El caso de Valeria y los vicios en la procuración de justicia
Para nadie resulta ajena la consabida frase que se han encargado de propalar los agentes del Ministerio Público o los deficientemente preparados elementos de las policías preventivas, cuando existe una denuncia por la desaparición de una persona:
Hay que esperar 72 horas… quizá se fue con el novio…
Esta frase encierra algo más que una deslumbrante ignorancia. Está plagada de indolencia, indiferencia, ilegalidad y falta de probidad.
El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, elaborado por la Procuraduría General de la República y las procuradurías de las entidades federativas –que quizá debiera estar entre las escasísimas lecturas de los agentes ministeriales- se quedó sólo un catálogo de buenas intenciones en la “idea de que sirva como guía en las distintas etapas del procedimiento penal”.
Se supone que es un instrumento de aplicación nacional y tenía la intención –sólo eso, la intención- de contemplar “… las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial de este delito, y principios de actuación para una atención digna y respetuosa hacia la víctima.”
El Protocolo en mención, señala que las autoridades involucradas en la búsqueda de una víctima de desaparición forzada deben actuar inmediatamente y coordinadas entre sí, en el momento en que se tenga noticia de la desaparición de una persona, independientemente de que haya habido una denuncia formal.
También expresa que de inmediato, pero en todo caso, a más tardar dentro de las primeras 24 horas a partir de que se tiene conocimiento de la desaparición, las autoridades deben solicitar a autoridades y particulares, la preservación de toda la información que ayude a documentar el caso; también están obligadas a aplicar métodos y elementos tecnológicos a su disposición para el análisis estratégico de información, que permita guiar las investigaciones con mayores elementos.
Esto por supuesto es falaz. Esto no ocurre más que en las series de televisión.
El Protocolo, determina también que la búsqueda inicia en el momento en que se recibe la noticia de la desaparición de una persona en el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la Procuraduría General de la República (CEDAC) y una vez ingresada la información por el CEDAC al Sistema Nacional de Información Ministerial (SNIMPD), éste automática e inmediatamente activará el mecanismo de búsqueda urgente emitiendo un alerta a la Red Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (RNBPD).
Con la alerta emitida por el CEDAC, la Procuraduría que tenga asignado el expediente dirigirá las acciones urgentes de búsqueda, dando seguimiento a lo informado por la Red, y realizando acciones inmediatas de búsqueda.
Nuestras Procuradurías no son así. No podemos soñar con el cumplimiento de un protocolo con esta acuciosidad. Ni siquiera lo conocen.
Quienes apostaron a que la autonomía de las otroras Procuradurías Generales de Justicia –ahora pomposamente llamadas Fiscalías- sería la solución a los problemas en la procuración de justicia, creyeron en una quimera. Parece que obviaron lo más obvio: el factor humano.
Siguen siendo los mismos agentes del Ministerio Público, los que sobrevivieron a esta transición. Algunos de ellos –los menos- buenos elementos; los más, servidores que se acostumbraron a la inercia de administrar el puesto y los recursos extralegales que éste puede naturalmente proveerles. Esos a los que una menor desaparecida les importa mucho menos, que la gran cantidad de expedientes en rezago que desde años ha, duermen el “sueño de los justos”.
No hay aplomo, carecen de creatividad, no hay operativos inmediatos como aquél que recuperó en unas cuantas horas, la camioneta Hummer del hijo de un exmandatario estatal.
Se prefiere la simulación, los eufemismos, que el uso científico de la investigación.
¿Es tan difícil acordarse de una clase de metodología y recordar que deben formularse hipótesis que tendrán que ser agotadas? ¿Es difícil que en el caso de la menor Valeria, hubieran indagado sobre el sitio de taxis y dar con el presunto responsable? ¿Es tan difícil ordenar el transporte público para evitar que se convierta en escenarios, cada vez más frecuentes del crimen?
En el país, las cifras oficiales reportan poco más de 31 mil personas desaparecidas a las que –eufemísticamente- identifican como “no localizadas”. De ellas 22 mil 871 varones y 8 mil 182 mujeres, que según el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública derivan del total del total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común que permanecen sin localizar al corte del 30 de abril del 2017.[1]
Del total, 3 mil 754 corresponden a personas del Estado de México, que sólo es superado por Tamaulipas cuyo registro asciende a 5 mil 657 personas.
El mayor número de personas desaparecidas, está en el rango de edad de 15 a 19 años, son 4 mil 668 personas en este rango que no han sido encontradas. El otro rango de edad que más casos presenta, es el grupo de 20 a 24 años, que reporta un total de 3 mil 972 personas, jóvenes. Eso es doloroso y lamentable; eso es inaceptable.
El crimen rebasó a la autoridad. No hay capacidad de respuesta.
No hay instituciones de prevención del delito que hagan su trabajo. No hay una Fiscalía –por muy autónoma que se diga- que tenga la capacidad de responder ante estas atrocidades. Siguen desapareciendo nuestros jóvenes y jovencitas; los homicidios aumentan.
Y ante esto, de nada sirve maquillar las cifras. Esto no acaba con el fenómeno; no reduce el dolor de las familias; no abona en nada a la justicia. No da votos.
Nos leemos en otra semana caótica. Hoy el tema electoral es para mí intrascendente. Están matando a nuestros jóvenes. ¡Ya basta!
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[1] Cf.: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerocomun.php