El mercado laboral en México es mayoritariamente informal. Según los datos más recientes del INEGI, la tasa de informalidad laboral alcanzó en el mes de agosto 55.2%. Esto quiere decir que más de la mitad de las personas que laboran todos los días en nuestro país lo hace al margen de los circuitos institucionales y legales de la economía y el Estado. Son trabajadores excluidos, pues, sí, son personas que no tienen acceso a un salario fijo ni a seguridad social, que carecen de certeza jurídica sobre lo que hacen, vaya que están absolutamente vulnerables.
Su vulnerabilidad se puede traducir en la pérdida de su fuente de trabajo de la noche a la mañana, pero también en la extorsión por parte de alguna autoridad o un tercero. Igualmente su vulnerabilidad se extiende a la falta de las prestaciones que tiene un empleo formal (seguro social, fondo de ahorro, aguinaldo, reparto de utilidades, etc.). En suma, son personas que van al día, que cotidianamente tienen que dar la batalla para subsistir.
Las explicaciones de por qué se genera la informalidad laboral apuntan a una deficiente labor del Estado y a la forma en que está estructurado el mercado laboral. Es decir, la gente prefiere la informalidad a un empleo formal mal pagado; prefiere mantenerse en la informalidad que cumplir los engorrosos trámites fiscales; decide ser informal porque es lo más fácil, en comparación con la calificación para un empleo formal o con la mala calidad de los servicios públicos que obtendría siendo un trabajador formal.
En estas diversas explicaciones se encierra un cuestionamiento a la economía y al Estado. Sí, a la economía por la forma en que está valorado el trabajo: bajos salarios, horarios extendidos, localización de las fuentes de empleo, requisitos para acceder al mismo, entre otros. Y al Estado por los deficientes servicios que presta (seguro social, acceso a vivienda, seguridad pública, procuración de justicia, servicios públicos en general) o por su incapacidad para hacer cumplir las normas.
Las personas que se mueven en la informalidad, de una u otra manera, analizan la relación costo-beneficio acerca de si deben o no cruzar el margen pertinente hacia la formalidad. Pero hay que advertir que también hay otro margen al que se puede cruzar que relativa frecuencia, el margen que divide lo informal de lo ilegal. Un vendedor ambulante es un trabajador informal, pero si él y otros están organizados para monopolizar el espacio público mediante la violencia cruzan al terreno de lo delictivo.
La semana pasada la ciudad de Toluca comenzó a ver las disputas violentas por los espacios para vender informalmente en las inmediaciones del novel tren Insurgente. Específicamente en la estación Toluca-Centro, esa que se ubica en la zona de la Terminal de Autobuses y del Mercado “Benito Juárez”. Hubo personas heridas, salieron a relucir armas blancas y de fuego. Los videos y fotografías circularon profusamente desde el día jueves. En ellas se mostraba a hombres y mujeres en actitud beligerante, profiriendo amenazas y pasando a los golpes con palos, piedras y algunas armas.
En efecto, el tren Insurgente hoy solo opera en cuatro estaciones que cruzan el Valle de Toluca. No es difícil imaginar lo que crecerán este tipo de conflictos cuando estén habilitadas todas sus estaciones y empiece a usarse regularmente para transportar a miles de personas a la Ciudad de México y de regreso. Y es que las organizaciones de comerciantes ambulantes, sobre todo en esa zona de la Terminal, son numerosas y poderosas. Controlan a cientos y cientos de vendedores de todo tipo. Se re-organizaron tras la re-ubicación del Tianguis que ocurrió en el año 2006. En aquel momento fueron detenidos algunos líderes y, al moverse el voluminoso conjunto de comerciantes que agolpaban los días viernes desde hacía décadas, se generaron nuevos liderazgos.
Hoy la estación del tren les ofrece nuevas posibilidades de colocar ahí vendedores y puestos de todo tipo, de mercancías legales e ilícitas. El tamaño de las potenciales ventas es tal que no dudan en “cruzar” esa frontera que –dijimos- separa lo informal de lo ilegal. Si hay que hacer valer por la fuerza su derecho a usufructuar este nuevo espacio de movilidad interurbana no lo dudan. Las amenazas y los puños pronto serán reemplazados por las armas. Es una disputa que se advierte podría generar más violencia.
Nadie debe llamarse sorprendido, era algo previsible. Más bien, las autoridades de los otros municipios por lo que cruza el tren tendrán que generar las condiciones para que la “apropiación” del espacio no genere episodios de violencia. El comercio informal va a llegar a los márgenes del tren de una forma u otra y lo hará más temprano que tarde. Es inevitable por las dimensiones del empleo informal que ya referimos al inicio. En este tipo de circunstancias a la autoridad le queda el triste y claudicante papel de administrar el conflicto.
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