, la ciencia, esa trascendente invención humana, tiene hoy una centralidad que difícilmente se le discute en el mundo. Sobre todo cuando los conocimientos generados por ella son canalizados a aplicaciones prácticas (lo que llamamos tecnología) y nos ayudan a resolver muchos problemas ordinarios. Es por ello que aludir a la ciencia como principal asidero para la toma de decisiones deja buena rentabilidad pública.
La próxima presidenta de México anunció apenas el jueves pasado la creación de una nueva Secretaría en el gobierno federal que ella encabezará: la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Viene a sustituir a lo que antes era solo un Consejo, es decir, una especie de apéndice del gobierno federal, cuya junta directiva era presidida por el titular de la Secretaría de Educación.
Elevar al rango de secretaría de Estado los asuntos relacionados no solo con la ciencia, sino con las humanidades, la tecnología y la innovación, fue tomado con muy buen ánimo por parte de quienes se dedican a opinar mediáticamente sobre los asuntos públicos. No podía ser de otra manera por las razones que ya expusimos: la ciencia tiene buen cartel.
Ahora, ¿qué implica el anuncio? En teoría, implica que habrá más estructura y presupuesto para fomentar la investigación científica y humanística; que habrá impulso a las innovaciones tecnológicas. Actualmente, el país destina casi 150 mil millones de pesos al año para esta materia. Al haber ahora una Secretaría, habría que esperar que ello se incremente hasta llegar a representar más de 1% de PIB, que implicaría una apuesta fuerte.
Ahora, ¿qué tipo de ciencia se planea apoyar? ¿La que ayude a resolver problemas de interés general o la que derive en lucro? Ambas cosas son perfectamente posibles, pero ahí es en donde interviene la decisión política. Por ejemplo, si habrá financiamiento para proyectos de investigación en materia de salud, sería prudente preguntarse si el fin último será obtener una patente y, en algún momento, vender lo generado, o si el Estado va a garantizar su aplicación generalizada en el sector salud.
Por poner otro ejemplo, supongamos que habrá gran apoyo para investigaciones en materia de alimentación, ¿ello implica articularse con los grandes intereses globales de los gigantes que controlan la industria de alimentos?, ¿o habrá otro tipo de apuesta más soberana y de autonomía alimentaria? Y, en materia humanística, ¿habrá trato y apoyo igual que a las ciencias “duras”? ¿La generación de conocimiento filosófico, antropológico o sociológico también será prioritario?
El anuncio de la Secretaría nueva suena alentador e implica dirigir la mirada a horizontes distintos de los que históricamente han conducido el aparato gubernamental. Lo que habrá que esperar ahora es para ver los detalles de la organización, la regulación, el presupuesto, el ejercicio del mismo, la canalización de los resultados. Vaya, en una palabra, apreciar cómo se vuelve práctico todo ello. Y es que, como todo grupo humano, la comunidad científica también tiene sus idiosincrasias y las mismas no son tan similares a las del resto de los servidores públicos. Si ahora será una secretaría de Estado a la que me adscriba como Investigador Nacional, ¿ello me convertiría en un servidor público, con todo lo que ello significa?
Si la estructura organizacional y jerárquica de la nueva secretaría toma en cuenta las dinámicas, procesos, prácticas y hábitos de los investigadores, ello podría marchar aceptablemente bien; pero si no, por el contrario, se convierte en un aparato burocrático que obstaculice más que allanar la práctica científica, estaremos en problemas.
Ese halo que posee (o le hemos asignado) la ciencia y que nos promete futuros mejores, alcanza para aplaudir la creación de la mencionada Secretaría de Ciencia. En los hechos, la nueva titular de esta dependencia tendrá que ser muy cuidadosa para lograr que ello opere muy bien. Nos conviene a todos que esto último sea lo que ocurra.
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