Una pelota rebota en la Plaza Independencia. Los niños la persiguen entre los boleros, los puestos de artesanías y los paseantes que, con esquites o helado en mano, disfrutan la sombra de los portales. A simple vista, Valle de Bravo parece haber salido ileso. Un par de días después del operativo federal más grande contra la extorsión en México, el municipio retoma su pulso habitual: panaderías abiertas, autos circulando, puestos de comida en funcionamiento. Como si nada hubiera pasado.
Pero basta con desviarse unas cuadras del centro para notar que algo cambió. No hay Guardia Nacional en las calles, ni policías visibles en el palacio de gobierno.
El pasado 21 de julio, autoridades federales y estatales ejecutaron la llamada Operación Liberación, una intervención simultánea en varios municipios del sur del Estado de México —incluido Valle de Bravo— para desmantelar estructuras del crimen organizado que habían infiltrado actividades económicas esenciales. En total, se aseguraron 63 establecimientos, entre ellos pollerías, carnicerías, tortillerías y casas de materiales. Las investigaciones revelaron que el grupo criminal no solo extorsionaba a comerciantes, sino que operaba con una estructura de gerencia, logística y ventas, como una verdadera empresa.
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La sombra del sindicato
En Valle de Bravo, el control del mercado de materiales de construcción había dejado de ser una sospecha para convertirse en una norma impuesta. “Uno se adaptaba”, dice un comerciante que prefiere no dar su nombre. “Ya sabías a quién comprarle. Y si no querías, simplemente no construías”. El esquema imponía precios hasta 400% por encima del valor real y exigía a los clientes pagar cuotas para obtener vales, registrarse con placas y recoger el material solo en minas controladas.
Durante el operativo, las autoridades detuvieron a ocho presuntos responsables, entre ellos Ali “N” y Gonzalo “N”, ligados a negocios fachada como Materiales JIMEX y al sindicato “Bradosva”, que regulaban rutas, precios y distribución de arena, grava y varilla en Valle de Bravo y municipios aledaños. Se aseguraron además seis minas que operaban sin control legal, donde también se exigían pagos en efectivo y registros detallados a cada comprador.
Ese control se había normalizado desde 2020. “Al principio fue más violento”, relata el comerciante. “Hubo amenazas, levantones, incluso mataron a un camionero. Después, la extorsión se hizo parte del sistema. Los arquitectos sabían con quién contratar. Y los que intentaban denunciar… mejor se callaban. Algunos terminaron asaltados o con su empresa cerrada”.
¿Qué vio el pueblo?
El día del operativo, la tensión fue evidente en las comunidades periféricas. “Yo vivo por El Arco”, dice una mujer de mediana edad. “En la noche todo normal, pero al otro día ya estaba cerrado. Vi que no dejaban pasar, pero no supe bien qué pasó. Me enteré por las redes”. Como ella, muchos habitantes conocieron los detalles por Facebook o WhatsApp. En el centro, el ambiente fue menos convulso: menos autos, menos movimiento, pero sin presencia visible de la Guardia Nacional ni de fuerzas estatales.
“Nos enteramos por rumores”, confirma una empleada de una casa de materiales cerca del mercado. “Aquí no hubo policías. Solo fue en las orillas. Pero sí nos afectó: no pudimos surtir a varias obras porque todo estaba cerrado. Nadie sabía a quién comprarle”.
Los testimonios se repiten: “Llegaron y se fueron. Ya no están. Y la verdad, sí da miedo que regresen”. Otro comerciante admite haber cerrado por completo durante días: “No trabajé nada. Me perjudicó mucho. Pero también, qué bueno. Porque si lo hicieron, pobres. Y si no lo hicieron, también pobres. Imagínate todos los choferes detenidos, los camiones retenidos…”.
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El paraíso que costaba triple
Con 61 mil habitantes, Valle de Bravo es un refugio turístico y residencial en el poniente del Estado de México. La presa, el bosque y las cabañas conviven con hoteles boutique y residencias de descanso. Pero su economía informal es frágil, y su atractivo, un imán para los grupos criminales.
Según las autoridades, el grupo responsable —ligado a la Nueva Familia Michoacana— no solo cobraba piso o controlaba rutas: imponía un sistema comercial completo, con listas de precios, vales, zonas autorizadas y vigilancia directa en las minas. Las ganancias, según la indagatoria, eran trasladadas regularmente a Luvianos.
El impacto económico fue profundo. “Un viaje de arena que costaba 800 pesos llegó a 3,400”, dice otro comerciante. “Una tabla que antes valía 400 ahora cuesta 1,200. Si no tenías el sello del sindicato, no podías repartir”.
En algunos sectores, como ferreterías, el patrón continúa. “Ahora nos cobran cuota en los cigarros, en la cerveza. Todo en efectivo. Aquí nadie te da factura”, cuenta una empleada. “La cajetilla cuesta 150 pesos. Y no puedes quejarte”.
La fractura de la confianza
Aunque las autoridades calificaron la operación como un éxito —el secretario Omar García Harfuch la describió como “el operativo más grande contra la extorsión en México”—, la ausencia de vigilancia permanente ha dejado una sensación de vacío. “Les decimos a los proveedores que ya no hay sindicato, que ya está libre… pero no quieren venir. Tienen miedo”, cuenta uno de los afectados.
El testimonio se repite en varias casas de materiales: “Las minas están cerradas, custodiadas. Pero no hay un nuevo administrador. No hay orden. Mientras no lo haya, todo esto puede volver”.
En el centro, la vida continúa. Los puestos venden lo de siempre, los niños siguen jugando. Pero detrás del aparente regreso a la normalidad, el control criminal dejó cicatrices invisibles. “Yo ya me quiero ir”, dice una mujer de 40 años que lleva toda su vida en Valle. “No por miedo. Me porto bien, todos me conocen. Pero ya me cansé. Nada cambia”.
El operativo fracturó una estructura que parecía inamovible. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿quién tomará ahora el control del vacío que dejó?
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