El Gobierno federal ha intensificado la defensa del paquete de reformas en materia de aguas nacionales que se discute actualmente en la Cámara de Diputados. La apuesta, es recuperar la rectoría del Estado sobre un recurso considerado estratégico y garantizar el derecho humano al agua, un principio establecido en el artículo 4 constitucional.
¿De qué trata la Ley de Aguas?
La iniciativa consta de dos piezas legales: la nueva Ley General de Aguas, que desarrolla el derecho humano al agua y ordena competencias entre los tres niveles de Gobierno; y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que regula el artículo 27 constitucional. La propuesta reconoce a los sistemas comunitarios de agua, redefine funciones institucionales y fija como principio que el agua deje de considerarse una mercancía para tratarse como un bien estratégico.
Asimismo, se busca el fin del comercio privado de concesiones. Con la reforma, sólo el Estado podrá otorgarlas y quedará prohibida la transmisión de títulos entre particulares, una práctica permitida desde 1992 que, de acuerdo con Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), generó “gran desigualdad” al concentrar derechos en manos de quienes tenían poder económico.
A partir de la nueva ley, tampoco será posible modificar el uso asignado en una concesión, un mecanismo que derivó en que títulos para agricultura terminaran operando en parques industriales, campos de golf o desarrollos inmobiliarios.
La reforma también plantea la creación de un Registro Público Nacional de Agua para transparentar quién tiene las concesiones, qué volúmenes opera y cómo fueron otorgados.
El Gobierno busca, además, combatir el robo de agua con procedimientos más estrictos y crear un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para abastecer a comunidades rurales e indígenas que hoy carecen de concesiones suficientes. También se prevén medidas de eficiencia hídrica, como la tecnificación de riego, el fortalecimiento de los sistemas de medición y la regulación estricta de la captación pluvial, cuyas obras irregulares han afectado ecosistemas.
Postura de la presidenta de México
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció prácticas de lucro en distritos de riego y acusó la existencia de ganancias millonarias por la venta irregular del recurso “Hay grandes agricultores que tienen concesiones de agua… ganan al año 300 millones de pesos por venderle agua a un municipio. Pues eso no, no puede ser”.
La mandataria afirmó que la iniciativa busca evitar esas distorsiones que se arrastran desde el sexenio de Felipe Calderón, etapa en la que —aseguró— se otorgaron “un montón de concesiones”.Sheinbaum insistió en que la reforma no atenta contra la propiedad ni la herencia, sino contra el acaparamiento
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que la iniciativa sufrirá ajustes, sobre todo en lo referente a las concesiones. “Aquí no habrá sino una reflexión profunda… sí se va a modificar la iniciativa de ley y va a ser para beneficio de los usuarios del agua”, dijo al mencionar que en los foros legislativos han recibido más de 460 propuestas de especialistas, organizaciones y académicos.
Para el Gobierno, la reforma es fundamental para terminar con décadas de inequidad. “No a los privilegios, sí a la ley, sí al Estado de derecho”, remarcó Sheinbaum. Morales sostuvo que quienes rechazan la modificación lo hacen porque “han acaparado grandes cantidades de agua y no han permitido que quienes realmente la necesitan… puedan acceder al agua que les pertenece”.
¿Por qué importa esta Ley?
La discusión en torno a la nueva Ley de Aguas adquiere relevancia no sólo por el impacto que tendrá en la regulación del recurso, sino porque evidencia la magnitud del problema que enfrenta el país. La reciente Operación Caudal en el Estado de México —donde autoridades federales y estatales detectaron tomas clandestinas, pozos ilegales y redes de extracción controladas por grupos dedicados al robo de agua— ilustra la urgencia de un marco normativo más estricto.
El agua se ha convertido en un recurso vulnerado tanto por intereses económicos como por actividades ilícitas. En este contexto, la reforma busca cerrar grietas legales que permitieron el acaparamiento, la especulación y el mercado negro, y plantea un ordenamiento indispensable para garantizar que el agua, como derecho humano y bien estratégico, quede en manos de quienes realmente la necesitan.
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