Toluca, Estado de México, 25 de abril de 2019.- La LX Legislatura del Estado de México analiza en primer término cuál es el mecanismo financiero propuesto por el Poder Ejecutivo, a través de las APP’s ( Asociación Pública Privada) para la construcción de dos penales en Otumba e Ixtapaluca, así como para rehabilitar 637.8 km de carretera en el sur de la entidad.
Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que el objetivo es conocer cuál es el fondo de esa propuesta, pues si se trata de endeudar al estado se pronunciarán en contra. Dijo que la inversión inicial para esas obras se estima en no más de seis mil millones de pesos.
Sin embargo, destacó que lo que incrementa ese monto es, precisamente, el servicio prestarán las empresas y la contraprestación que el gobierno tendrá que estar pagando anualmente durante 15 años en el caso de las carreteras, y de 25 años en lo que se refiere a los centros penitenciarios.
Informó además que otra de las dificultades que implica la iniciativa enviada hace dos semanas por el titular del Ejecutivo estatal es que no se cuenta con el recurso de manera inmediata para empezar a operar y por eso se recurre a esos mecanismos de financiamiento.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena, destacó que en esta iniciativa debe revisarse por un lado los recursos que implicarán estos trabajos a través de las APP’s y por el otro, la transparencia con la que éstas se tienen que manejar.
Hernández González señaló al respecto que la Legislatura aplicará mecanismos de control, aunado a las auditorías que también tendrá que realizar el gobierno, además de que se buscará establecer candados para vigilar el uso adecuado de los recursos que se destinen para estas.
Reconoció que ambas propuestas, tanto la construcción de ambos penales como la rehabilitación caminos en el sur del estado son necesarios para la población, por lo que es una obligación del gobierno atender esas demandas.
“En el caso de los penales, tenemos el dato de que si la capacidad instalada para atender a cerca de 13 mil reos, está total y absolutamente rebasada, cuando en este momento en los penales existen más de 28 mil retenidos que genera muchísimos problemas internos” e impide la rehabilitación de quienes ingresan a esos lugares.
En el caso de las vías de comunicación, dijo que el mal estado en que se encuentran es detonante de diversos problemas sociales , de inseguridad y hasta económico porque afecta el traslado de las mercancías de los habitantes de la región.
Destacó que para llegar al fondo de esta iniciativa –como sucede con las demás- no se descartan encuentros para contar con más información con los secretarios de Seguridad, de Comunicaciones, de Finanzas y de Justicia para precisar el marco jurídico respectivo.
Sobre el mismo tema, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Sámano, señaló que la infraestructura carretera del sur del estado está muy dañada y eso explica los problemas que enfrenta esa región.
“Este APP´s es para 13 años. Estamos hablando de 82 caminos. Y también aplica si hacen bien su trabajo se puede supervisar. Es una gran ventaja. El Ejecutivo tendrá que enviar al Legislativo para que se vea cómo está llevando a cabo este tema. Por otro lado nosotros como legisladores también podemos ir a supervisar, podemos darle seguimiento”.
Destacó que la bancada del tricolor está a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, pero lo más importante es que son temas que tienen que ver con la justicia social, como el caso de los caminos del sur; y de urgente necesidad en el caso de los dos penales, ya que se trata de un asunto de derechos humanos.
En este último caso recordó que la inversión inicial para la construcción de estos dos centros penitenciarios es de aproximadamente 2 mil 700 millones de pesos y el resto de los recursos -12 mil 311 millones- se aplicarían para su operación en los próximos 22 años, y confió en que todo se realizará de manera transparente.
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