Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y actual senador, está en el centro de la conversación pública por acusaciones de corrupción, una solicitud de desafuero, confrontación política, la ofensiva del priista desde Estados Unidos, y lo más importante, la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche por hechos ocurridos durante su administración como gobernador, entre 2015 y 2019.
La Fiscalía presentó en julio de 2025 una nueva solicitud de declaración de procedencia, conocida popularmente como desafuero, para que Moreno pueda ser sometido a un proceso penal por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, relacionados con un probable desvío de 83.5 millones de pesos.
La solicitud de desafuero permanece en la Cámara de Diputados, la cual, de acuerdo con su presidente, Hugo Eric Flores, podría avanzar en cuanto inicie el próximo periodo ordinario de sesión. La solicitud de desafuero, permitirá quitarle la inmunidad procesal y permitir que un juez pueda conocer formalmente de las acusaciones.
¿Por qué quieren quitarle el fuero?
La Fiscalía de Campeche sostiene que existen elementos para investigar penalmente a Moreno por presuntas irregularidades cometidas cuando era gobernador. La solicitud presentada en 2025 reúne cuatro carpetas de investigación y señala un probable daño por 83 millones 508 mil pesos.
Los expedientes están relacionados con cuatro operaciones:
1. Los 27.2 millones de pesos de Seguridad Pública
Una de las investigaciones señala pagos realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, donde dos personas habrían sido utilizadas como prestanombres para facturar servicios que, según la investigación, no se habrían realizado de la manera reportada. Los pagos involucrados alcanzarían aproximadamente 27.2 millones de pesos.
2. Los 23.8 millones de Apicam
Otro expediente está relacionado con la Administradora Portuaria Integral de Campeche. La investigación señala que una empresa cuyo objeto original estaba relacionado con actividades de buceo y tours turísticos terminó prestando supuestos servicios jurídicos y fiscales. El monto observado es de aproximadamente 23.8 millones de pesos.
3. Plaza Colosio
La tercera investigación se relaciona con la construcción del mercado de artesanías Plaza Colosio, la Fiscalía señala irregularidades alrededor del predio y de la construcción, con un monto aproximado de 18.3 millones de pesos.
4. Comunicación Social
El cuarto expediente involucra pagos relacionados con una televisora, la cantidad investigada ronda los 14.2 millones de pesos.
Cabe destacar que 17 personas vinculadas con estas investigaciones ya fueron sometidas a proceso, mientras que otras dos obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con la Fiscalía.
¿Qué delitos se le podrían atribuir?
Peculado
Se trata de utilizar o distraer recursos que estaban bajo responsabilidad de un servidor público para fines distintos de aquellos para los que fueron destinados.
El Código Penal de Campeche establece que, cuando el monto del peculado supera las 500 UMA, la pena prevista es de dos a 14 años de prisión, además de multa, así que como los montos investigados en el expediente superan ampliamente ese umbral, la escala aplicable al delito de peculado sería de dos a 14 años de prisión, siempre y cuando se acredite el delito.
Uso indebido de atribuciones y facultades
La segunda acusación está relacionada con el supuesto uso irregular de las facultades que tenía como gobernador para realizar determinadas operaciones o contratos, la Fiscalía considera que algunas de las operaciones investigadas, presuntamente se realizaron de forma ilegal
Además, se le ha relacionado con investigaciones y denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otras posibles irregularidades patrimoniales, además de la carpeta que actualmente sustenta la solicitud de desafuero por los 83.5 millones.
El Código Penal de Campeche establece que existe enriquecimiento ilícito cuando un servidor público aumenta su patrimonio, adquiere bienes o se conduce como dueño de ellos y no puede justificar legalmente su procedencia.
Para los casos en que el monto supera el máximo previsto por la ley, la pena puede llegar de dos a 10 años de prisión, además de multa y el decomiso y privación de la propiedad de los bienes considerados mal habidos.
¿Cómo es el proceso de desafuero?
1. La Fiscalía presenta la solicitud
El Ministerio Público presenta ante la Cámara de Diputados la solicitud acompañada de las constancias y elementos de la investigación. (Esto ya ocurrió con el caso de Alito)
2. La solicitud llega a la Sección Instructora
La Sección Instructora revisa si el caso cumple los requisitos legales y si existen elementos que permitan continuar. La ley establece que debe analizar la posible existencia del delito y la probable responsabilidad del acusado.
3. Alito tiene derecho a defenderse
Moreno tendría oportunidad de conocer las acusaciones, presentar argumentos y ofrecer pruebas.
4. La Sección Instructora prepara un dictamen
Después de revisar las pruebas y argumentos, la Sección Instructora presenta un dictamen.
5. La Cámara se convierte en Jurado de Procedencia
El Pleno de la Cámara de Diputados discute el dictamen, para que proceda el desafuero se necesita mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión, conforme al artículo 111 constitucional.
6. Decisión final
Si la Cámara determina que sí hay lugar a proceder, Moreno pierde la protección procesal y queda separado de su cargo mientras esté sujeto al proceso penal.
Entonces la Fiscalía y los tribunales pueden continuar con el procedimiento como con cualquier otro imputado, pero si la Cámara determina que no hay lugar a proceder, el proceso penal queda suspendido mientras Moreno conserve el fuero.
¿Cuántos años puede estar desaforado?
No existe un número fijo de años, pues la Constitución establece que, si se declara que hay lugar a proceder, el servidor público queda separado de su cargo mientras esté sujeto al proceso penal. Si obtiene una sentencia absolutoria, puede reasumir su función.
Al respecto, Moreno sostiene que las acusaciones en su contra forman parte de una persecución política, el PRI ha rechazado las imputaciones y ha defendido a su dirigente.
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