No es nuevo el procedimiento: el ostento de la fuerza pública, la intimidación como carta de presentación, la demolición súbita de inmuebles como símbolo de poder y el discurso de la legalidad con un fin poco claro. Así es como se procedió en el nuevo caso de expropiación que realizó el Gobierno del Estado, en esta ocasión de dos inmuebles, ubicados a la orilla de la presa de Valle de Bravo, para ejecutar un proyecto del que la gente del lugar poco o nada sabe: construir una “Plaza Estado de México”.
Lo que se ha logrado saber, gracias a que las familias afectadas han recurrido a las redes sociales y a algunos medios de comunicación para hacer público el caso, es que al final de la semana pasada, el viernes 29 de julio, un grupo de funcionarios del gobierno estatal, acompañados de la fuerza pública y de maquinaria pesada acudieron al domicilio de estas personas, una de ellas de apellido Villalpando, para decirles que su propiedad había sido expropiada y procediendo a demoler una casa.
Tras esta información se ha logrado saber que el decreto expropiatorio se publicó en la Gaceta de Gobierno desde el 27 de junio; también se puede deducir de su lectura que todo el procedimiento se hizo a petición de la Secretaría de Cultura y que se ocupará el terreno para construir una Plaza Estado de México (compromiso de campaña de Eruviel Ávila) que –según dicen los comunicados oficiales- contará con mirador, módulos sanitarios, ejercitadores, área con mesas para la convivencia familiar, skatepark, juegos infantiles, juegos para adultos mayores y niños con discapacidad, además de arcos de acceso, áreas verdes, espacio escultórico, etcétera.
El decreto expropiatorio publicado en la Gaceta de Gobierno es “ejemplar” respecto a la celeridad con que se hizo el procedimiento (si así fueran para todo…). Lo solicitó la Secretaría de Cultura el 4 de abril del presente año y para el 26 de junio ya se había emitido opiniones y realizado estudios por parte del Instituto de Información e Investigación, Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, La Dirección General de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México y La Comisión del Agua del Estado de México. Así es: parece que todos hicieron sus estudios y dictámenes tan profundamente que en cosa de una semana o dos ya los tenían.
Tan rápidamente se hizo todo que pasaron por alto “detalles” que señala la Ley de Expropiación del Estado de México, como que “el decreto de expropiación deberá contener el nombre del propietario del bien que es expropiado, el monto de la indemnización y la notificación personal al afectado y por oficio al solicitante”. Estos documentos no se incluyen, porque parece que ni se notificó a las familias, ni se dice a cuánto asciende la indemnización y ésta “se encuentra pendiente”. Pero eso sí, el Gobierno del Estado emitió un comunicado oficial este lunes 1 de agosto diciendo que ya inició la construcción. Y remata el comunicado con una “genial” frase: El Gobierno del Estado de México descartó las versiones de que la expropiación ejecutada el viernes 29 de julio, se haya realizado sin considerar a los propietarios, no obstante se buscará a los mismos para llevar a cabo el pago de indemnización”. O sea, sí se les consideró, pero apenas los andamos buscando…
La prisa (en este caso por terminar la obra antes de que termine la administración) no es buena consejera, porque en el modo de hacer las cosas refleja el fondo: la falta de consideración a las personas por parte de la autoridad.
Síguenos