1.- El propio procurador Alejandro Sánchez Gómez fijó un plazo para dar a conocer los resultados de la investigación que hace la dependencia su cargo, para dar respuesta formal a la recomendación de la CNDH por la masacre de Tlatlaya.
Está claro que no es prioridad para el gobierno agilizar esas indagatorias.
Al contrario, evadir el tema es su ruta.
Seis meses después de tan siniestros hechos, no hay culpables y todo siegue bajo investigación.
2.-La Procuraduría mexiquense va a velocidad tortuga para arribar a sus conclusiones.
Hace ya un mes se conoció el señalamiento de Derechos Humanos sobre delitos, muy graves, en que habría incurrido la PGJEM para proteger los intereses del Ejército en ese trágico episodio.
Como vamos, quizá en febrero del año 3407 haya novedades.
3.- Siguiendo las viejas fórmulas, un súper utilizado recurso elevado ya a nivel cliché, el gobernador Eruviel Ávila llamó no menos de 4 veces a cerrar filas con el presidente Peña Nieto que vive la crisis política y social más grave de los últimos 15 años al menos.
Seguro de que sus pronunciamientos son políticamente correctos, Eruviel se ubicó muy lejos de la necesidad real de EPN: gobierno fuerte y conectado con una sociedad que confíe y crea en él.
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