Estimado lector, en esta ocasión quiero abordar un tema polémico, y que a raíz de la iniciativa presentada por el Presidente, y por ende, en muchos de los estados de la República, ha recobrado fuerza, que resulta necesario debatir, analizar; pero sobre todo, emitir o tomar una postura basada en escuchar a todas las partes involucradas, y digo “escuchar” ya que no se debe partir de la idea y la postura “yo tengo la razón”; por este motivo te pido que leas esta columna con la mente abierta.
También me gustaría dejar claro que me preocupa que no exista una capacidad de diálogo y madurez para “escuchar” de forma correcta todas las voces, y el hecho de que se ha sostenido qué solo existen dos bandos, uno –que apoya la unión entre personas del mismo sexo— y otro –que no—, cuando la realidad es otra, pues he platicado con diversos sectores, y hasta el momento no he encontrado que tal aseveración sea cierta, por el contrario todos, sin excepción alguna han dicho que no juzgan las preferencias de nadie, que si quieren unirse en una relación son libres de hacerlo; luego entonces ¿dónde está la diferencia?
Nuestro sistema jurídico tiene raíces romano-germánicas, y la palabra matrimonio proviene del latín “matri” (madre) y “monium” (calidad de), por lo tanto, esta figura jurídica surge para proteger a la madre desde el momento en que lleva en el vientre al hijo, cuando nace y cuando queda a su cuidado para la crianza. En otros países con sistemas jurídicos diversos, quizá cambiar un concepto no perjudica todo el sistema; pero en el nuestro no podemos redefinir el significado ignorando la acepción jurídica; sin embargo, a la par y encontrándonos en la era de los derechos humanos y de la doctrina humanista se debe considerar que partiendo de un plano de igualdad puro, todas las personas tenemos derechos, los cuales han sido consagrados en nuestras leyes y en diversos tratados internacionales; en pocas palabras: las parejas del mismo sexo tienen el derecho al reconocimiento del vínculo de unión que quieren formar, con derechos y obligaciones específicas; bajo la figura jurídica de uniones igualitarias, sociedades de convivencia o como se quiera llamar, pues la palabra matrimonio no puede ser aplicada por lo ya referido.
En conclusión, la única diferencia sería el concepto que deberá ser utilizado; pero lo que más nos debería de preocupar querido lector es buscar a quién, quienes o qué intereses tienen aquellas personas que se han dedicado a utilizar vocablos, frases, insultos, etc. al momento de referirse a las personas que piensan diferente, pues lo más preocupante (y que la ley no va a resolver) es la discriminación, intolerancia y la homofobia. No podemos vivir y convivir en una sociedad enfrentada, que choque constantemente, que descalifique, pues a la sociedad en su conjunto no ayuda, ya que la dignidad de todas las personas tiene el mismo valor.