El Gobierno del Estado de México concedió la libertad anticipada a seis mujeres, quienes ahora podrán retomar sus proyectos de vida junto a sus familias.
Esta medida se logró gracias a la colaboración entre la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y el Instituto de la Defensoría Pública (IDP). La preliberación se realizó una vez cumplido el tiempo jurídico correspondiente. También se les brindó acceso a beneficios legales como el pago de multas y la reparación del daño.

Beneficiarias
Jazmín, quien ha cumplido la mitad de su sentencia, recibirá una segunda oportunidad.
Ella expresó:
“Esta noche no pude dormir porque no sabía qué impacto iba a sentir. Fueron varios años en prisión y es muy extraño volver a estar libre, pero la felicidad de reencontrarme con mis hijos y mi familia es inmensa. Regresan las esperanzas y es como volver a la vida, recuperar mi vida normal.”
Otra de las mujeres beneficiadas es Itzel.


Apoyo y acompañamiento
Mónica Chávez Durán, titular de la SeMujeres, destacó que la Defensoría Pública cuenta con un fondo para la reparación del daño y la Secretaría de las Mujeres tiene presupuesto para el pago de las multas. Una vez realizados estos pagos, se gestionará la preliberación.

Fondo para personas con libertad anticipada
Alberto Cervantes Juárez, Director General del IDP, informó sobre la existencia de un fondo destinado a apoyar a las personas con libertad anticipada que no dispongan de los recursos necesarios para la reparación del daño, con un monto de hasta 300 mil pesos, o que no cuenten con una red de apoyo familiar.
“Esta medida representa una segunda oportunidad. Aunque al principio no se haya obtenido una sentencia absolutoria, la libertad representa un beneficio no solo para la persona liberada, sino también para sus familiares”, comentó Cervantes Juárez.
La Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México continuarán realizando visitas a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social que albergan población femenina, para identificar casos específicos de mujeres privadas de la libertad que podrían calificar en los beneficios establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.


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