Comititis, comisionitis, reformitis y lucha contra la corrupción
Incapaz de diseñar políticas públicas precisas, eficaces y sobre todo creativas, el Estado mexicano –en todas sus expresiones– ha suplido la eficacia y la eficiencia por la burocracia. La lucha contra la corrupción acabó atrapada en su propia trampa.
En julio de 2016 se aprobó un paquete de reformas que pretenden dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como si lo que necesitara este país fuera un ente burocrático más; ese Sistema determinó la creación de 32 sistemas locales, que deben contar con una estructura y facultades equivalentes, pero para ello se requiere un fundamento constitucional a toda prueba.
El reloj marca el 18 de julio de 2017 como fecha límite para que esto suceda. Los avances no son muy alentadores pero, aunque lo fueran, el propio sistema quedará entrampado en su burocracia.
¿De qué sirven entonces las contralorías? ¿De qué sirven las –pomposas– fiscalías generales autónomas?
Sólo para dar seguimiento a esta acción, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad diseñaron lo que llaman el “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, que constituye un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA), así como su implementación, mediante la evaluación de la actividad legislativa en los estados.
La evaluación realizada por estos organismos revela que sólo diez estados tienen una reforma constitucional satisfactoria, mientras que nueve aún no cuentan con reforma constitucional.
Únicamente Baja California Sur y Querétaro han establecido que su Entidad Superior de Fiscalización sea la que sancione las faltas administrativas no graves; en algunas entidades no han reformado sus órganos superiores de fiscalización ni han otorgado autonomía a sus procuradurías o fiscalías generales de justicia (insisto, como si ello, por sí solo, fuera una solución al problema).
Por ejemplo, en Jalisco sólo reportan que incorporaron el Sistema Local Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de manera general, sin incluir el nuevo régimen de responsabilidades administrativas; tampoco han reformado su Tribunal Administrativo, lo que se califica como una reforma incompleta que no permite una implementación integral del SLA.
El caso de Morelos es calificado como el de mayor riesgo de inconstitucionalidad, debido a que el CPC es elegido por el congreso del estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el SNA.
Mientras Guanajuato prevé acciones innecesarias (como la conformación de sistemas municipales), se reporta que Nayarit y Chiapas están listos para empezar con el desarrollo de sus SLA, ya que son las únicas entidades que cumplen con los requisitos mínimos; podrán iniciar con los nombramientos de su Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana y reformas legales secundarias. Pero, igual que Guanajuato, el Estado de México podría complicar la efectividad en el accionar del Sistema Local Anticorrupción, ya que la iniciativa presentada por el Ejecutivo del estado establece la creación de Sistemas Municipales Anticorrupción.
En este tema, más es menos. Si se revisara la Ley de Mejora Regulatoria, se observaría que esto es todo menos una mejora. Parece que crean comisiones para solucionar el problema; luego, comisiones que supervisen a quienes van a solucionar el problema; comités que se reúnan periódicamente para ver qué hicieron ambos; más comités y comisiones, colegiados, revisores y censores de las fallas que pudieran tener los primeros; y además tribunales que evalúen lo que han hecho todo ellos… estamos perdidos en la burocracia.
Si se revisa la política pública a través de la estructura y operación de cualquier secretaría o dependencia gubernamental, se puede encontrar que existe, entre otros más, un Comité de Control y Evaluación; un Comité de Transparencia; Unidades de Género; Comités de Vigilancia de Igualdad Laboral y No Discriminación; Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; Comité de Mejora Regulatoria… También existe un Modelo Integral de Control Interno, a cargo de la Contraloría; Consejos Escolares de Participación Social en las instituciones educativas; Comités de Apoyo; Comité de Contraloría Social; Comités Comunitarios de Desarrollo Social; Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México; Comisión de Bioética del Estado de México y otras decenas de consejos consultivos, sistemas estatales y comités municipales de todo tipo, a los que se suman otros tantos de carácter federal, como los Comités Ciudadanos de Liconsa, Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, Comité de Sanidad Acuícola…
Y así podría estar toda una tarde, enumerando estos monumentos a la burocracia, al que se sumará el Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Qué ganamos con todo esto? Lamento decir que nada. Entre el tiempo que pasan en comités y comisiones los servidores públicos mexiquenses, es difícil comprender cuándo, cómo y de qué calidad es el trabajo sustantivo para el que son contratados.
¿Es desalentador que las entidades federativas estén atrasadas en la conformación del Sistema Local Anticorrupción? ¡Por supuesto que lo es, a sabiendas de que lo harán de manera improvisada y para fomentar una mayor burocracia! Pero resulta más desalentador que tal sistema haya sido una ocurrencia presidencial ante la vorágine que se desató en su contra por su opacidad, falta de tacto, inmoralidad y desmesura, al conocerse la propiedad que compraría su esposa.
En fin. Este será un año caótico. Año de elecciones y año de decisiones.
Las últimas reformas impulsadas por la Consejería Jurídica del estado darán de qué hablar: centralizaron las contrataciones; centralizaron la inspección a los cuerpos de seguridad; centralizaron –sin visión legal– la inspección y vigilancia; es decir, las posibilidades de corrupción han sido centralizadas. ¿Para bien o para mal? El tiempo lo dirá. No auguro buenos tiempos para la lucha anticorrupción; para mí se ciñe como un modelo burocrático más.
Si la visión es producir transformaciones haciendo todo igual, no pinta bien 2017. Si la visión es obtener mayores y mejores logros creando comisiones, comités, consejos –o como quiera llamárseles–, alguien erró el camino; si la acción es sólo reformar leyes y no conciencias, estamos perdidos. Y vuelvo a insistir: ¿y la Contraloría?
Nos leemos en otra semana caótica.
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