Enfrentar al PRI es enfrentar el poder que da el gobierno. Las ventajas que le otorga a este partido ser autoridad pública, son no sólo significativas, sino que provocan tal desproporción a la hora de la competencia electoral, que es prácticamente imposible ganarles.
Eran las elecciones del año 2000. El candidato panista, Juan Carlos Núñez, había detenido un camión cuando estaban retirando propaganda de su postulación a alcalde de Toluca.
Se trataba de un delito electoral. Así que llamó a la policía municipal y autoridades y quejosos, llevaron la unidad y la encerraron en la comandancia.
Una vez hecho esto, pidieron a Juan Carlos salir y le cerraron la puerta. Desconcertado comenzó a tocar y tocar para preguntar qué es lo que pasaría con la unidad y la gente que retiraba momentos antes su propaganda. Finalmente y luego de un buen rato, un policía salió y por una rendija le habló.
Sí, ¿diga…?
Qué pasó ¿Qué es lo que van a hacer con el camión?
¿Cuál camión? Contestó el policía.
El camión que acabamos de traer.
Aquí no hay ningún camión, así que ya retírese.
Son la maña. Y la maña inicia el día en que la mayoría priísta en la Legislatura del Estado de México, después de procesos claros y oscuros de negociación y convencimiento, aprueba el Código Electoral y de Procedimientos Electorales para la elección siguiente. Ya sea de gobernador, de integrantes de los ayuntamientos o bien, de representantes a la Cámara local.
La legislación aportará todas las ventajas posibles para la competencia exitosa de los candidatos del PRI. Presupuestos, alianzas, topes de gastos, fechas, plazos, consejeros, etcétera.
Luego, la operación de la maquinaria electoral continuará allí mismo en la Legislatura a la hora de la aprobación del Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado de México y de sus 125 ayuntamientos, para el año de la elección.
Allí, nuevamente, bajo el sombrío mural de Leopoldo Flores, se determinará cada programa social, cada apoyo, cada salario, cada gratificación, cada recurso que se ejercerá desde las secretarias y aún una proporción importante desde las comunas; se decidirá el dinero que se pondrá sobre la mesa de cada partido político y para el proceso electoral.
Puestas ya las reglas de juego. Integrado la instancia electoral local y su tribunal. Definido el dinero. Lo que sigue es la operación del ejercicio público.
El PRI es una enorme maquinaria con influencia crucial en la operación de las instituciones. Y todas juegan a la hora de una elección. Juega la Secretaría de Desarrollo Social, pero también Seguridad Pública, juega la Secretaría de Educación, pero también la Procuraduría.
Y además de la pesada mano del gobierno, están sus alianzas: los grupos empresariales, los sindicatos, los transportistas, los gremios campesinos, asociaciones sociales y civiles auspiciadas, y decenas de agrupaciones más que también votan y pueden generar una ola de influencia considerable.
Juega en pleno cada posición del Poder Legislativo y juega, de ser necesario, también cada escaño de la instancia Judicial.
Para el PRI, la elección comienza con el año electoral. Mientras que el resto de los partidos andan aún medio aturdidos por las fiestas decembrinas, desde el gobierno ya se operan las acciones sociales que crearán la sustancia electoral conocida como “el voto duro”.
El tope legal para gastos de campaña para esta elección de gobernador, lo estableció la Legislatura en 285 millones de pesos por candidato.
El tope legal para gastos de campaña para esta elección de gobernador, lo estableció la Legislatura en 285 millones de pesos por candidato. Sin embargo, Joel Cruz, representante del Partido del Trabajo ante el IEEM, estimó que la operación gubernamental para propósitos electorales, representará este año un ejercicio de más de tres mil millones de pesos.
Esto es, cuando se considera el ejercicio de cada uno de los 90 programas sociales que tiene la administración estatal, de los cuales 67 operarán durante el periodo de veda, más lo que se hace desde los ayuntamientos, y desde el gobierno de la República.
Así, por un lado, el PRI buscará consolidar su voto duro, que según la cifra de la última elección, estará entre los 2.5 y hasta tres millones de electores.
Por otro lado, desalentará la participación de sus franjas sociales opositoras, como las clases medias y zonas populares afines a otras corrientes políticas, principalmente de izquierda.
Y a todo ello se sumará, lo que ocurre ya directamente durante el proceso de campañas electorales.
La entrega de dádivas se hará con apego a la ley. Y de forma paralela se entregarán utilitarios en franjas indetectables, que, sí es verdad, van de los famosos tinacos, hasta teléfonos celulares. E incluso, efectivo.
Esto último, difícil de probar ante instancias electorales o judiciales, a pesar de ser, como dicen algunos representantes ante el IEEM, “actos públicos y notorios”.
Es posible que durante esta elección de gobernador, la oposición pueda detener un camión y llevarlo a la policía. Pero también es muy posible que luego, cuando pregunten por él, algún elemento les dirá que allí no hay ningún camión.
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