Desde hace mucho tiempo la pobreza ha sido presentada como el principal reto para el país. Concluida la Revolución de 1910, sexenio tras sexenio, los gobiernos hacían propuestas, diseñaban planes y ejecutaban acciones bajo esta justificación: acabar con la pobreza. Los resultados han sido siempre más pequeños que el problema. Es más, casi un siglo después de gobiernos priistas no había forma de saber realmente cómo iba el proceso de combate a la pobreza. No existía un concepto claro, una metodología única ni registros sistemáticos y rigurosos de cómo marchaba el asunto.
Ya iniciado el presente siglo, en el año 2001, se comenzó a trabajar más en forma el concepto y la metodología para medir la pobreza en el país. Fue hasta unos años después, en el 2004, cuando se expidió la Ley General de Desarrollo Social y en ella se decretó la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Se trata de un organismo con autonomía técnica y de gestión. Lo conforman investigadores especializados en el tema que periódicamente rinden informes sobre la medición de la pobreza, con base en los datos del INEGI.
¿Cómo medir la pobreza?
La metodología que sigue el Coneval para medir la pobreza considera “la intersección de dos espacios: el espacio de bienestar económico y el espacio de derechos sociales”. Esto quiere decir que identifica a las personas en pobreza con base en los ingresos monetarios que tienen y en las posibilidades con las que cuentan para ejercer sus derechos sociales (vivienda, salud, educación, alimentación, seguridad social y servicios básicos en casa). A esta forma de medición corresponde el concepto de “pobreza multidimensional”. Así, hay dos indicadores básicos para decir que alguien se encuentra pobre: porque tienen ingresos menores a la cantidad que se estima necesaria para subsistir ($4,158.35 mensuales para las zonas urbanas y $2,970.76 mensuales para zonas rurales), o porque, cuando quiere ejercer alguno de sus derechos sociales, no está en condiciones de hacerlo.
Reducción de la pobreza en México
La evaluación de la pobreza que presentó el Coneval la semana pasada y que hace un corte al año 2022 arroja un dato muy importante que no se debe regatear: 5 millones 100 mil personas dejaron de encontrarse en situación de pobreza multidimensional. Dice el comunicado oficial: “entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%”. Una disminución superior a cinco puntos porcentuales, en un periodo que incluyó la pandemia de covid-19 y la subsecuente crisis económica global de la que apenas va saliendo el mundo, no es poca cosa.
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Se trata, sin duda, de uno de los principales logros del actual modelo de política social. No se veía algo así desde hace décadas. Los tres sexenios anteriores había presentado resultados mucho muy lejanos a este y eso está relacionado con el tipo de política de Estado adoptada. Recuérdese que el actual gobierno federal llegó al poder con el lema “por el bien de todos, primero los pobres”. A partir de ello, se diseñó un importante conjunto de programas sociales que destinaron parte del presupuesto anual (que aprueba la Cámara de Diputados) a entregar dinero a la gente, sea en forma de pensión, becas, estímulo, etc. Se dispersaron enormes cantidades de dinero en los últimos cuatro años.
Incremento del salario mínimo
Sumado a lo anterior, un factor mucho muy importante en esta reducción de la pobreza multidimensional fue el incremento a los salarios. Como nunca antes en la historia del país, el salario mínimo se duplicó en cosa de unos años. La gente que percibe un salario mínimo estaría ingresando unos dos mil pesos mensuales más que la línea de ingresos considerada como limítrofe entre pobreza/no pobreza, que como ya dijimos, es de $4,158 para las zonas urbanas.
Pueden enlistarse otros factores que operaron para que esto ocurriera, pero lo importante es que ocurrió. Ese es el tema: una política social basada en priorizar la entrega de apoyos e incrementar el salario muy por encima de la inflación da como resultado la reducción del número de pobres. Desde luego que, en un análisis más amplio, se puede ver que el dinero destinado a programas sociales podría estar haciendo falta en otros rubros gubernamentales, pero eso sería tema de otro debate.
Fortalecer instituciones para combatir la pobreza
Lo que hay que agregar acá es que las carencias sociales (ese otro espacio que considera la metodología del Coneval) tuvieron algunos incrementos y decrementos, pero destaca el acceso a los servicios de salud. O, dicho de otra manera, más de la mitad de la población en todo el país ya tiene ingresos superiores a lo que se considera como mínimo indispensable, pero se encuentra limitado para ejercer derechos sociales básicos como es el de los servicios de salud.
La lectura de estos datos debe ser muy fina y se debe poner atención a los detalles. Porque si bien quedó probado que incrementar el salario y aplicar programas sociales dio resultado, ahora es necesario fortalecer aquellas instituciones que otorguen a la gente las condiciones para ejercer sus derechos sociales: institutos de salud, escuelas, servicios públicos, acceso a la vivienda, etc. Los siguientes presupuestos federal y estatal deben priorizar ello para continuar avanzando en la ruta de disminuir el número de personas en pobreza multidimensional.
La evaluación entregada por el Coneval ofrece información amplia de siete carencias (ingreso, alimentación, salud, educación, seguridad social, calidad de vivienda y servicios de vivienda). Y es obligado hacer ahora lo necesario para que haya instituciones y presupuesto suficiente para que se ejerzan esos derechos sociales que, además, están en la Constitución. Así, de cara al futuro, cualquier propuesta de gobierno que sea regresiva en materia de salarios y programas sociales no es admisible. Lo que debe demandarse son propuestas para generar las condiciones para el ejercicio de los derechos sociales. Una cosa más la otra es la ruta.